Mazón y López Miras, en la cabecera de la concentración, entre una nube de cámaras. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. En la última legislatura de Aznar, el PP diseñó el trasvase del Ebro. Zapatero lo derogó. Rajoy prometió recuperarlo, pero no lo hizo cuando pudo. El socialista Barreda se empeñó desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en terminar con el Tajo-Segura, mientras en la Comunitat Valenciana y Murcia lo defendían ejecutivos populares. Luego llegó Cospedal al gobierno castellano-manchego y siguió los pasos del socialista. En la Comunitat entró a gobernar el PSPV, en Murcia siguió el PP. Y el partido de tenis continuó, y continúa. Ahora el PP, de nuevo en la oposición, exige defender el trasvase. Como el socialista Ximo Puig, que tiene enfrente a un presidente castellano-manchego y una ministra de Medio Ambiente (ahora, Transición Ecológica) de su mismo partido intentando cerrarlo.
Unos y otros, y los de más allá (Ciudadanos, Vox, Podemos, Compromís), acudieron este martes en masa a la concentración de protesta por el nuevo recorte al Tajo-Segura que supone un plan de cuenca del Tajo, ya aprobado, que eleva una vez más el caudal mínimo imprescindible para aprobar transferencias. No fuera que se acusase a alguno de no estar por la labor de defender con uñas y dientes la transferencia. Hubo desembarco popular, con Carlos Mazón y el murciano López Miras a la cabeza (y una ristra inacabable de parlamentarios nacionales y autonómicos, alcaldes y concejales), y respuesta desde el lado socialista, liderado por la nueva síndica, Ana Barceló, y la nueva consellera de Innovación, Josefina Bueno, con igual exhibición de apoyo a los agricultores, que eran los que habían convocado el acto y que empiezan a estar cansados de que se haga política con el agua.
El (también nuevo, tras la jubilación de Eladio Aniorte el pasado año) presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, se lo dejó claro en su intervención, al final de la concentración. Lo malo es que para entonces, pasada más de una hora desde el comienzo de la protesta, la mayoría de políticos ya se habían marchado después de lanzar sus consignas a las grabadoras y ponerse ante las cámaras de los medios de comunicación (cuando no, directamente, enviando comunicados con palabras no pronunciadas en el acto). Algunos se refrescaban en la terraza de una cafetería a la sombra, a unos centenares de metros de donde el campo seguía abroncando al Gobierno central, y a la clase política en general, por reducir los recursos hídricos de la provincia y de la Región de Murcia.
"El agua no tiene color, no es ni roja ni azul, y ningún político decente debería hacer política con el agua", exclamó Andreu al final de su intervención, para provocar una ola de vítores y aplausos entre los suyos. El presidente de Asaja Alicante pidió que de una vez se superen las rencillas políticas y se trabaje unidos para evitar que "esquilmen una transferencia que es sostenible económica y medioambientalmente", y que, recordó, "es hija del PSOE de la Segunda República, que fue el que la diseñó". El agricultor pidió que el Gobierno no ignore el S.O.S. del campo alicantino y murciano, y mantenga el "símbolo de solidaridad" que es el Tajo-Segura, que además aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional cada año.
Pero el trasvase no es el único problema que afronta el campo. Andreu enumeró muchos otros, con los políticos en retirada del acto, que ahogan tanto o más que la falta de recursos hídricos. El principal, la competencia de terceros países que no están obligados a observar la normativa sanitaria de la Unión Europea (en el acto se arrojaron al suelo y regalaron naranjas como símbolo) y que venden sus naranjas más baratas. "Hay cadenas de supermercados nacionales y valencianas comprando naranjas sudafricanas, sin seguridad alimentaria", denunció. "La UE tiene que exigirles reciprocidad". Otro problema, derivado de este, es "la venta a pérdidas", que pidió que se prohíba cuanto antes porque amenaza la soberanía alimentaria española: "Ya hemos visto lo que ocurre cuando dependemos de otros para productos básicos, con la pandemia o con el conflicto de Ucrania", advirtió.
Cuando Asaja y los representantes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) tomaron la palabra, la plaza de la Muntanyeta de Alicante, donde tiene su sede la Subdelegación del Gobierno de Alicante, hacía rato que se había vaciado. Pero antes de eso, por la plaza pasaron, además del presidente de la Región de Murcia y el de la Diputación de Alicante y del PPCV, ambos del PP, las conselleras del Gobierno valenciano Josefina Bueno (PSPV-PSOE) y Mireia Mollà (Compromís), responsable del ramo en el Consell, o las portavoces en Les Corts Valencianes socialista, Ana Barceló; de Cs, Ruth Merino; y de Vox, Ana Vega. También alcaldes de los dos partidos mayoritarios, como los de Alicante, Luis Barcala (PP); Elche, Carlos González, (PSPV-PSOE), Orihuela, Carolina Gracia (PSPV-PSOE) o Benidorm, Toni Pérez (PP), así como de otros muchos municipios.
Diputados nacionales, senadores, diputados autonómicos y provinciales, portavoces de oposición, concejales rasos... de todas las formaciones del arco parlamentario estuvieron en algún momento en la plaza, así como altos cargos de la Generalitat. Todos ellos, de forma más o menos vehemente, más o menos belicosa, tildaron de "irrenunciable" el trasvase Tajo-Segura y se conjuraron para defender su continuidad hasta las últimas consecuencias. Todas las siglas iban desfilando por el corrillo de periodistas en un carrusel de canutazos sin fin (quitándose la palabra incluso entre compañeros de siglas, como en el caso de Vox), hasta que Alejandro Soler, secretario provincial del PSOE, metió codos para posicionar a Bueno y que la flamante consellera de Innovación debutase en este espinoso debate. Mireia Mollà, que se subió al escenario para sujetar la pancarta junto a los representantes de los regantes tras su intervención, tuvo que escuchar un (poco espontáneo) "fuera Compromís".
No solo políticos. También acudieron muchos empresarios de sectores poco relacionados con el campo, para mostrar su apoyo a la concentración, aunque en este caso lo hicieron de forma un poco más discreta. Salvador Navarro, presidente de CEV, Joaquín Pérez de CEV Alicante, el presidente de la Cámara, Juan Riera, el de Facpyme, Carlos Baño, el fundador de Pikolinos, Juan Perán, el presidente de Uepal, Juanjo Sellés, su vicepresidente, César Quintanilla (acompañado por su padre, el histórico Eliseo Quintanilla), o el presidente de IFA, José Luis Gisbert, entre otros muchos, como representantes de la asociación de transportistas Fetrama, último precedente de una protesta económica que surtió efecto.
