Foto RAFA MOLINALa protesta del pasado martes contra el recorte de los caudales del trasvase Tajo-Segura quizás lanzó el mensaje de siempre, pero dejó algunos apuntes que deben tenerse en cuenta. La concentración no fue quizás lo tan multitudinaria que los convocantes creían, pero sí que consiguió lanzar un mensaje importante, que ya conocemos. La mayoría de las fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana y de Murcia se oponen al aumento de caudales del Tajo a su paso por Toledo y Aranjuez porque impide, o abre un nuevo escenario, para futuros trasvases. Ahora bien, aunque la mayoría de los mensajes fueron contra el PSOE y contra el Gobierno central, también los hubo para el bipartidismo y, por tanto, para el PP, que pretendió minimizarlo con un desembarco masivo de los cargos políticos.
Los representantes de Ciudadanos apuntaron por ahí, pero sobre todo, lo hicieron patente los representantes del sindicato Solidaridad, brazo de Voz y, por tanto, de la ultraderecha. El malestar, por tanto, está arraigado en una parte del sector agrario y de la población, y lo peor que augura este escenario es que ni un posible pacto de mínimos que firmara la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, serviría para calmar a este sector y posiblemente enervaría, un poco más, a las cuencas cedentes. No es un acuerdo fácil. Ni tampoco el escenario actual es el mismo que cuando surgió la infraestructura hídrica. Aquí estamos acostumbrados a ver el trasvase desde una parte, pero no valoramos la posición contraria, y máxime las adyacentes: parte de los problemas de Castilla-La Mancha se los origina la Comunidad de Madrid y su política de depuración de aguas residuales.
Sea como fuere, hay asuntos que son irrebatibles: la infraestructura del Tajo-Segura debe estar activa y preparada siempre, sea para trasvasar recursos para el campo o para el suministro humano; se debe trasvasar mientras la cuenca cedente tenga excedentes y hay que introducir, guste o no guste, la desalación como alternativa estable, a un precio sostenible para el sector. Con este escenario, no hay más remedio, que el PSOE, y también el PP, alcancen el acuerdo necesario para que ambas partes y territorios se encuentren cómodas. Insisto, no es fácil. Y una vez lo hagan, pedagogía, mucha pedagogía.
No solo para el trasvase, por el bien del sistema democrático, con sus comodidades y desventajas; con sus aciertos y errores. ¿Po qué? Porque unas de las alternativas al sistema actual propone una enmienda a la totalidad; no contempla los equilibrios, ni las políticas de sostenibilidad, ni conservación de la biodiversidad, ni mucho menos el cumplimiento de los ODS, como se pudo ver el martes en Alicante. Insisto, aunque los cargos del PP eran más y los del PSOE fueron a contrapesar, la protesta tuvo muchos más mensajes: la de un sector, el agrario, al que se le tiene poco presente en las grandes decisiones. Y si eso ha pasado, y existe un importante malestar más allá de votar al PP, es porque la democracia, con todos sus gobernantes, no los ha tenido en cuenta y no ha hecho toda la pedagogía que merecía cualquier cambio.
Y lo que vale para la agricultura, para el campo o para el agua, vale para las pensiones, las prestaciones o la sanidad universal. Es verdad que tras la borrachera de la corrupción y del desmadre, el sistema ha mejorado en transparencia y en sistemas de control. Llegaron tarde, pero llegaron. Quizás hay algunos instrumentos que exceso de celo en el control, como la Ley de Contratos Públicos, pero debería aplicarse la pedagogía de sus decisiones como una obligación legal, y de paso, defender las vigentes. Porque de lo contrario, ahí está el germen de los populismos que tergiversan la realidad con que las pensiones se regalan o se dan ayudas al primero que ha cruzado la frontera. Siempre habrá excepciones, fraude y pillerías, pero si los políticos se aplicaran más en explicar el funcionamiento de sus decisiones, mejor les iría a ellos, y al sistema.
Con el trasvase, lo patético es que no se den muestras de alcanzar un acuerdo de mínimos. No es fácil, insisto. Pero si se toman decisiones para mejorar una situación, al menos, que se impliquen en convencernos y en hacer pedagogía de que lo decidido mejora lo anterior. Y si no lo hace, pues que se lo piensen. De lo contrario, quién pierde es la democracia en su conjunto y la clase política, en particular. Y si hoy hay un caldo de cultivo contrario a cualquier solución -en este campo y en otros muchos- es porque en estos últimos años no se han explicado unas decisiones. A veces gritar más no da más razones, ni exime de acuerdos satisfactorios. Incluso el que no gobierna debe ceder por el bien colectivo.
En el caso del trasvase, tanto a PP como a PSOE les interesa un acuerdo de mínimos que contente lo máximo. Y después, explicarlo y convencernos. De lo contrario, corren el riesgo de ser señalados, como lo fueron el martes en Alicante. Otro debate será el propio de la agricultura: si competir a precio, o en calidad, y cuáles deben ser las cuotas que impone Bruselas, que tampoco es fácil. Pero mientras no se haga pedagogía de la democracia y de las decisiones que se toman, los señalados serán los que mandan, y pueden mandar. No es fácil, pero para ello los elegimos y les pagamos.
