VALÈNCIA. Cupo catalán, reforma del sistema de financiación, fondo de nivelación... son varios conceptos que han tomado la agenda política nacional y autonómica este mes de agosto. El acuerdo alcanzado entre PSOE (PSC) y ERC para una "financiación singular" para Cataluña a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa, ha generado un terremoto en la actualidad veraniega, provocando que se abran otros asuntos colaterales que, pese a los esfuerzos de la Comunitat Valenciana, no habían merecido la atención mediática y política en Madrid.
Así, el denominado cupo catalán -otros lo llaman directamente "concierto", al estilo del régimen vasco y navarro-, ha abierto una puerta que hasta ahora permanecía cerrada a cal y canto: la de que otras autonomías puedan negociar bilateralmente la financiación que perciben por parte del Estado. Al menos es lo que ha deslizado estos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quién sabe si simplemente para ganar tiempo y apaciguar al resto de regiones o si porque realmente alberga un deseo real de avanzar por esa senda.
Una senda sobre la que el PP planea construir una barricada, tal y como avanzó esta semana con el manifiesto firmado por sus presidentes autonómicos, en el que anticipaban su oposición al cupo catalán y también a otras iniciativas similares de carácter bilateral al considerar que conducen a un "modelo de estado confederal asimétrico".
¿Qué puede sacar la Comunitat Valenciana de positivo en este embrollo? La realidad es que las puertas que conducían a una reforma del sistema de financiación o al denominado fondo de nivelación -compensación económica a las autonomías perjudicadas- aparecían hasta ahora selladas con cien cerraduras por el Gobierno de España pero también por el principal partido de la oposición el PP, que tampoco tiene un debate sencillo por la diferencia de criterios existente en los 13 territorios donde lidera el gobierno. La Comunitat, tal y como ha quedado constatado y reconocido en multitud de informes, es junto a la Región de Murcia la autonomía peor financiada de España, en un sistema de reparto que caducó en 2014 sin que se haya afrontado su reforma.
Sin embargo, el acuerdo sellado ahora en Cataluña para la denominada "financiación singular" obliga al Gobierno de España a reconsiderar sus posiciones en esta materia para empatizar con el resto de Comunidades Autónomas (CCAA). Es en este punto donde cobra especial fuerza la reivindicación que vienen realizando los distintos gobiernos valencianos en los últimos años (tanto los conservadores como los progresistas) de acometer la reforma del sistema de financiación y, mientras se materializa, habilitar un fondo de nivelación que compense económicamente a las regiones infrafinanciadas, que serían Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la propia Comunitat Valenciana.
Una especie de 'parche' del que ya pidió infructuosamente en 2014 el presidente Alberto Fabra (PP) del que también hablaba la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en 2020. Este mismo año, en el mes de mayo, volvió a poner sobre la mesa el director de esta entidad, Ángel de la Fuente, cifrándolo en un desembolso del Estado a repartir por las citadas regiones de 3.000 millones de euros. Una tesis que recogieron con presteza las fuerzas del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, que vinieron reclamándolo por activa y por pasiva a lo largo de la pasada legislatura sin éxito.
Fedea insiste en un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana
De hecho, la coalición valencianista fue especialmente vehemente a la hora de reivindicar esta cuestión como condición innegociable para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar -donde venía integrado Compromís- abogaba por la reforma del sistema de financiación pero dibujaba una redacción poco concreta respecto al fondo de nivelación que, de hecho, nunca llegó a plantearse posteriormente.
No obstante, con la irrupción del cupo catalán en escena ha cambiado el paradigma. El gobierno presidido por Pedro Sánchez se enfrenta en este inicio de curso político a la aprobación de sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la presente legislatura, dado que prorrogaron los anteriores con la excusa del adelanto de las elecciones precisamente catalanas.
Compromís ya viene insistiendo estos días en que no respaldará las cuentas de Sánchez si no se activa la reforma del sistema de financiación y se aprueba, precisamente en los PGE, el mencionado fondo de nivelación. En esta última cuestión, ha encontrado en el PPCV liderado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un aliado. De hecho, en mayo de este año aprobaban conjuntamente una Proposición No de Ley (PNL) para la exigencia al Gobierno de un fondo de nivelación de 1.782 millones de euros anuales de media y una compensación de la deuda histórica.
En este caso, y pese a que en la etapa del Botànic fue una reivindicación también del PSPV-PSOE, los socialistas votaron en contra. La nueva secretaria general del partido y ministra, Diana Morant, decidía desmarcarse de la exigencia al considerar que era una "PNL trampa" sólo para buscar la confrontación contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, además de incidir en que los gobiernos socialistas se han preocupado de subsanar y compensar la infrafinanciación en los últimos años. Una manera, por parte del PSPV, de intentar no entrar en el marco de debate que quiere el PPCV pero, al mismo tiempo, ejercer en cierta medida de escudo del Gobierno de España a sabiendas de la dificultad de que realmente se aplicara un fondo de nivelación.
Pero ahora las circunstancias podrían cambiar. Al menos los dos diputados de Compromís (Joan Baldoví y Alberto Ibáñez) en el Congreso y el representante de Esquerra Unida, Nahuel González, los tres dentro del grupo de Sumar, ya han advertido de su posición contraria si no hay fondo de nivelación. Y en esta ocasión, esos votos pueden ser absolutamente necesarios para Sánchez, por lo que Montero podría verse obligada a, definitivamente, abrir la puerta para esta reivindicación valenciana.
De ser así, se daría la paradoja de que, pese a los ocho años de gobierno progresista del Botànic, con PSPV y Compromís al frente, terminaría lográndose el anhelado fondo cuando es el PPCV el que preside la Generalitat. Es más, sería el líder popular, el que disfrutaría de una inyección económica que haría más cómoda su gestión gracias a la coalición valencianista y a un gobierno del PSOE en Madrid. Algo que el ex jefe del Consell Ximo Puig no pudo lograr pese a que coincidió cinco años (2018-23) con su compañero de partido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.