La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: F.F. GUILLÉN/EFE'Deuda histórica' es un concepto inventado durante la transición por Andalucía y Extremadura para exigir una aportación adicional del Estado a sus recién nacidas comunidades autónomas para compensar el atraso en dotaciones e infraestructuras con el que se estrenaban en el Estado de las Autonomías. Tuvieron el acierto de incluirlo en sus respectivos estatutos y, aún así, tardaron casi veinte años en ver reconocida esa reivindicación y cobrarla. Fue Zapatero quien firmó esos pagos en 2009, coincidiendo con la aprobación del actual modelo de financiación autonómica que apenas corregía, excepto para Cataluña, el deficiente modelo de 2002.
Esos dos modelos que venimos padeciendo desde 2002 han ido generando la idea de una 'deuda histórica' del Estado con los valencianos que va creciendo año tras año debido a la infrafinanciación sistemática. Esa 'deuda histórica' es la suma de los préstamos que la Generalitat ha tenido que pedir para poder pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales porque la financiación del Estado, que por ley debe cubrir esos gastos, no llega a cubrirlos. Al principio se pedían a los bancos o emitiendo deuda, pero a partir de la crisis iniciada en 2008 los mercados se cerraron para la Generalitat y es el Estado el acreedor, dándose la paradoja de que el Estado nos presta lo que nos debería dar. Y nos cobra intereses.
La Generalitat prevé destinar este año 442 millones de euros a intereses financieros. No toda la deuda deriva de la infrafinanciación, buena parte proviene de inversiones en infraestructuras, de despilfarro e, incluso, de la corrupción. Es la deuda no histórica, que nos toca devolver a los valencianos. La otra, la provocada por la falta de recursos, en torno a 20.000 millones de euros según algunos estudios, es la que se pide que sea condonada por el Estado.
La reivindicación ha estado sobre la mesa desde 2013 y siempre recibió el 'no' por respuesta. La rechazó de plano Cristóbal Montoro cuando era ministro, la rechazó la AiREF, Fedea y también la Comisión de Expertos en 2017, con el voto particular del experto valenciano, Paco Pérez. El argumento era el "riesgo moral" por la posible percepción de que es un premio a las CCAA que no han hecho un esfuerzo por contener sus gastos y su déficit. Los más ignorantes en la materia, es decir, los tertulianos, zanjaban el asunto mezclándolo con la corrupción y negándose a que el Estado pagase los excesos y el despilfarro de los valencianos.
Ha habido que hacer mucha pedagogía por parte de las autoridades, los partidos políticos, los medios de comunicación, los agentes sociales y la sociedad civil valenciana para que España entendiera lo que era la infrafinanciación. Tanto, que el no menos importante asunto de la 'deuda histórica' derivada de esa infrafinanciación había quedado orillado en algunos discursos reivindicativos, como si estuviésemos dispuestos a firmar la solución del problema a cambio de renunciar a quitarnos el lastre.
La reunión de Ximo Puig y Juanma Moreno en Sevilla el pasado martes, que tanto dio que hablar, acabó con un manifiesto conjunto del que se eliminó a última hora una referencia a la compensación de la 'deuda histórica'. Si Andalucía no está en eso es probable que el PP tampoco lo esté, lo que puede suponer un problema para Carlos Mazón ahora que el Gobierno ha abierto esa puerta, para sorpresa de todos.
La sorpresa saltó al día siguiente de la cumbre valenciano-andaluza, cuando la ministra de Hacienda respondió al diputado Joan Baldoví en el Congreso lo siguiente: "Comparto con usted que esa insuficiente financiación ha generado al menos una parte muy importante de la deuda de la Comunitat y cuando abordemos el modelo de financiación autonómica tenemos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda. Habrá territorios que digan que la deuda es por ineficiencia, pero obviemos el ruido y centrémonos en lo importante: es obvio que en la Comunitat Valenciana o Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda. Probablemente no toda, pero una gran parte sin duda es achacable a la infrafinanciación”.
Es difícil saber si María Jesús Montero se ha caído del caballo, trata de desactivar la manifestación que se está organizando o realmente ha descubierto que lo que los valencianos llevamos años reivindicando no es una queja autonómica como otra cualquiera, como cree Nadia Calviño. En cualquier caso, hay que tomarle la palabra porque el mejor aliado para esta negociación no es Andalucía ni Murcia ni, mucho menos, Cataluña; es el Gobierno central.
Por cierto, Montero comparecía a petición de Compromís para explicar por qué dijo a los miembros de la plataforma Per un Finançament Just que no iba a cumplir su palabra de presentar una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de fin de 2021 y, también sorprendentemente, lo que dijo sobre este punto es que no se reconocía en esas palabras que todos los asistentes a aquella reunión le atribuyeron.
Incapaz de pronunciar bien la palabra, la ministra hizo un brillante análisis del problema de la "finansiación" y de las diferentes soluciones propuestas por las CCAA, con los tres grupos que más o menos se han conformado. Tres grupos que han venido a denominarse la España infrafinanciada –Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía–, la España rica –Madrid, Cataluña y Baleares– y la España vacía –el resto, excepto País Vasco, Navarra y Canarias–, cada uno con una solución diferente.
Montero avanzó que su propuesta no gustará del todo a ninguna, como es lógico en una negociación de este tipo, pero reiteró algo importante para los intereses valencianos, y es que la base del reparto será el de 'población ajustada', como siempre hemos pedido.
La de arena es que no habrá fondo de nivelación, como había reclamado la Comunitat Valenciana y recordó Baldoví, porque, según explicó Montero, lo planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero Madrid se opuso. ¿Desde cuándo la oposición de una sola comunidad evita un acuerdo de este organismo?
El CPFF le viene muy a mano a la ministra para buscar excusas. No pidió el consenso –ni mucho menos la unanimidad– del CPFF cuando aprobó el otro día perdonar 3.900 millones que las CCAA tenían que devolver al Estado por el dinero de más que les entregó a cuenta hace dos años. Una medida que, como explicó aquí Xavi Moret en su día, no beneficia a la Comunitat Valenciana porque es la única, junto a Baleares y Canarias, que no recibió dinero de más, para variar.
Tampoco se pidió opinión al resto de CCAA para, al margen del modelo de financiación autonómica, regalarle a Baleares 183 millones para compensarle "por el factor de insularidad", variable que ya pondera en el cálculo de la población ajustada, lo que significa que se está compensando a Baleares dos veces por ser un archipiélago.
Hay que aliarse con Montero porque con ella nada es imposible. Ya lo dijo en su comparecencia en el Congreso: "Hay diferencias aparentemente insalvables que ya les digo yo que son salvables". Como la de la 'deuda histórica'.
