BENIDORM. Uno de los pocos puntos que ha contado con el voto favorable de toda la corporación es la inclusión de la construcción de la Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm para los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2025. La propuesta, que venía de parte de la Junta de Portavoces, solicitaba al Ministerio del Interior que priorice "las partidas suficientes y necesarias para la licitación, adjudicación e inicio en esa misma anualidad de las obras" en la ciudad en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento para tal fin.
Como ya informara este diario, el senador de Benidorm, Agustín Almodóbar, denunció el pasado miércoles "que el Gobierno ha excluido del Plan de infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025". Todo ello tras una respuesta del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, a quien atribuye haber puesto de excusa "la falta de recursos económicos por el incremento generalizado de los precios".
La moción de la Junta de Portavoces recuerda que en los PGE de 2022 se recogían ocho millones en una inversión plurianual, pero en el posterior borrador de las cuentas de 2023 ya no aparecía la Comisaría y no se tuvo en cuenta en la redacción y aprobación de los presupuestos generales a pesar de la unanimidad del acuerdo plenario de 31 de octubre de 2022. La moción está firmada también por el PSOE y apunta al gobierno central reseñando en el escrito que resulta "muy decepcionante, cuando no indignante" que una infraestructura "tan merecida y esperada" no haya recibido la más mínima consignación ni en los PGE de 2023 ni en los de 2024.
Las actuales instalaciones datan de 1972 y se construyeron para una plantilla de 175 policías frente a los más de 300 actuales, sin contar con los refuerzos estivales, por lo que consideran que la comisaría actual está obsoleta y es inadecuada.
Uno de los puntos más importantes venía de la mano del concejal de Movilidad, Francis Muñoz, quien proponía suspender el acuerdo plenario de diciembre de 2023 por el que se acordó resolver el contrato de la ORA. El motivo proviene del recurso contencioso administrativo presentado por la UTE adjudicataria del servicio. Muñoz ha afirmado que “procede por prudencia” la suspensión de dicho acuerdo plenario, considerando además el informe emitido por la dirección facultativa responsable del contrato.
Frente a esto, el concejal socialista, Antonio Charco, solicitó la dimisión del regidor o que el alcalde cesara de sus funciones al popular al considerar que se había cometido una negligencia "por dejación de funciones y desidia por parte de la Concejalía de Movilidad y más concretamente por parte del señor Muñoz". A continuación, lo hizo extensivo al gobierno local, con el PP en mayoría absoluta, y al alcalde, Toni Pérez. Se trata de la segunda petición de dimisión al gobierno local en menos de un mes. Una de las motivaciones para suspender el acuerdo plenario se basaba en haber sobrepasado el plazo para notificar a la empresa, lo que para Charco se podría haber evitado convocando un pleno extraordinario.
Además, el socialista pidió más personal para hacer frente a los problemas para redactar pliegos de nuevos contratos, como así apuntan los informes de los técnicos municipales.
La respuesta del concejal del PP fue aplaudir al edil de la oposición al que acusó de hacer teatro. "Actuamos siempre con prudencia y en base a los fundamentos de derecho", dijo, afirmando que todas las propuestas que elevan a pleno las llevan sustentadas en informes jurídicos y técnicos, deslizando la duda de cómo lo hacía el PSOE cuando gobernaba. A su vez, defendió que su forma de actuar en la legislatura es con "transparencia y lealtad" al alcalde y al pueblo de Benidorm. Y recordó que consiguieron en los juzgados rebajar la petición de indemnización de un millón de euros que reclamaba la empresa a 80.000 euros. "No favorecemos a ninguna empresa, sí a los ciudadanos de Benidorm", aseguró.
Esto no sirvió para que Charco mantuviera su postura, afirmando que el trabajo que había realizado el edil del PP había sido "nefasto": "Usted en la empresa privada habría durado cinco segundos al haber cometido ese fallo", comentó para justificar la petición de cese y dimisión. Con todo, Muñoz afeó que la concesión se hubiera iniciado con el gobierno del PSOE a "días" de las elecciones de 2015.
El tono no se rebajó en el punto 10, que trataba la modificación presupuestaria. Como ya avanzara el gobierno local esta semana, el objeto es incorporar al presupuesto de 2024 el remanente de tesorería obtenido en el ejercicio de 2023, cifrado en casi 10,8 millones. Ese dinero se destinará en su mayoría a aumentar las partidas para gasto social y para dinamizar la economía local, tal y como defiende el PP. Así, según ha detallado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, “8,9 millones serán para gastos generales y el resto para gastos con financiación afectada”.
De esta cuantía, 1,7 millones para complementar la subvención de la Diputación de 645.174 euros y realizar una nueva campaña de los bonos consumo #BenidormTeDaMás en el mes de diciembre. “Reinvertimos en las familias y en el tejido productivo con una propuesta que pretende mejorar la acción municipal en 2024 en todos los ámbitos” ha dicho García Mayor, para quien esta operación es “un aval de la buena y eficiente gestión económica que se ha realizado por este equipo de gobierno” y ha indicado que los fondos resultantes de este ahorro se pueden insuflar a las cuentas de este año “porque la situación económica del Ayuntamiento es buena, porque se está trabajando y gestionando bien los recursos y ahora redistribuimos para seguir imprimiendo la transformación de Benidorm con criterio y mejorando el día a día de los benidormenses”.
Sin embargo, Charco explicó que de ellos, casi dos millones de euros no se van a poder ejecutar por falta de personal y medios, según el informe de Ingeniería en el que se apoyaba. Además, informaba que el tesorero había advertido de que las reglas fiscales para 2024 sí que están vigentes, por lo cual, en la liquidación del presente ejercicio tendrán que cumplir con los objetivos de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto. Ante lo que el informe reseña que "un empleo sustancial del remanente de tesorería de 2023 para financiar gastos de los capítulos 1 al 7 pone en peligro el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto de 2024". De igual modo, afirmó que contar con remanente se debe a dos cosas, según el socialista, porque no se hizo bien el presupuesto, o porque "no han sido capaces" de desarrollar el presupuesto que ellos mismos elaboraron.
Por su parte, desde Vox plantearon la idoneidad de que se rebajaran los préstamos "para lo que pueda venir". Mientras que García Mayor aseguró que la situación económica del Ayuntamiento es buena y nadie les ha obligado a dedicarlo a deuda. "Este gobierno lo despilfarra el dinero", continuó en su última intervención, sembrando la duda de si en otros gobiernos, no del PP, sí se ha hecho.
En el mismo capítulo económico, por mayoría también se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 156.248,68 euros correspondientes a facturas de gastos ordinarios y otras presentadas fuera del ejercicio corriente, como ha explicado García Mayor. “Trabajamos para que cada vez sean menos las facturas que se aprueban por este procedimiento, pero es la forma adecuada de hacerlo y cuenta con la conformidad de los técnicos y de Intervención” ha precisado.
Con los votos de PP y PSOE ha salido adelante la propuesta de la concejal de Igualdad, Ángela Zaragozí, para aprobar el II Plan Municipal de diversidad sexual, familiar y de género de Benidorm 2024-2028, un plan “que es una continuidad del aprobado en 2016”. “Queremos seguir mejorando la prevención de la LGTBIfobia y garantizar el bienestar y seguridad” ha indicado la edil, quien ha precisado que el citado plan contará con “cuatro líneas de actuación, diez objetivos y 23 acciones a desarrollar en los próximos años”. Zaragozí ha añadido que este plan “no tiene que ver con la política, sino con los derechos de las personas” y apostillaba que con este segundo plan “lo que se pretende es mejorar lo que ya está funcionando”.
Igualmente por mayoría se ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra hoy. En dicha declaración, la corporación reitera su “compromiso y apoyo al colectivo LGTBI de la Comunitat. Y lo hacemos desde el firme compromiso de esta institución con la defensa de la libertad, la dignidad del ser humano y el respeto de todas las personas a vivir y vivir su orientación sexual como libremente deseen”.
En la declaración se pone de manifiesto que “no hay que caer en la autocomplacencia” porque “queda mucho por hacer y mucho por lo que luchar” empezando por “recordar, solidarizarnos y levantar nuestra voz por todas las personas, de muchos lugares del mundo, donde la homosexualidad sigue penalizada, muchos países en los que las personas del colectivo LGTBI son perseguidos, amenazados e incluso ejecutados por, simplemente, expresar sus sentimientos”.
La declaración también reconoce la labor de “tantas personas que, a título personal o en el desarrollo de su trabajo, luchan por alcanzar un mundo más justo, más humano, más respetuoso con la diversidad y más igualitario”.
En la misma sesión ha salido adelante por unanimidad la propuesta de la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, para iniciar los trabajos que lleven al reconocimiento como colección museográfica de todos los bienes muebles ya registrados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano para su incorporación en el Sistema Valenciano de Museos. De hecho, se señalaba en la moción, que las fichas que conforman la colección arqueológica ya han sido volcadas el sistema al sistema de la Conselleria de Cultura y Deporte y ahora “se está en pleno proceso de depuración” tras lo que se considerará registrada oficialmente en dicho inventario general. “Una vez completado ese trámite y en aras a poder mostrar a la mayor brevedad posible ese patrimonio a la ciudadanía, procede ahora solicitar el reconocimiento de todos esos bienes como colección museográfica” ha indicado la concejal.
Entre esas piezas, Ana Pellicer ha citado algunas que abarcan desde el Neolítico hasta el siglo XX y que proceden de diferentes donaciones o excavaciones arqueológicas, tal y como recogen diversos apuntes del Registro Inventario del Museo de la Villa de Benidorm entre 1957 y 1967.
El pleno también ha dado cuenta del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de aclaración de la sentencia 343/24 del pasado 23 de mayo relativa al APR-7 que fue solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad, así como del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del 19 de junio que aprobó el contrato para la defensa judicial en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la citada sentencia. Igualmente, se ha dado cuenta de la información contable correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2023 y al primero de 2024.
