El escenario de la Plaza Manuel Giménez Pastor de la partida de La Alcoraya de Alicante, sobre la que se realizaron distintas reformas. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Audiencia Provincial tendrá la última palabra sobre el procesamiento de los exconcejales del PP de Alicante, Manuel Jiménez y José Ramón González, respecto a las supuestas anomalías investigadas en el llamado caso contratos respecto a tres actuaciones distintas desarrolladas en la misma plaza de la partida rural de La Alcoraya: la instalación de un circuito de aparatos biosaludables, la reparación de un escenario y la sustitución de una pérgola. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 que asumió la causa tras la denuncia presentada por el PSOE acaba de ratificar el auto de procesamiento dictado el pasado 4 de septiembre al insistir en que concurren los indicios delictivos suficientes de un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos como para que puedan evaluarse en juicio.
En un auto fechado el 4 de octubre, la instructora desestima los recursos de reforma presentados por los letrados de tres de los investigados: el exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González; el jefe de servicio de ese mismo departamento y su homólogo del área de Partidas Rurales. Como informó este diario, la representación legal de Jiménez, por su parte, había optado por obviar ese primer posible recurso de reforma para interponer, de forma directa, el recurso de apelación, con el propósito de que fuese la Audiencia quien evaluase si existía motivación para llegar a juicio.
Ahora, la jueza no llega a entrar en detalles sobre el fondo de las argumentaciones planteadas en esos recursos y se limita a confirmar la vigencia "en su integridad" del auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, a la vista de las pruebas practicadas en la fase de instrucción, para que puedan valorarse en su justa medida en el momento del juicio. De este modo, rechaza que el auto de procesamiento de septiembre adoleciese de falta de motivación como apuntaban las defensas de los cuatro procesados, al exponer que "no pueden invocar los recurrentes en este momento procesal que no existan indicios suficientes en su contra" ofreciendo "una valoración del resultado de las diligencias instructoras desplegadas" hasta ahora más propia del juicio.
Todo, además, para reseñar que esa valoración planteada por los recurrentes sería "interesada desde su legítimo ejercicio del derecho de defensa". Por ello, concluye que "en la resolución recurrida se ha reflejado el resultado de las diligencias practicadas que amparan que la causa deba continuar".
Esa decisión aboca, ahora, a los cuatro procesados a esperar a la resolución de la Audiencia respecto al recurso de apelación ya planteado por la representación legal de Jiménez, a los que se sumarán los que se presume que presentarán también la defensa de González y del jefe del área de Infraestructuras. El del jefe de Partidas Rurales ya se da por presentado, en la medida en que planteó recurso de reforma y subsidiario de apelación.
Al tiempo, la instructora ha dictado una providencia paralela en la que vuelve a requerir al Ayuntamiento de Alicante para que se pronuncie sobre la posibilidad de personarse en el proceso como administración presuntamente afectada por los hechos investigados, después de que la Asesoría Jurídica Municipal ya hubiese desestimado esa posibilidad con el argumento de que en las contrataciones bajo sospecha no se había producido ningún perjuicio para el interés público.
Ese segundo requerimiento se produce ahora después de que la Fiscalía hubiese alegado que el letrado de la Asesoría Jurídica Municipal que elaboró y firmó la respuesta al primer requerimiento había actuado, inicialmente, como abogado defensor del exconcejal González, lo que podría comprometer o restar legitimidad a la respuesta formulada por la posible existencia de intereses cruzados. De este modo, la jueza requiere de nuevo al Ayuntamiento para que remita una nueva respuesta a través de un representante legal distinto, sustituto del primer letrado, "responsabilizándose éste del contenido de dicho escrito, que debe incluir las razones que avalan a postura del Ayuntamiento, siendo los hechos indiciariamente relativos a la falta de licitación pública en la contratación".
