Vista de la plaza de La Alcoraya en la que se ejecutaron las tres contrataciones investigadas por el juzgado. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Misma posición con mismo argumento. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), vuelve a descartar el ofrecimiento de acciones para ser parte en la causa como parte perjudicada en el conocido como caso contratos de La Alcoraya, sobre la concatenación de tres obras municipales diferentes en la misma plaza de dicha partida rural, en respuesta a la reiteración de ese trámite por parte del Juzgado de Instrucción Número 9.
Como informó este diario, en el auto en el que rechazaba los recursos de reforma presentados por las defensas frente al auto de procesamiento, dicho juzgado emplazó al Ayuntamiento de Alicante a remitir un nuevo escrito para fijar su posición, después de que la Fiscalía Anticorrupción observase que el primer desestimiento había sido formulado por el jefe de los Servicios Jurídicos Municipales, Rafael Ramos, cuando había sido ese mismo letrado quien había asumido inicialmente la defensa de uno de los encausados: el exconcejal de Infraestructuras José Ramón González.
La jueza que asumió la instrucción de la causa -la misma que acordó el procesamiento del exalcalde socialista Gabriel Echávarri por el llamado caso Comercio- asumió esa observación de la Fiscalía como una posible causa de conflicto de intereses, de modo que volvió a dirigirse al Ayuntamiento para que se pronunciase de nuevo sobre la posibilidad de personarse en el procedimiento a través de un representante legal distinto.
Y ese es el trámite que se cumplimentó el pasado 11 de octubre con la confirmación del desestimiento, esta vez firmado por otro letrado adscrito a los Servicios Jurídicos Municipales. En todo caso, ese segundo escrito reitera la misma justificación para declinar la posibilidad de personación al apuntar que de la denuncia presentada por el PSOE con la que se dio inicio al procedimiento no se desprende que en las contrataciones puestas en entredicho pudiese haberse producido "algún tipo de perjuicio de índole económico" para el interés público.
Así, en la nueva respuesta municipal se apunta que "para tener constancia de la condición de perjudicado" se requeriría que existiese "algún informe o dictamen emitido por técnico municipal competente, con la debida cualificación profesional" o bien que de la denuncia formulada "se desprendiera algún perjuicio económico concreto al tratarse de un asunto relativo a la ejecución de obras e instalaciones en la que se cuestiona únicamente si ha habido o no fraccionamiento contractual, sin que conste si concurre o no algún tipo de perjuicio de índole económico". En todo caso, en ese escrito se deja la puerta abierta a que el Ayuntamiento pudiese acogerse a una futura personación en el futuro, en el supuesto de que "el órgano municipal competente" considerase oportuno hacerlo en las fases posteriores del procedimiento.
De este modo, la causa prosigue su tramitación ordinaria a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos de apelación presentados por el conjunto de las defensas frente al auto de procesamiento, en el que la jueza instructora apreció indicios de un posible delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos. En ese auto, que da paso a la apertura de juicio oral, se atribuye la participación en ese posible delito a los exconcejales de Partidas Rurales e Infraestructuras, Manuel Jiménez y José Ramón González, así como a los dos técnicos municipales que ejercen como jefes de servicio de las dos concejalías.
