El PSOE de Benidorm pide la dimisión de Toni Pérez tras la sentencia de los 330 millones

BENIDORM. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha exigido este viernes la dimisión del alcalde, el popular Toni Pérez, después de que el TSJ haya condenado al consistorio al pago de casi 300 millones de euros a un grupo de empresas de Francisco Murcia Puchades por la cesión de suelo en el parque natural de Serra Gelada.  

Escoda ha calificado la sentencia de "auténtico varapalo" y ha responsabilizado a Pérez de llevar al ayuntamiento al precipicio, que va a hipotecar a nuestro hijos y nietos". "De verdad que desde el Grupo Municipal Socialista estamos realmente impactados, estamos preocupados por esta sentencia. Va a hipotecar el presupuesto municipal, no solamente de un año sino de dos años y medio y que es un perjuicio como digo importantísimo para casi tres generaciones de Benidorm", ha dicho Escoda.

La portavoz socialista ha recordado que el convenio de compensación de suelo en Serra Gelada "fue impulsado por el Partido Popular, donde además el alcalde de la ciudad Toni Pérez votó a favor, y los socialistas votaron en contra. El convenio ha sido ratificado por los distintos gobiernos de este Ayuntamiento y que ha sido llegar Toni Pérez a la alcaldía y sin saber por qué ha decidido cambiar el criterio. Ha decidido cambiar su postura y ha dejado a Benidorm en la más absoluta indefensión", ha criticado. "No ha calibrado las consecuencias y nos tememos que una vez más estas consecuencias vienen derivadas de esa altivez y esa prepotencia que le caracteriza", ha añadido.

El PSOE, ha reiterado Escoda, pide la dimisión de Pérez "porque creemos que no ha actuado en beneficio de los intereses de los ciudadanos, sino que ha actuado más a una prepotencia y altivez que le caracteriza (al alcalde)". Además Escoda, ha exigido al primer edil que acepte la negociación que le ha ofrecido el demandante. "Sí que le exigimos y sí le solicitamos al alcalde que se siente y abra una línea de diálogo para en la medida de lo posible paliar las consecuencias tremendas que va a tener para los vecinos de Benidorm". Según los socialistas, el pago de la sentencia, de 330 millones de euros, "supone a grosso modo dos presupuestos y medio anuales, lo que es una quiebra técnica para el Ayuntamiento". 

Escoda ha insistido en que "Pérez, que es el alcalde de las fotos que le gusta pasearse por toda la provincia, que pida disculpas al pueblo de Benidorm". "Debe ser humilde, hay que escuchar y por supuesto poner los intereses de los ciudadanos ante cualquier interés particular o de partido", ha repetido.

Respuesta del PP

La portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, ha afirmado que “no ha habido cambio de criterio” del ejecutivo respecto al APR-7 de Serra Gelada “porque el único objetivo siempre ha sido la defensa del interés general de Benidorm”, actuando “en todo momento en base a los informes técnicos y jurídicos”. Caselles ha hecho estas declaraciones al hilo de una rueda de prensa ofrecida por el PSOE.

La edil ha explicado que los socialistas fueron informados en una Junta de Portavoces del contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que condena al Ayuntamiento a pagar 283.055.750,12 euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.

Tras esa Junta “ayer optaron por el silencio y hoy, en menos de 24 horas, han salido a decir que están a favor de la aclaración de la sentencia y del recurso de casación; pero además, como han leído en prensa que la propiedad ha mostrado predisposición a negociar, piden que al mismo tiempo se negocie pero sin concretar en qué términos, en qué momento y hasta qué límite económico”.

Caselles ha acusado al PSOE de “querer desligarse de este asunto”, haciendo referencia a que estos convenios se iniciaron en 2003, “pero obviando que su partido ha tenido mucho que ver en este asunto”, puesto que los documentos se renovaron en época de gobierno socialista ya con ese suelo incluido en el Parque Natural y “no lo han hecho durante el mandato de Toni Pérez”.

La portavoz popular ha incidido en que “alguien en la bancada del PSOE debería explicar por qué los convenios fueron novados en 2010 y 2013 contra los criterios técnico-jurídicos del Ayuntamiento y al parecer también contra el criterio del entonces concejal de Urbanismo, como él mismo afirmó en prensa”.

Tras las novaciones de convenio hechas por el gobierno del PSOE en 2010 y 2013, y ya con el PP en la Alcaldía, llegaron las reclamaciones de los propietarios, momento en el que en defensa del interés general y siguiendo el criterio de los servicios jurídico, técnico y de la Secretaría General de este Ayuntamiento se inició un procedimiento que dio lugar a la nulidad de los convenios”. Una nulidad, ha recalcado, que “fue ratificada por el Consell Jurídic Consultiu”.

Caselles ha lamentado las contradicciones y falta de concreción del PSOE, y ha alertado que “llama la atención que cuando se ha abordado en pleno la nulidad de los convenios, con informes idénticos, el PSOE votaba a favor u optaba por la abstención dependiendo de quién era el propietario del suelo”.

Por último, ha recordado que “hasta la sentencia del TSJ todos los pronunciamientos jurídicos han sido favorables al Ayuntamiento” y ha trasladado que “la postura del gobierno local es la que han recomendado los servicios técnicos y jurídicos: esperar a aclaración de sentencia”. Asimismo, ha remarcado que “este gobierno, con Toni Pérez a la cabeza, lejos de evitar el diálogo siempre lo ha practicado en defensa del interés general en este asunto y en cualquier otro y para muestra, los diferentes expedientes de mutuo acuerdo alcanzados para la expropiación del Vial Discotecas”.