Foto: AM. BENIDORM. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) va a expropiar 15 terrenos en las zonas de la comarca de la Marina Baixa y del Condado de Cocentaina, el Comtat. El objetivo es implantar los planes de emergencia para las presas de Beniarrés, Amadorio y Guadalest. Los dos primeros proyectos de implantación fueron aprobados en 2021, mientras que el segundo llegó en 2022. La resolución del pasado 13 de junio convoca a los propietarios de estos terrenos al acta de ocupación en sus ayuntamientos correspondientes.
Los municipios de los terrenos afectados por la expropiación son Lorcha, Beniarrés, la Vila Joiosa, Castell de Guadalest, La Nucía, Callosa d'en Sarrià y Altea. La citación está comprendida entre los días 15 y 16 de julio en distintas horas para cada propietario. El objeto del encuentro es el levantamiento de las actas previas a la ocupación y actas de ocupación. Estos terrenos corresponden a particulares, pero también a ayuntamientos como el de Callosa, la Vila y Altea, así como la Comunidad de Regantes de este último o al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según explican fuentes de la CHJ a este diario, los trabajos se iniciaron en 2023, pero se tuvieron que suspender para redactar proyectos modificados para atender "a cuestiones de homogeneización de sistemas, hardware y comunicaciones". Esta nueva documentación ya está en supervisión técnica, y una vez termine, seguirán su tramitación hasta ser aprobados. Será entonces cuando se puedan reanudar las actuaciones que básicamente se centran en la instalación de sirenas y equipos de centros de control y en la CHJ.
Con todo, se espera que los trabajos se puedan reiniciar en los primeros meses de 2025, según las estimaciones de la propia entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los planes de emergencia establecen la organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que pueden comprometer su seguridad y para facilitar la puesta en disposición preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir para la protección de la población en caso de rotura o avería grave, mediante los sistemas de información, alerta y alarma establecidos en él, y así posibilitar que la población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección.
