ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto por el Partido Popular (PP) en situación de minoría, perfila un nuevo paquete de medidas con el fin de aliviar las dificultades en la circulación generadas como consecuencia del inicio simultáneo de las obras de mejora peatonal y calmado del tráfico en el eje Marvá-Gadea y en el Paseo de los Mártires de la Libertad: dos de los principales proyectos de reurbanización cofinanciados con fondos europeos incluidos en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Y, al tiempo, también ultima el sistema de compensaciones para las actividades vinculadas a la actividad turística que puedan sufrir un impacto en su facturación como consecuencia de la ejecución de esos trabajos.
En el primer punto, la principal medida a adoptar tiene que ver con la propia progresión de los trabajos, ya que consiste en una reapertura parcial al tráfico del eje de Federico Soto prevista para octubre. Se pretende que esa reapertura parcial sirva para recuperar el recorrido habitual de las líneas de autobús que atraviesan ese paseo, lo que permitiría liberar parte del tránsito que ahora ha quedado concentrado en las avenidas de Alfonso el Sabio y de la Estación. Cuando menos, así lo apuntó este jueves el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras comprobar la evolución de las obras de rehabilitación de los edificios de la antigua fábrica de tabacos, hoy reconvertida en el centro cultural Las Cigarreras.
Entre esas medidas, sigue en estudio la posibilidad de habilitar un carril específico para la circulación de autobuses en esas dos avenidas centrales (Alfonso el Sabio y Estación), en función de la demanda planteada por el comité de empresa de la concesionaria del servicio de transporte público en autobús (MIA, compuesta por varias sociedades de Vectalia corporación). Con todo, se trata de una opción compleja, como anticipó el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, ya que conllevaría limitar a un solo carril el resto de la circulación en vehículos particulares, lo que podría acabar agravando las retenciones, como subrayó también el primer edil.
Así, señaló que la prioridad consiste en "mantener la mayor fluidez del tráfico posible", después de volver a defender la elección de los meses de verano para ejecutar esos trabajos de reurbanización. Sobre todo, por lo que respecta al frente litoral, sobre el que el mismo Barcala apuntó, en un acto de campaña posterior, que "los datos objetivos que manejan los técnicos municipales es que el 70% del tráfico" en ese punto durante los meses de verano "es tráfico de paso" y "existen otros recorridos alternativos como la circunvalación o la autovía" para poder reorganizarlo, enfatizó. De este modo, volvió a incidir en la tesis que el PP viene defendiendo hasta ahora: que se optó por reprogramar las obras entre julio y agosto al considerar que no concurren los desplazamientos a los colegios y que también se reduce la intensidad del tráfico por motivos laborales.
En todo caso, recalcó que se sigue estudiando las propuestas planteadas por los representantes de varias asociaciones empresariales (APHA, ARA, Alroa, Comerciantes por Alicante, Cámara de Comercio, Abatur y Comerciantes de Calderón de la Barca) en el encuentro informativo mantenido el pasado viernes, como la posibilidad de habilitar nuevos aparcamientos disuasorios (uno de ellos en el muelle 12) provistos de lanzaderas para facilitar los desplazamientos al Centro, así como la mejora de la señalización o la posibilidad de desdoblar y cambiar el sentido de circulación en algunos puntos, como la avenida de Juan Bautista Lafora, para facilitar la llegada al muelle de Levante.
Sobre el segundo punto, la compensación de posibles pérdidas, el equipo de gobierno continúa abogando por reforzar las ayudas para estimular el consumo como el bono comercio o el bono gastronómico, para los que se prevé destinar una partida superior a los 500.000 euros disponibles hasta ahora con la incorporación de ahorros de partidas no agotadas que deberían transferirse hasta las concejalías de Comercio y Turismo.
Todo parece indicar, de hecho, que ese será el objeto esencial de la cuarta modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 que el PP estaría barajando plantear durante el mes de septiembre. Además, en esa nueva campaña -la quinta distribución de bonos a acometer por el Ayuntamiento- se pretendería incorporar nuevos epígrafes para que puedan extenderse a otro tipo de negocios que no quedaron incluidos en las convocatorias anteriores, según detalló igualmente el mismo Barcala.
Como mínimo, en la última campaña desplegada entre los meses de mayo y junio se contemplaba la adhesión de establecimientos como librerías, comercios de alimentación, tiendas de ropa, centros ópticos y auditivos, zapaterías, peluquerías, droguerías, centros estéticos, joyerías, copisterías, tiendas de electrodomésticos y decoración, farmacias, establecimientos de informática, ferreterías, jugueterías, mercerías, floristerías, pastelerías, tiendas de mascotas, muebles, informática, entre otros.
Al tiempo, también señaló que se estaba tratando de ajustar fórmulas para establecer compensaciones a los negocios que realmente puedan verse afectados por pérdidas como consecuencia de la ejecución de esas obras de reurbanización, para lo que dijo que se contaba con el apoyo en la recopilación de datos de los propios sectores afectados.
Y, por último, en ese paquete de medidas también se estaría sopesando cuál sería el mejor sistema para habilitar posibles compensaciones concretas sobre los hoteles afectados por el desarrollo de los trabajos, ya que no resulta viable habilitar un bono con fondos municipales del que puedan disfrutar huéspedes no empadronados en la ciudad, ya que no existiría cobertura para su justificación.
Entre tanto, como ya ha informado este diario, los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) han presentado distintas iniciativas relacionadas con los problemas generados por las obras para su debate en el pleno ordinario de julio. El PSOE plantea la comparecencia de Barcala para que dé explicaciones sobre los motivos de la programación de su ejecución en verano. Vox propone que se habilite un sistema de preaviso en la ejecución de toda obra con la suficiente antelación. Compromís plantea una comisión de seguimiento y coordinación de las obras que se pongan en ejecución. Y Esquerra Unida Podem requiere de un plan de seguridad para facilitar el tránsito de los servicios de emergencia, así como la posibilidad de que se habiliten medidas para agilizar el transporte público.