Conservar el pasado para las futuras generaciones es una obligación de las instituciones públicas. Pero no siempre es fácil: no solo es cuestión de dinero, también hace falta darle un uso. Aquí es donde entra la iniciativa privada, una opción que no gusta a todo el mundo
ALICANTE.- Cines, palacios, casas nobiliarias, inmuebles eclesiásticos, militares… incluso faros. Son innumerables las construcciones históricas y de alto valor patrimonial con las que cuenta la Comunitat Valenciana. Sin embargo, y es un problema muy común, la gestión y uso de ese patrimonio suele ser a menudo un quebradero de cabeza tanto para las administraciones públicas que los poseen, como para los propietarios privados de dichos bienes. Desde el año 1998, y con modificaciones posteriores, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano es la que y orienta sobre los derechos y obligaciones acerca de estos patrimonios culturales, que a su vez se complementa con normativas locales como los catálogos de protecciones. Ante el reto de lograr un uso realista y con un mantenimiento asumible, a veces ante el deterioro avanzado de importantes bienes y su abandono, son varios los casos que se están generando.
Conflictos entre el urbanismo y el patrimonio y posiciones contrarias, que no son nuevos, abren el debate entre administraciones o empresas y partidarios de la conservación que están dando mucho que hablar en ambas ciudades acerca de la rehabilitación o el uso de determinados bienes. La casuística es muy compleja: desde la compra de inmuebles históricos sin que se sepa exactamente qué uso darle (como ha ocurrido en València con la antigua sede de Correos en la muy céntrica plaza del Ayuntamiento, que se reabrirá como Palacio de las Comunicaciones), hasta la concesión a CaixaForum (a precio de derribo) del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (también en el cap i casal), ya que la alternativa era mantenerlo cerrado sine die. En difinitiva, hay de todo: edificios públicos que nacieron para ser explotados por la inicitativa privada (el Veles i Vents es un caso conocido), hasta propiedades privadas que pasan al patrimonio público (el palacio de Montortal del siglo XVIII, en València, adquirido por 2,4 millones de euros por el consistorio para albergar la nueva sede del Archivo Histórico Municipal).
Hay muchos ejemplos. Uno que ilustra perfectamente este debate, en este caso ubicado en Elche, es el convento de la Merced, que hasta 2007 fue el monasterio de clausura de las hermanas Clarisas. En aquél año cedieron a la administración local el inmueble, tal y como se había rubricado a tres bandas entre la Orden, Obispado y Ayuntamiento en 2004, a cambio de que el Consistorio asumiera la construcción de un nuevo convento, el de Santa Clara, en la ladera del río Vinalopó. La edificación y el valor del terreno costaron a las arcas públicas alrededor de unos cinco millones de euros.
A cambio, el histórico inmueble pasó a ser de titularidad pública, el de mayor valor patrimonial junto a la basílica de Santa María por su monumentalidad, con la intención de darle uso cultural. Se trata de un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), y que goza de protección integral en el catálogo de edificios protegibles, la máxima, ya que tiene una historia casi milenaria, al conservar la secuencia de su historia desde los Baños Árabes del siglo XII hasta la actualidad.
Pero no fue hasta 2015 cuando se inauguró parcialmente como centro cultural y desde entonces ha tenido actividades de este ámbito de forma irregular. En 2018 se realizaron diversas catas arqueológicas que descubrieron una cripta, el altar mayor, varios arcos con esculturas de querubines y un escudo de los Cárdenas, antiguos señores de Elche. En resumidas cuentas, un espacio de alto valor patrimonial que durante estos años ha estado infrautilizado. Una cuestión que ahora ha vuelto a resurgir al calor de la propuesta realizada por la empresa WEL Hoteles, una sociedad constituida por varios empresarios (el propietario de Eurolosa Francisco Sanmartín, el empresario Jesús Vicente y el despacho Woha Arquitectos con Antonio Macià y Francisco Rodríguez), que han planteado su rehabilitación integral para uso hotelero.
* Lea el artículo íntegramente en el número 91 (mayo 2022) de la revista Plaza