Pagar a un 'muerto'

ALICANTE. El Hércules pagó el pasado ejercicio más de 66.000 euros a la Aligestión Integral por el arrendamiento del estadio José Rico Pérez.

Concretamente fueron 66.685 euros lo que el club blanquiazul abonó a la citada sociedad, de la que son accionistas Enrique Ortiz, Valentín Botella y Juanjo Huerga.

La cifra es superior a los 49.018 euros que el Hércules pagó a Aligestión en la temporada 2014/15 y se corresponde con el 7% de los ingresos brutos del club en la pasada temporada. Ese es el precio anual pactado en el contrato de arrendamiento por 25 años suscrito en 2008 por las partes, meses después de que la mercantil se hiciera con la propiedad del estadio. Alquilar el Rico Pérez al Hércules (y al Alicante que desde su ascenso a Segunda B había pasado a jugar también en el coliseo blanquiazul) fue una obligación para el comprador establecida en el pliego de compraventa por el Ayuntamiento de Alicante, propietario del mismo desde 1994.

Lo peculiar de la situación es que Aligestión que no presenta cuentas desde 2010, entró en proceso de liquidación hace trece meses; de hecho en junio se declaró desierta una primera enajenación de sus bienes y derechos agrupados en dos lotes: uno en el que se incluía precisamente el estadio y el 15% del capital social del Hércules del que es propietaria la sociedad, y un segundo integrado un derecho de crédito contra el club por importe de 229.932 euros y cuya ejecución ya ha sido instada por sentencia judicial..., una deuda que estaría relacionada precisamente con el citado arrendamiento del estadio pero en el pasado y es que si hoy la entidad blanquiazul abona más de 60.000 euros, imaginemos las cantidades que había de satisfacer en Segunda División A y en Primera, algo a lo que hay que sumarle los gastos derivados del uso y el mantenimiento de la instalación que de acuerdo con el contrato también corren por su cuenta.

El futuro del Rico Pérez pasa sin duda por su vuelta, aunque sea temporalmente al patrimonio público. Esta vez de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas que como acreedor de Aligestión por 'culpa' del tristemente famoso aval de 18 millones de euros prestado a la Fundación de la que la mercantil de Enrique Ortiz era fiadora, aspira a hacerse con su propiedad en subasta pública para posteriormente revenderlo a un tercero y recuperar parte de lo que se le adeuda.