SANTA POLA. Nueva operación de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional contra el ex alcalde de Santa Pola y diputado provincial del PP, Miguel Zaragoza, por supuestas irregularidades en la concesión de un servicio de clínica privada en una dependencia pública de la zona de Gran Alacant. Tanto Zaragoza, como su hermana, Pilar Zaragoza, y el cuñado del primero y ex concejal, Jorge Perelló, han declarado este martes en la Comisaría Provincial de Policía acusados de supuesta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
Se trata de una pieza más de la macrodenuncia que se presentó ante la Policía Nacional y que engloba, además del supuesto trato de favor a la clínica privada, el caso de los uniformes de la Polícía Local, las horas extraordinarias percibidas por la antigua cúpula de la Policía Local, de la que el hermano de Zaragoza; José Miguel, e imputado en el caso de los uniformes era el jefe, y las supuestas irregularidades urbanísticas en el derrumbe del colegio Hispanidad, que se saldó con varios alumnos heridos.
Lo que investiga la Udef es si Zaragoza, en su etapa como alcalde, alquiló una dependencia municipal de Gran Alacant, dentro de la extensión administrativa que el consistorio tiene en esta zona residencial, a una empresa privada con la condición de que fuera contratada su hermana, Pilar Zaragoza, según se denunció en su momento. Además se da la circunstancia en esa dependencia fue destinado personal del propio ayuntamiento, razón por la cual está acusado el que fuera concejal de Personal y Régimen Interno, Jorge Perelló, que a su vez es el cuñado del propio Zaragoza. A las circunstancias de cómo se había llevado a cabo el procedimiento de concesión del alquiler y del supuesto traslado de funcionarios o personal del consistorio a este servicio privado, se suma la circunstancia que el inquilino no satisfizo, al menos, hasta 2015, cuando terminó el mandato de Zaragoza, el canon que debía ingresar en las arcas municipales.
En un comunicado hecho público esta tarde, el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza ha dado detalles acerca de su citación este martes para declarar en dependencias de la Policía Nacional de Alicante. En la convocatoria Zaragoza ha explicado que “dado que en esta citación no se me ha ofrecido información alguna sobre los hechos que motivan la acusación, he decidido ejercer mi derecho a no declarar (artículo 24 de la Constitución), como haría cualquier persona que ve vulnerados sus derechos en tal manera y que no obtiene información de cuanto concierne a su persona.”
El edil ha apuntado a la “facilidad que se tiene hoy en día para sembrar la duda, para vulnerar y menoscabar el honor de las personas y el poco margen y pocas herramientas de las que se dispone para defender un derecho tan esencial como es este: el honor”. En este sentido Zaragoza, ha explicado que desde hace meses por parte del equipo de gobierno se vienen realizando acusaciones implícitas, encubiertas, e infundadas contra su persona, “sin ofrecer datos o información alguna de qué motiva esas acusaciones”.
"Hoy de nuevo", matiza el concejal del PP, he “vuelto a sentir la indefensión más aguda al no saber qué ha motivado mi citación en la policía”.
Según ha explicado en rueda de prensa los supuestos hechos que anteceden esta circunstancia nacen a raíz del decreto municipal de fecha 10 de julio de 2017; un decreto por el que “tuve conocimiento de que el Ayuntamiento había contratado a un despacho de abogados para que se personara en nombre del consistorio en tres procedimientos; “uno de los cuáles supuestamente iba contra mi persona”. Este procedimiento se basa, al parecer, en la gestión de la Clínica de Gran Alacant, durante la gestión de Zaragoza como alcalde.
“Una vez que tuve conocimiento de que se había abierto, supuestamente, una causa contra mí por esa gestión, solicité información al equipo de gobierno liderado por la señora Yolanda Seva (PSOE), con el fin de que me argumentaran el porqué se me acusaba, y de qué se me acusaba”, ha continuado Zaragoza, “pero nunca se me dio explicación alguna”.
Por este motivo, el ex alcalde ha argumentado que intentó “informarse de qué juzgado llevaba la causa y qué procedimiento era, para así ofrecer mi colaboración con la justicia y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes”.
De esta forma, en fecha 17 de octubre de 2017 Zaragoza se personó en el Juzgado, por lo que éste dictó una providencia con fecha 20 de noviembre de 2017 en la que se especificaba e indicaba por parte del Juzgado de Elche que se le daba por personado, pero “que las actuaciones estaban declaradas secretas”.
“Si yo soy la persona implicada, pero las actuaciones son secretas, ¿cuál es la forma que tengo para defenderme, cómo puedo mostrar toda la gestión para que se vea la transparencia en las actuaciones?”, se ha preguntado el ex alcalde.
“Yo quisiera poder ejercitar mi derecho de defensa y zanjar de una vez por todas las acusaciones, los infundios, las calumnias, y así poder demostrar que los que hacen mal uso de la política y de la gestión son los que se valen de la justicia para menoscabar y validar sus maquinaciones, tal y como está realizando la Sra. Seva y su equipo de gobierno”, ha indicado Zaragoza.
Zaragoza ha concluido la rueda de prensa expresando que “no ha tenido ningún sentido el que se me citara ante la Comisaría de la Policía Nacional, cuando ya he estado a disposición del Juzgado voluntariamente y por escrito de fecha 17 de octubre de 2017, por lo que pudo haberme citado el Juzgado para poner en mi conocimiento los hechos por lo que se me denuncia y así haber podido prestar declaración, ejercitando de esa forma un derecho constitucional básico, como es el de defensa, que, como digo, ampara cualquier ciudadano”.
Del mismo modo Zaragoza ha informado que cuando tenga conocimiento de los hechos que motivan la acusación, y preste declaración ante el juzgado, ofrecerá una rueda de prensa informativa, pero mientras tanto “desearía insistir en la transparencia de mi gestión cuando he ejercido de máxima autoridad municipal, y que en modo alguno ha habido en mi actuación irregularidad alguna”.