La sección cuarta de la sala del contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se había convertido en el gran muro contra las medidas legales del Gobierno del Botànic en materia lingüística y educativa. En primer lugar, anuló en mayo de 2017 el primigenio decreto por el que se implementaba la educación plurilingüe, con porcentajes de cada lengua oficial y el inglés, en función de los pronunciamientos de padres, profesores y alumnos, y teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico. Más tarde, en julio de 2018, la misma sección cuarta, anuló 11 artículos del decreto sobre el uso del valenciano en la Generalitat. Ambas sentencias fueron recurridas ante el Supremo por el Gobierno valenciano, pero en el caso del decreto del plurilingüismo optó por convertir ese texto en una ley aprobada por las Cortes Valencianas, que sólo secundaron los tres partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- con ciertos retoques.
Entre tanto, hubo manifestaciones contra el primer decreto en la principales ciudades de la Comunitat, con desigual seguimiento, y contra la ley aprobada por el Parlamento autonómico. El Botànic apenas se plegó a las quejas y mantuvo en la ley un aspecto muy parecido al del decreto. Todos los centros de la Comunitat Valenciana debían impartir clases en las dos lenguas oficiales -valenciano y castellano- y en inglés. Y debía ser el centro quien elaborase un proyecto lingüístico, en función de su realidad lingüística, y que el consejo escolar lo validase, aunque su decisión no era vinculante, más bien consultiva. Y en todo caso, la última palabra siempre la tenía la conselleria.
Y así se comenzó el curso 2018-19, con el despliegue del Plurilingüismo en Infantil y en Primaria; en Secundaria y FP se comenzó este curso después de que la pandemia pospusiese su aplicación un curso. Desde entonces, además del rechazo de PP, Ciudadanos y Vox, se han producido múltiples recursos ante el TSJ contra los proyectos lingüísticos de cada centro, especialmente, en la comarca de la Vega Baja, que no fueron contestados por la propia Conselleria de Educación y que finalmente, el tribunal valenciano ha revisado y ha sentenciado. El jueves de esta semana se hicieron públicos los fallos de cinco de ellos, con resultado dispar, pero con una doctrina unánime. La misma sección cuarta que tumbó el decreto inicial y anuló parcialmente el ordenamiento del uso de las lenguas de la Generalitat ha considerado que debe haber un equilibrio entre el valenciano y el castellano. El resultado de los fallos es dispar, pero guarda un mismo criterio: allí donde se denunció discriminación del castellano, ha mantenido los porcentajes del valenciano que diseñó el centro en cuestión; allí donde se denunció la preponderancia del valenciano, ha anulado el plan y ha obligado a su reequilibrio con más horas de castellano.
Pero las sentencias, que insisto, marcan un criterio único para futuros recursos, deja claras varias cosas, que se deberán tener en cuenta, y que ha puesto en valor el propio Botànic. El TSJ valida la Ley de Plurilingüismo y no plantea incidente de inconstitucionalidad, como le ha sugerido algún recurrente; consagra el bilingüismo de las dos lenguas oficiales, a partes iguales; que ese equilibrio de lenguas debe ser proporcional tanto en horas lectivas como a su reparto entre asignaturas troncales y específicas; niega, por tanto, la posibilidad de que exista enseñanza en exclusiva en alguna de las dos lenguas, pero especialmente, el castellano, como le requerían algunos apelantes, y sobre todo, el tallo del TSJ sepulta una de las reivindicaciones de los partidos de centro-derecha y, por tanto, una de las principales razones para rechazar el Plurilingüismo del Botànic, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular. Viene a decir el TSJ que "corresponde al Estado velar por los derechos lingüísticos en el sistema educativo"; y que el derecho a elegir no presupone "un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano", sobre todo, en una comunidad, como la valenciana, que tiene dos lenguas oficiales. Y que ambas lenguas tienen y pueden tener ambas carácter vehicular".
También establece el TSJ que la propia ley establece unos cauces para fijar el número de horas de cada lengua en cada colegio, que es el programa lingüístico de cada centro, "sin que sea misión de los tribunales de justicia determinar el más conveniente", recalca. Además, recoge que "el régimen jurídico legal de las lenguas en la educación no universitaria viene establecido en la LOE y en las prescripciones del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y en el caso de la LOE, el Constitucional ha sentenciado que "el derecho a recibir enseñanza en castellano no es absoluto e incondicionado", sino que se configura “dentro del marco de la programación educativa".
Aunque PP y Cs han vuelto a responsabilizar al conseller de Vicent Marzà sobre los fallos que anulan dos programas lingüísticos que tenían más horas en valenciano -en Turis y Benigànim-, los fallos de TSJ dejan poco margen para una ley educativa alternativa. El tribunal solemniza la igualdad de lenguas en la educación valenciana, incluso, la lengua vehicular, y rechaza de plano que pueda existir libertad de elección, máxime en una comunidad bilingüe.
Después de todo lo que ha llovido y criticado con la Ley del Plurilingüismo, el Botànic se puede dar por satisfecho, como el viernes verbalizó la vicepresidenta Mónica Oltra. No sólo porque apuntala su norma y, lo más importante, deja poco margen para un texto diferente. La principal bandera del centro-derecha, la libertad de elección de lengua vehicular, queda sepultada. Sólo quedaría por resolver los porcentajes de cada idioma, pero hay otros condicionantes: el Supremo ya dictaminó que el porcentaje mínimo es un 25% para un lengua oficial, como ha sucedido en Cataluña con el castellano, y ahora el TSJ apostilla que debe haber un equilibrio entre ambas. Difícil lo tiene un texto alternativo.
Es una lástima el tiempo perdido. Primero porque el Botànic pudo hacer mucha más pedagogía por esta ley, mejorable sí, pero no en el equilibrio y el uso de las lenguas oficiales, como ha dicho el TSJ. Se podría haber aumentado el número de horas lectivas en inglés o la introducción de otras asignaturas (como la tecnología), pero más de uno equivocó el objetivo en este debate. La segunda porque el conflicto catalán contaminó un debate que, si no lo remedia otra ley de rango superior -de difícil o corta aplicación- ha acabado por fortalecer un texto normativo, que ya auguró yo que el PP -como única opción de gobierno- acabará aplicando con pocos matices. Insisto, hay poco margen para algo alternativo después de lo que ha dicho el TSJ.
