ALICANTE. El Grupo Cívica, del promotor Enrique Ortiz, da un nuevo paso más en el relevo generacional en su entramado empresarial a cuenta de la gestión del PAU 3: el proyecto por el que se prevé la urbanización de 690.000 metros cuadrados para la construcción de 1.600 viviendas entre la avenida de Dénia, la Vía Parque y el cauce del barranco del Juncaret.
El proyecto, que se aprobó definitivamente en el año 2010, fue adjudicado diez años antes a la empresa Enrique Ortiz e Hijos como promotora del PAI. A partir de ese momento, se convirtió en agente urbanizador de unas obras para las que se estima un coste de ejecución superior a los 16,8 millones. Ahora, no obstante, esa misma sociedad plantea ceder los derechos de desarrollo de ese PAI (la condición de agente urbanizador) a otra empresa gestionada por sus hijos: Proyectos y Actuaciones Aitana SL.
En realidad, la solicitud de traspaso se registró en enero de este año. Pero, es en este momento cuando la petición llega a los órganos de decisión política del Ayuntamiento (primero, comisión informativa de Urbanismo, este viernes, y después, a pleno) tras un largo proceso de tramitación administrativa en el que se han exigido múltiples garantías. ¿Por qué motivo? Básicamente, porque pese a que Proyectos y Actuaciones Aitana se dedica a "la construcción completa, reparación y conservación de todo tipo de obras, a la promoción y ejecución de tipo de promociones inmobiliarias urbanísticas o de ordenación", como figura en su objeto social, lo cierto es que se trata de una empresa joven que se constituyó en marzo de 2018 con un capital social de 3.010 euros.
De hecho, cinco meses después de que se presentase la solicitud (el pasado mes de mayo) se emitió un primer informe técnico contrario a la cesión del PAI con el argumento de que la compañía que debería desarrollar los trabajos de urbanización no había acreditado de manera suficiente su solvencia técnica y económica. A partir de entonces, se inició el proceso para justificar todo lo contrario.
Así, en el mes de junio, se aportó documentación para certificar que Proyectos y Actuaciones Aitana está constituida por otras dos empresas: Real Estate Go2 y Segunfer Ejecuciones. Además, se concretó que Real Estate Go2, administrada de manera mancomunada por los hijos de Ortiz (Laura María y Enrique Ortiz Carratalá), es propietaria al 75% de la sociedad Dosproc Infraestructuras, que dispone de la titularidad de al menos 16 fincas encuadradas en el PAU 3. Además, también se registró una declaración responsable suscrita por los dos descendientes del promotor, como administradores mancomunados del Grupo Cívica, en los que se expresaba el respaldo del entramado empresarial a Proyectos y Actuaciones Aitana. Con esa documentación, la empresa daba por salvados los requerimientos de solvencia.
Sin embargo, esa información complementaria motivó un segundo informe técnico contrario a la cesión del PAI, emitido en septiembre, en el que solo se consideró probada la capacidad técnica de Proyectos y Actuaciones Aitana, pero no su solvencia económica. De ahí que, de nuevo, se registrase un nuevo paquete de documentación adicional para demostrarla.
En concreto, se aportó una declaración responsable por la que se atestiguaba el respaldo de otra empresa del Grupo Cívica, Tizor Hormigones y Asfaltos. En función de ese compromiso, se declaraba que Tizor ponía la totalidad de su experiencia y medios económicos a disposición de Proyectos y Actuaciones Aitana. Y en esta ocasión, el sentido del último informe técnico, evacuado en octubre, varió y sí se consideró viable el traspaso de la condición de agente urbanizador.
En cualquier caso, se proponía que el acuerdo de cesión incluyese una serie de requisitos adicionales. El primero, que Proyectos y Actuaciones Aitana depositase fianza como garantía de desarrollo de los trabajos de urbanización en la misma cuantía de la entregada por Enrique Ortiz e Hijos en su momento. El segundo, que el respaldo de Tizor debía mantenerse hasta la conclusión de las obras. Y el tercero, que Proyectos y Actuaciones Aitana debería suscribir un convenio con el ayuntamiento por el que asumiese las obligaciones, compromisos y derechos a los que quedaba ligado Enrique Ortiz e Hijos.
Eso sí, en todo caso, la decisión queda sujeta a la votación del pleno de la corporación en el momento en el que la propuesta se someta a debate. En principio, todo parece indicar que se elevará a la sesión correspondiente al mes de diciembre.