Fachada del Ayuntamieno de Orihuela. Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. Las indemnizaciones de dos sentencias condenatorias en contra del Ayuntamiento de Orihuela, le lleva a pagar unos 500.000 euros por intereses de demora. Dos juzgados de lo contencioso administrativo obligan a Orihuela a abonar, en primer lugar, casi 266.000 euros a la empresa Construcciones Pedrera SL por el retraso en el pago del contrato de compraventa, en 2010, de la adquisición de la Casa del Inquisidor. La segunda sentencia va destinada a satisfacer a la mercantil Sirem SL, -antigua Proambiente, implicada en el caso Brugal- la cantidad de 239.000 euros por el retraso en los pagos de facturas por diversos trabajos que la sociedad realizaba años atrás para el Ayuntamiento.
Ambas indemnizaciones ya tienen recorrido. En cuanto a la Casa del Inquisidor, la sentencia condenaba al Ayuntamiento de Orihuela a pagar más de 757.000 euros y, además el IVA, intereses y costas. A lo largo de 2018 se pagó el grueso principal de la indemnización, más el IVA y, ahora, se ha aprobado la liquidación de intereses y costas por 266.000 euros. La deuda, así, quedaría saldada.
La segunda indemnización es una deuda contraída con Sirem SL, antigua Proambiente, en concepto de intereses de demora. Los demandantes reclamaban 239.000 euros por el pago tardío de las diferentes facturas expedidas y ya pagadas por la corporación. Sirem tenía contratados los servicios de recogida procedentes de la poda de jardines particulares, parques y jardines públicos, la eliminación de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva de papel.
La sentencia es del 14 de noviembre de 2018 y decreta esta aprobación de liquidación de intereses a las firmas Colsur, Proambiente (Sirem) y Orihuela UTE, antiguas responsables de la gestión de residuos en Orihuela.
Las firmas Colsur, Proambiente y Orihuela UTE están dentro de la investigación por el caso Brugal, que tiene su matriz en el supuesto amaño de la contrata de recogida de basuras oriolana, cuyas investigaciones se iniciaron en 2006. El juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial del contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela se celebrará este año.
El ministerio público sostiene que el empresario Ángel Fenoll y su entorno conformaron una trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Además, el empresario oriolano habría pagado presuntamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemocráta.
