CALLOSA D'EN SARRIÀ. La concejal de Compromís en Callosa d'en Sarrià, Maria Bou, ha presentado al pleno municipal su renuncia como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Servicios Sociales Marina Baixa. El Consistorio tendrá que nombrar a un nuevo regidor que sustituya a Bou, quien accedió al cargo hace un año tras las elecciones municipales de 2023. El motivo esgrimido en el escrito presentado a la sesión celebrada este jueves se fundamenta principalmente en desavenencias con gran parte del resto de municipios que la conforman.
La Mancomunidad está formada por las localidades de Callosa d’en Sarrià, Polop, Bolulla, Tàrbena, El Castell de Guadalest, Beniardà, Benimantell, Benifato y Confrides. Todos ellos hacen unas aportaciones económicas que se redistribuyen en diferentes servicios sociales de atención a estas poblaciones, como puede ser a la dependencia, ayuda a domicilio o aspectos relacionados con la juventud y la infancia. De igual forma, gestiona el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de los municipios, salvo de los dos primeros.
Hace un año la representación de Callosa recayó en manos de la edil de Compromís, Maria Bou, una decisión que depende del alcalde, del PP, Andrés Molina, quien gobierna en la localidad en minoría.
Según relata la concejal en su escrito, Compromís aceptó el cargo porque "daba visibilidad" al grupo municipal y "el principal de todos los motivos" era que "no llevaba aparejada retribución económica o en el caso de que sí, era meramente simbólica", refiriéndose así al resto de entidades supramunicipales en las que también están representando al Ayuntamiento.
Sin embargo, explican que el detonante está en una propuesta presentada por el municipio de Bolulla para el pleno de septiembre en el que "tanto el cargo de presidencia como las asistencias a los plenos se han subido de manera vergonzosa y desorbitada (cerca de un 500% solo en asistencias a lo que hay que sumar las retribuciones de Presidencia, incrementando el coste en alrededor de los 30.000 euros)". Hasta tal punto que su propia presidenta asegura que habrá ayuntamientos donde su representante cobrará más por asistencia que lo que el municipio aporta a la Mancomunidad para el mantenimiento de todos los profesionales y servicios que presta. Además, critica que según ella no se haya especificado cómo se tienen que pagar esas asistencias ni la dedicación de la presidencia.
"En el actual reparto de gastos, por número de habitantes, el municipio de Callosa d'en Sarrià volverá a ser el 'pagafantas' de los caprichosos de los pueblos pequeños que nada tienen que ver con el principio de solidaridad que inspiró a la Mancomunidad", menciona el escrito.
Siguiendo con los argumentos aportados por Bou, también explica que son varias las propuestas aportadas por Callosa que no se han aprobado por el pleno, lo que para la edil provoca un "grave agravio comparativo". Así, menciona la petición de que el Centro de Servicios Sociales de Callosa cedido desde 2022 se registrara como tal y se destinara solo para esos usos con el fin de conseguir subvenciones para su mantenimiento y equipamiento además de habilitar una partida para gastos de mantenimiento y reparación del edificio.
También esgrimen una propuesta votada en contra por la que Callosa pedía que se firmara un compromiso y un calendario de los municipios que usan el servicio de recogida de residuos puesto que se preveía un incremento del contrato. "Si la intención de estos pueblos es utilizar el remanente de tesorería y pagar cuando puedan o quieran, aseguramos que es inviable la prestación de servicios sociales, así como el pago de nóminas y Seguridad Social de los trabajadores. Callosa d'en Sarrià volvería a ser el 'pagafantas' de un servicio que no utiliza", afirma.
También hace mención al voto en contra de cubrir una plaza vacante de psicólogo en el equipo específico de intervención en infancia y adolescencia, del que hacen uso 23 familias de Callosa y otras 18 del resto de municipios. Y en materia laboral, también ponen el foco en la incertidumbre con el Contrato-Programa 2021-2024 que termina en diciembre y está "sin perspectivas" de cómo continuar. De finalizar, recortaría el personal de la Mancomunidad de 24 personas a 10 para atender a todas las poblaciones.
Por último, en su escrito, Bou quiso aclarar que no está en contra del principio de solidaridad pero defienden "que tiene que ser tanto del grande para el pequeño, como del pequeño para el grande. Ser un pueblo pequeño no te da derecho a que el grande pague servicios no consensuados, ni a perjudicar económicamente y asistencialmente a un pueblo grande, nada más que por tener mayoría en un pleno". Con todo, agradeció al representante de Tàrbena al que atribuye "ser uno de los pocos que sí aplica el principio de solidaridad, ahorro y buenas prácticas" y al de Guadalest por su "talante conciliador".