Los miembros de la comisión de investigación, en su última reunión. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Una atípica pinza formada por PP, Ciudadanos (Cs) y Guanyar ha conseguido desactivar la sesión de la comisión de investigación del llamado caso Comercio prevista para este viernes. Cerca de veinte minutos antes de que la hora prevista para el inicio de la reunión (9:00 horas), el presidente del órgano, Carlos Giménez (PSOE), ha comunicado al resto de miembros el aplazamiento sine die de la convocatoria, a la vista de que la mayoría de los grupos políticos representados iban a solicitar su suspensión. De hecho, PP y Cs ya lo habían planteado por escrito un día después de que se señalara su celebración. Y Guanyar iba a transmitir una petición en ese mismo sentido cuando la sesión diese inicio en lo que, de facto, constituía un efecto más del enfrentamiento instalado en el seno del equipo de Gobierno, con las exigencias de dimisión del alcalde planteadas por Guanyar y Compromís.
La desconvocatoria de la comisión se produce después de que el propio Giménez hubiese ratificado su desarrollo, precisamente en respuesta a los requerimientos formulados por PP y Cs para evitar que se solapase con las ocho declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 9 relacionadas con los mismos hechos que han comenzado a practicarse desde las 9:00 horas de la mañana de este viernes. Como viene informando este diario, están citados en calidad de testigos dos letrados de los servicios jurídicos municipales (el jefe del departamento, Manuel Cordón, y un abogado asesor, Pablo Núñez de Cela); el edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís); el interventor municipal, Francisco Guardiola, y el exjefe técnico del área de Comercio, Diego Agulló (apartado de ese departamento tras la incorporación de la edil Gloria Vara como titular de la concejalía).
Junto a ellos, deben comparecer pero en calidad de invetigados (la antigua figura de la imputación), el alcalde y exconcejal de Comercio, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus cargos de confianza: el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea.
En las diligencias, abiertas a instancias de las denuncias presentadas por el PP (primero en Fiscalía y después, directamente en el juzgado) y por Cs, se investiga si el primer edil pudo incurrir en un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento de 25 contratos de la Concejalía de Comercio, concedidos de manera directa como contratos menores (por un importe inferior a los 18.000 euros) pero por una suma global de 189.000 euros.
Respecto a la sesión de la comisión, como también ha informado este diario, PP, Cs y Guanyar habían expresado su oposición a que se hiciese coincidir la cita con esas declaraciones para que no se solapasen los avances para esclarecer los hechos en ambas vías y para poder conocer cómo evolucionaba las pesquisas en sede judicial antes de que se intentase poner en común las conclusiones de la comisión de investigación. A juicio de las tres fuerzas políticas, esas diligencias podían influir en el dictamen que se pudiese elevar a pleno para su aprobación. PSOE y Compromís, por su parte, venían coincidiendo hasta ahora en que la comisión ya carece de objeto desde el momento en el que la investigación sobre los contratos ha quedado en manos de la justicia.
Los dos grupos de la oposición municipal, PP y Cs, ya han valorado la decisión de la desconvocatoria. La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, ha considerado que la anulación en "el último minuto" es "una falta de respeto y un esperpento en toda regla, y máxime cuando hace dos días solicitamos que se aplazara para no hacerla coincidir con las declaraciones judiciales del alcalde y dos de sus asesores, así como la de Natxo Bellido que ha sido citado como testigo". "Este tipo de improvisaciones demuestran el nulo interés del PSOE por llevar a buen término los trabajos de la comisión y denotan también estratagemas de pandereta". "Podían haber previsto antes lo de Natxo Bellido, ya que hace más de una semana se sabía que tenía que comparecer este viernes como testigo, y, en cualquier caso, el portavoz de Compromís tiene una suplente de su grupo municipal en la comisión por lo que la justificación para suspender la sesión donde se iban a debatir las conclusiones cae por su propio peso".
En este contexto, el grupo municipal de Ciudadanos ha mostrado su profunda preocupación por la parálisis municipal y la continua improvisación propia de este tripartito. "Las divergencias en asuntos esenciales como la Volvo, el modelo de gestión de la contrata de la limpieza, los horarios comerciales, los barracones escolares o la prórroga de la plaza de toros, confirman la incapacidad del tripartito para gobernar con un mínimo de orden y concierto", ha añadido Giraldo.
La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha afirmado que el PSOE "no ha tenido más remedio que aplazar la comisión de investigación sobre el fraccionamiento de los contratos de Comercio programada para este viernes después de que Guanyar se haya sumado a la petición de los partidos de la oposición de aplazar la celebración de una nueva sesión de la comisión de investigación". "Era totalmente inconveniente la decisión del alcalde Gabriel Echávarri de hacer coincidir esta sesión con su declaración ante el juez, precisamente sobre la grave cuestión por la que se le investiga", ha afirmado.
De España ha criticado que los socialistas hayan esperado casi "hasta el último minuto" para desconvocar esta comisión. "Está claro que no querían, pero no han tenido más remedio que hacerlo", ha concluido.
