ALICANTE. El perito judicial del 'caso Rico Pérez', quien entiende que corresponde indemnizar al Hércules con 8 millones de euros si se rescinde el contrato de arrendamiento del estadio, seguirá ejerciendo esa función.
Lo anterior después de que el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante haya desestimado la recusación formulada contra el economista Guillermo Villena por parte de Miguel Hernández como administrador concursal-liquidador de Aligestión Integral y la Abogacía de la Generalitat en representación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una resolución contra la que no cabe recurso (no pueden recurrir la desestimación de la recusación, pero sí el día de mañana reproducir su petición ante la Audiencia Provincial de Alicante, siempre que apelen la sentencia sobre el fondo del asunto).
Los anteriores recusaron a este perito judicial en junio de 2022, a 24 horas de que se retomase el juicio por el incidente concursal 438/17, ese que gira alrededor de la demanda de resolución del contrato de arrendamiento del estadio Rico Pérez presentada precisamente por ellos. Lo hicieron alegando que Villena mantenía relación profesional con el Hércules, es decir, con una de las partes (una de las causas de recusación que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, subsidiariamente, la existencia de interés directo o indirecto del recusado (esta causa se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial). En síntesis, sostenían que el perito judicial (es decir, un perito designado por el magistrado y por sorteo, no un perito de parte) mantenía amistad íntima con el Hércules por el hecho de ser (lo ha sido hasta hace dos semanas) miembro de la Comisión del Centenario y también aficionado declarado de aquel.
Se trata de algo que mantuvieron el pasado 8 de noviembre, en el transcurso de la vista celebrada para resolver este asunto y poder retomar un juicio que acumula retrasos desde el primer día (y no digamos el litigio en sí).
Todo en el aire y Alicante con una cochambrera por estadio
