La playa de El Postiguet de Alicante, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. No se aplicará ningún hipotético blindaje sobre el litoral, ni medida adicional respecto a los proyectos de mejora del tratamiento de las aguas residuales ya en marcha que pudiese llegar a conllevar la declaración de la bahía de Alicante como zona sensible. Cuando menos, así se ha evidenciado este jueves, en el transcurso del pleno ordinario de junio, en el que se ha desestimado la declaración institucional promovida por el PSOE en ese sentido.
El edil socialista Raúl Ruiz, encargado de defender la propuesta, ha considerado que "la bahía de Alicante nos está pidiendo auxilio" tras aludir a las conclusiones recogidas en el informe Banderas Negras elaborado por el colectivo Ecologistas en Acción, en las que se incluye por primera vez la bahía de Alicante como consecuencia de la emisión de vertidos sin el tratamiento debido a distintos puntos del litoral que habrían valido la consideración de la bahía en situación de vulnerabilidad. De ahí que haya emplazado al conjunto de grupos políticos a respaldar la propuesta, que también se ha elevado a través de una Proposición no de Ley en les Corts, después de que el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante, Carlos Arribas, haya desgranado el contenido del informe en lo que respecta a la ciudad de Alicante en una intervención previa ante el pleno.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha subrayado la existencia de esos vertidos sin el tratamiento adecuado cada vez que se produce un episodio de lluvias con cierta intensidad, lo que produciría el deterioro de la calidad de las aguas del litoral. Así, ha anticipado su respaldo a la propuesta para que puedan adoptarse medidas de protección ante la situación de vulnerabilidad. Por Compromís, la edil Sara Llobell, también ha avanzado su respaldo a la propuesta, tras subrayar la trascendencia del proyecto Vertido 0 con el que se prevé una inversión de más de 300 millones para mejorar el sistema de tratamiento de las depuradoras de la ciudad, entre otras acciones. Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, se ha cuestionado si cabe preocuparse por las conclusiones del informe de Ecologistas en Acción y ha advertido a Copé sobre sus manifestaciones al recordarle que es consejero de Aguas de Alicante. Por último, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado que Alicante ha vuelto a recoger este año cinco banderas azules, por lo que no cabría dudar sobre la calidad de las aguas. "La promoción que están haciendo ustedes de Alicante no puede ser peor", ha señalado como reproche a la propuesta promovida por el PSOE, a quien también ha advertido de su equiparación con Compromís y Esquerra Unida Podem, con lo que, según ha dicho, se desvanecería la posibilidad de que se pudiese alcanzar algún acuerdo con el PP.
El PP recrimina al PSOE y al conjunto de la izquierda que se traslade una imagen peyorativa sobre la calidad de las aguas de baño de la ciudad
Por último, antes del turno de votación, el alcalde, Luis Barcala, se ha referido también al proyecto de 'Vertido 0', ahora conocido como 'Alicante agua circular', para sostener que fue elaborado por técnicos municipales y de Aguas de Alicante y señalar que se presentó a la concesión de fondos europeos. A la espera de respuesta a esa solicitud, ha añadido que el proyecto está en fase de desarrollo mediante el uso de fondos propios del Ayuntamiento. Así, ha emplazado a cualquier interesado a sumarse al respaldo a ese propuesta, por lo que ha considerado que no cabría que nadie tratase de "dar lecciones" al equipo de gobierno respecto al tratamiento de las aguas y la posibilidad de su reutilización para fines agrícolas o de riego de zonas verdes. De este modo, en última instancia, la iniciativa política ha quedado desestimada con los 13 votos de los representantes del PP y los de los cuatro ediles de Vox, frente a los 8 votos a favor del PSOE, los dos de Compromís y el del único concejal de Esquerra Unida Podem.
Con carácter previo, el pleno también ha aprobado una primera declaración institucional promovida por el equipo de gobierno, del PP, por la que se acordaba instar al Gobierno de España a "respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar de los medios de comunicación". Se trata de una iniciativa en la que, según ha defendido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, se pretendería recordar la vigencia del derecho constitucional a la libertad de información, tras acusar al PSOE de tratar de restringir ese derecho frente a los medios de comunicación críticos con su gestión, hasta el punto de referirse a que, con la excusa de evitar casos de lawfare, se estaría pretendiendo evitar que se informe sobre "casos de corrupción" que, a su juicio, afectarían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sostenido que el derecho constitucional a la libertad de información se refiere a la protección de la información veraz, por lo que ha advertido de los riesgos que supone la difusión consciente de información falsa. Además, ha aprovechado su turno de palabra para demandar que se cumpla ese derecho a la información para que se facilite la documentación solicitada por la oposición. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado que la declaración no tenga ninguna vinculación con la ciudad de Alicante y ha emplazado a De España a preocuparse de sus competencias, sin defender a "pseudomedios". Además, ha emplazado a la edil de Derechos Públicos, Begoña León, a no coartar el desarrollo de la manifestación prevista con motivo de la celebración del Día del Orgullo en Alicante.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que las iniciativas promovidas por el Gobierno frente al lawfare son un intento de "triturar" las opiniones críticas. Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha aludido a decisiones relacionadas con la Comunitat, como el tratamiento informativo que se le confirió en el antiguo canal de televisión autonómica Canal 9 respecto al accidente del metro de la ciudad de València bajo el gobierno del PP. Y, por último, se ha referido al tratamiento de los atentados del 11-M conferido por José María Aznar como presidente del Gobierno. Por último, el alcalde, Luis Barcala, ha redirigido el debate al objeto de la declaración, para señalar que la iniciativa política pretendía defender el derecho constitucional frente a la posible "censura". A la postre, la propuesta ha quedado aprobada por 17 votos a favor (PP y Vox) frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
El PP ha promovido -y aprobado junto a Vox- cuatro iniciativas sobre aspectos relacionados con la política nacional, como la regulación frente al 'lawfare', la financiación autonómica, la reforma de la EBAU y la falta de médicos especialistas
También se ha debatido y aprobado una segunda declaración institucional promovida por el PP en la que se instaba "al Gobierno de España a paralizar la implementación de una nueva prueba de acceso a la universidad hasta que se logre un consenso mayoritario con las Comunidades Autónomas para garantizar una EBAU más justa y equitativa estableciendo criterios homogéneos en todo el territorio nacional". El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha vuelto a reprochar el debate de la propuesta al no contemplar ninguna referencia particular sobre la ciudad de Alicante y ha sostenido que la revisión de la EBAU se está planteando con las aportaciones de expertos.
La edil de Compromís, Sara Llobell, ha pedido "seriedad" respecto a la EBAU para incidir en que se trata de una prueba que evalúa competencias, no contenidos, y ha recriminado que se trate de eliminar la parte autonómica. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha anticipado su respaldo a la propuesta al insistir en que la EBAU debe cumplir las mismas condiciones en todo el territorio. Y el edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha considerado que las competencias sobre educación son distintas en cada autonomía por lo que no puede promoverse una EBAU única. En todo caso, ha emplazado al PP a fomentar la igualdad de oportunidades en educación desde la Generalitat. En el turno de la votación, la propuesta ha sido respaldada con 17 votos, frente al rechazo de otros 11 por parte de los tres grupos del eje progresista.
También ha prosperado la tercera de las declaraciones institucionales promovidas por el PP por la que se proponía "instar al Gobierno de España a reconsiderar la propuesta de otorgar a Cataluña un régimen de financiación similar al 'Cupo Vasco', debido al impacto negativo que tendría en la redistribución justa de la riqueza entre todas las comunidades autónomas y en la economía de las provincias más infrafinanciadas, y se adoptan otros acuerdos complementarios". El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha emplazado al conjunto de formaciones políticas a votar con criterio propio para evitar discriminaciones en la financiación territorial. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que el sistema de financiación actual es insuficiente "y debe ser cambiado" con el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. Así, ha considerado oportuno un nuevo sistema estable, no sujeto al momento político concreto y a la desigualdad entre comunidades, que no debería ser compatible con una bajada de impuestos.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los concejales del equipo de gobierno, en un momento del pleno.La edil de Compromís, Sara Llobell, ha considerado que el Gobierno ha apuntado que si se cuadra un nuevo sistema de financiación no se limitará a Catalunya, sino al conjunto de autonomías. En esta línea, ha apuntado que su formación defiende un modelo de financiación justo en el que se compense la deuda histórica de la Comunitat y que tenga en cuenta el criterio de población. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha considerado que su partido no se entra "en el mercado persa" de la financiación, en el que ha considerado que también se incluye el PP, con la renovación del cupo vasco que, según ha apuntado, se adoptó bajo el mandato de Aznar.
Y la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha cuestionado al PP si realmente tienen algún modelo de financiación para el territorio nacional o para la gestión económica de la Comunitat, tras criticar la rebaja fiscal promovida por el Consell bajo la presidencia de Carlos Mazón que, a su juicio, supone la pérdida de ingresos para financiar servicios públicos. Por ello, ha conminado a los representantes del PP a plantear una propuesta para Alicante al actual Consell. En último término, la iniciativa ha prosperado con el mismo equilibrio de votos: 17 a favor (PP y Vox) y 11 en contra (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
También ha prosperado la propuesta promovida por el PSOE por la que aspiraba a promover la elaboración de una ordenanza sobre la actividad de guías turísticos en la ciudad de Alicante con el fin de "evitar el intrusismo" y que puedan producirse problemas de afluencia en algunos puntos especialmente concurridos de la ciudad, como el Mercado Central, según ha defendido la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós. Así, ha emplazado al equipo de gobierno a anticiparse y abordar esa regulación. El representante de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha vuelto a advertir sobre la turistificación de la ciudad, por lo que se ha felicitado de la iniciativa. "El turismo masivo es un problema", ha sostenido, tras aludir a un reciente informe elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en el que, según ha recalcado, se conmina a adoptar medidas. Además, se ha cuestionado sobre la calidad de los empleos asociados al turismo.
Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha considerado positiva la iniciativa para evitar la saturación turística y el intrusismo en el sector de los guías turísticos oficiales, tras considerar que la regulación de esa actividad también debería acompañarse de otras medidas como el mantenimiento del patrimonio cultural y el establecimiento de una tasa para contribuir a sufragarlo. Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha considerado oportuna que se promueva una regulación del sector, mientras que la edil de Turismo, Ana Poquet, ha estimado justo lo contrario: que no debería interferirse con una ordenanza en la regulación de una actividad profesional. Así, en todo caso, ha emplazado al PSOE a retirar la iniciativa con el objetivo de poder consensuar una propuesta alternativa que pueda ajustarse a la necesidad de atajar los problemas asociados al desarrollo de visitas guiadas en la ciudad.
No obstante, el PSOE ha mantenido su iniciativa, sin que se haya aprobado la propuesta de enmienda que había tratado de introducir Esquerra Unida Podem, ante la negativa a su admisión por parte del PP. En cualquier caso, en último término, la iniciativa ha quedado aprobada por 15 votos a favor frente a 13 en contra, gracias a la suma de los votos de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem frente a los representantes del PP.
PP y Vox coinciden en todas las votaciones salvo en dos propuestas concretas: la elaboración de la ordenanza reguladora sobre los guías turísticos y la adopción de medidas para mejorar las condiciones del barrio de Urbanova
De igual modo, ha quedado aprobada -y en este caso, por unanimidad- la iniciativa promovida por el PSOE por la que se demandaba la elaboración de un Plan de Accesibilidad Universal en actos festivos y lúdicos municipales, a pesar de que el conjunto de formaciones políticas ha reconocido que ya se estaba dando pasos en esa dirección. Sin embargo, no ha tenido ese mismo resultado la última de las iniciativas registradas por el PSOE por la que se conminaba a "aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible del Ayuntamiento de Alicante, destinando el importe disponible proveniente del patrimonio municipal del suelo" con el fin de contribuir a amortiguar el incremento de precio de la vivienda y favorecer la emancipación de los jóvenes, según ha defendido la edil socialista Silvia Castell, quien ha reprochado que el PP haya incumplido sus propios compromisos alcanzados durante el pasado mandato y no se haya promovido la construcción de ninguna vivienda de protección pública de iniciativa municipal.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha compartido el diagnóstico ofrecido por Castell y ha anticipado su voto a favor tras aludir al efecto que estaría teniendo la proliferación de pisos turísticos sobre los precios del mercado inmobiliario. En parecidos términos se ha pronunciado su homólogo de Compromís, Rafa Mas, quien ha conminado al equipo de gobierno a adoptar medidas para intervenir en el mercado inmobiliario, como suspender licencias para pisos turísticos. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha vuelto a recriminar que el Consell del Botànic no hubiese promovido ni una sola vivienda pública en Alicante y ha aludido a los incumplimientos por parte del Gobierno Central. Y el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha compartido la necesidad de vivienda en la ciudad, aunque también ha aludido a las promesas de 100.000 viviendas anunciadas por el Gobierno Central que no se habrían materializado. En todo caso, ha sostenido que ya se está trabajando en coordinación con la Generalitat en el marco del Plan Vive con el que se aspira a promover la construcción de 500 viviendas de protección pública, en una primera fase. En esta línea, ha señalado que se está tramitando la cesión de parcelas municipales con ese fin. Así, la propuesta ha quedado rechazada por 17 votos frente a 13.
La única declaración institucional promovida por Vox no ha prosperado. Se trataba de una propuesta por la que se instaba al equipo de gobierno a promover una batería de medidas para solventar problemas y carencias detectadas por los vecinos en el barrio de Urbanova, como la existencia del aparcamiento irregular de caravanas o las deficiencias en cuanto a las frecuencias ofertadas por el sistema de transporte público urbano, entre otras enumeradas por el edil Óscar Castillo al defender la iniciativa.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su abstención, tras apuntar que la propuesta se había limitado a recoger las inquietudes de los vecinos, sin dar un paso más allá. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado, precisamente, que no se hayan recogido otros problemas que, en su opinión, también presenta Urbanova como la falta de conexión con Arenales o la ausencia de una conexión peatonal con el casco urbano de la ciudad, después de que se abandonase el proyecto de construcción de la ciclovía promovido durante el pasado mandato. Además, ha considerado que la propuesta de Vox era solo un intento de redimirse, después de haber respaldado cuatro presupuestos municipales del PP.
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz también ha abundado en esas carencias no consideradas en la iniciativa de Vox, y aunque ha compartido la necesidad de paliar esa situación, ha considerado que sería "un despropósito" secundar la propuesta. Por el equipo de gobierno, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido que se sigue trabajando en la búsqueda de una ubicación para el aparcamiento de caravanas junto a la Universidad de Alicante y que también se está estudiando nuevas mejoras en las frecuencias del transporte urbano en la Mesa del Transporte, además de la posibilidad de combinar frecuencias con las del transporte interurbano. En el turno de votación, la iniciativa solo ha sumado los cuatro votos a favor de Vox, frente a los 23 del resto de los concejales.
La primera de las propuestas promovidas por Compromís tampoco ha salido adelante. Se trataba de una declaración institucional con la que se solicitaba "aumentar las ayudas al sector del taxi para incrementar el número de vehículos de servicio adaptado a personas con discapacidad e instar al Consell de la Generalitat Valenciana a mejorar el servicio de transporte de taxi desde el aeropuerto a los diferentes municipios de la provincia". La edil Sara Llobell ha considerado que, a la espera de que se pueda disponer de la conexión por ferrocarril con el aeropuerto, existen otras medidas que se pueden adoptar para incentivar el uso del taxi y aumentar su presencia en el aeródromo en sustitución del vehículo particular, al margen de promover su adaptación para personas con necesidades especiales. Con ello, ha considerado, se evitaría que se ofreciese la imagen de las colas de pasajeros sin posibilidad de poder coger un taxi.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha secundado la propuesta tras advertir sobre el precio que supone la adaptación de un taxi a las necesidades de personas que presentan dificultades de movilidad, al margen de compartir la necesidad de soluciones para que pueda atenderse la demanda del servicio por parte de los pasajeros. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha considerado necesario también el incremento de ayudas para la adaptación de los taxis, pero ha recriminado que Compromís plantee ahora un incremento del servicio en el aeropuerto cuando sus representantes en el Congreso han votado en contra de su ampliación en el Congreso. Por el PSOE, el edil Emilio Ruiz, ha compartido las dos reivindicaciones planteadas en la declaración y ha instado al equipo de gobierno a promover la ampliación del número de licencias de taxis, además de buscar soluciones coordinadas con el Ayuntamiento de Elche, en lugar de organizar encuentros "para hacerse fotos". Por el PP, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha apuntado que las competencias sobre el sector del taxi son autonómicas "y en ocho años del Botànic fueron incapaces de solventar" sus problemas. En todo caso, ha señalado que con la Generalitat, ya se está trabajando en solucionar "el problema tarifario", más allá de la adaptación de los vehículos. Además, ha sostenido que ya se ha solicitado la ampliación del número de licencias, tanto de taxis adaptados como sin adaptar.
Y respecto a la carencia del servicio, ha sostenido que se respalda al Ayuntamiento de Elche en la búsqueda de soluciones, al margen de que se siga reivindicando la conexión ferroviaria. A la postre, la votación se ha saldado con el mismo resultado que la mayoría de iniciativas debatidas en la sesión a iniciativa de los grupos de la oposición: 17 votos en contra frente a 11 a favor.
Justo el mismo balance registrado por la segunda de las propuestas de Compromís (17 noes, frente a 11 síes), por la que se planteaba instar al Consell a "reforzar personal, camas hospitalarias y puntos de atención en época estival, a acelerar el plan de infraestructuras sanitarias, que contempla la construcción de los centros de salud del La Torreta, Garbinet y La Condomina, y a planificar un centro de salud en el barrio de San Gabriel". El portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha reprochado que se sigue apostando por un modelo de turismo masivo mientras se produce el cierre de camas durante los meses de verano: más de 200 en cada centro hospitalario, según ha señalado. Además, ha anticipado que se ha elevado una iniciativa en les Corts para que la conselleria precise cuál es el estado de tramitación de los centros de salud pendientes de construcción.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha expresado su apoyo a la propuesta, mientras que el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, se ha cuestionado sobre cuál era la opinión de los sindicatos respecto a la política desplegada por la actual portavoz del PSOE, Ana Barceló, durante su etapa como consellera de Sanidad. Además, ha afeado a Mas que se incluyese en la declaración el retraso en la construcción de los centros de salud cuando no los construyó el Consell del Botànic. Y, por último, ha considerado que se debería abordar la revisión de las retribuciones del personal sanitario al señalar que la marcha de profesionales al extranjero podría ser una de las causas que provoque el cierre de camas en verano.
Por el PSOE, la edil Trini Amorós, ha señalado que el problema que ha propiciado el cierre de camas ha sido el retraso en la planificación del plan de vacaciones, que debería haber estado listo en abril. Además, ha apuntado que el Consell del Botànic dejó preparada la ejecución de los tres centros de salud pendientes hasta el punto de haber adjudicado la construcción del centro previsto en Garbinet, aunque sus obras no han llegado a iniciarse. Por último, por el PP, la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha anticipado su rechazo a la iniciativa y ha recriminado a Compromís su "hipocresia" al sostener que "se van a cerrar las mismas camas" que se cerraban durante la pasada legislatura. Respecto a los nuevos centros de salud, ha sostenido que su construcción requiere del cumplimiento de plazos administrativos prolongados, aunque ha añadido que la conselleria cuenta con el respaldo del equipo de gobierno para facilitar todos los trámites.
La declaración institucional promovida por Esquerra Unida Podem para que se incrementen "las zonas de sombra en los espacios públicos de la ciudad y crear refugios climáticos" tampoco ha prosperado. El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha justificado la necesidad de la creación de esos espacios ante las altas temperaturas que se registran en verano en distintas zonas como los parques o las zonas de juego infantiles, por ejemplo. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha estimado imprescindible adaptar la ciudad al cambio climático "utilizando bien los fondos europeos" sin que se acometan "talas", ha sostenido. Y ha emplazado a habilitar oficinas de información para que se explique a los ciudadanos que también existen ayudas europeas para la adaptación de viviendas.
La izquierda y el centro-derecha vuelven a enfrentarse con reproches recíprocos sobre la falta de proyectos de promoción de vivienda pública
El edil de Vox, Juan Utrera, ha rechazado la iniciativa tras incidir en sus referencias al cambio climático y sostener que ya se están adoptando medidas para combatir los efectos del calor como la instalación de fuentes públicas. Por el PSOE, Raúl Ruiz también ha criticado las talas acometidas en distintos puntos de la ciudad. Y la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha sostenido que Esquerra Unida Podem ya es consciente de que se van a instalar nuevas zonas de sombra en puntos como el parque de San Blas y que también está en estudio la instalación de sistemas de sombra en el Centro. Además, ha añadido que se han plantado 2.600 árboles nuevos y que se han iniciado experiencias piloto para poner en marcha jardines verticales en edificios municipales. Al final, la iniciativa también ha quedado desestimada.
Por último, se ha debatido y aprobado una declaración institucional de urgencia presentada por el PP por la que se reclamaba al Gobierno la adopción de medidas para que se palíe la falta de médicos especialistas como los médicos de familia. La edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha apuntado que "la falta de médicos este verano es de la ministra de Sanidad, Mónica García". En las intervenciones, se han reproducido argumentos similares a los registrados en el debate previo sobre el cierre de camas durante los meses vacacionales. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha responsabilizado de la situación al PP "por haber promovido la privatización de la sanidad" y ha emplazado al jefe del Consell, Carlos Mazón, a adoptar soluciones en el ejercicio de sus competencias sobre la gestión de la sanidad. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha defendido la inversión del Gobierno Central y ha emplazado al PP a gestionar.
Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha incidido en la cuestión retributiva de los profesionales sanitarios, además del problema generado en el retraso en la formación de los estudiantes MIR que ha impedido su incorporación a los puestos vacantes. Y por el PSOE, la portavoz, Ana Barceló, ha recordado que "ustedes eran los que decían que iban a resolver el problema de la sanidad" y ha añadido que "ni lo han hecho ni lo harán" porque "cuando gobiernan apuestan por los copagos" en lugar de desplegar políticas como el refuerzo de la atención primaria que se llevó a cabo con el PSOE, según ha dicho. "Cuando llegamos al gobierno, los recursos humanos estaban hechos polvo", ha señalado, para sostener que "nosotros creamos 6.000 nuevas plazas", ha asegurado. El resultado de la votación ha sido el más repetido a lo largo de la sesión: 17 votos a favor (PP y Vox) frente a 11 en contra (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
A lo largo de la sesión, también se ha debatido sobre otros asuntos, como la creación de una comisión específica para analizar la adopción de medidas que mejoren los servicios y la conservación de la isla de Tabarca, entre otros puntos.
