VALÈNCIA (EP). El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana prevé mayor autonomía de los ayuntamientos para decidir el modelo de ciudad que quieren y limitar el uso de estos inmuebles; sanciones más duras y otras novedades como la prohibición de los cajetines para llaves y obligación de ofrecer servicio de recepción.
Así se ha dado a conocer en el acto de presentación de la norma -que aprobará este viernes el pleno del Consell-, que se ha celebrado en el Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) con la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Turismo e Innovación, Nuria Montes, así como representantes del sector, sindicatos y representantes de ayuntamientos.
Este nuevo decreto modifica al anterior e incluye entre sus novedades la autonomía de los municipios para decidir qué modelo de ciudad quieren y poder limitar este uso de viviendas como alojamientos turísticos según sus circunstancias concretas.
La cesión de competencias a los ayuntamientos se limita a inspección, multa y recaudación, pero todo el contenido y limitaciones del decreto seguirán siendo obligatorias. Esta cesión, precisan desde la administración autonómica, se hará sólo a los consistorio que lo soliciten, no de oficio.
Asimismo, todas las viviendas de uso turístico tendrán hasta el próximo 31 de agosto para comunicar la referencia catastral de la vivienda o causarán baja en el Registro, ya que el plazo es "improrrogable".
Entre las novedades también destaca la renovación cada cinco años de las declaraciones responsables que se presenten en la Generalitat para obtener su autorización y así permitir una adaptación en una oferta "en constante evolución".
Para las nuevas viviendas de uso turísticos se incluirá en la declaración responsable que certifiquen que la comunidad de propietarios donde se ubique la vivienda no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas tal y como permite la Ley de Propiedad Horizontal.
Y en los cambios de titularidad de la propiedad de la vivienda de uso turístico será obligatorio renovar la licencia que irá ligada al titular de esta y no al inmueble para evitar la especulación con las licencias.
También se habilita la posibilidad de que la competencia para "incoar, instruir y resolver" los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial pueda ser objeto de delegación a los ayuntamientos que así lo soliciten y cumplan los requisitos generales exigibles en la legislación reguladora del régimen local.
De este modo, se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de las personas propietarias a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones) con multas de hasta 600.000 euros.
Se incrementa así el grado de dos infracciones: una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación). Igualmente, los propietarios de las viviendas serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan. Actualmente solo es responsable quien la comercializa, que no siempre es el propietario.
Todas las viviendas que se comercialicen tendrán que cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes y se les exigirá algunos elementos adicionales para mejorar la calidad del servicio que presten a los turistas.
Se incluye también la obligación de identificar a las personas que se van a alojar en la vivienda de uso turístico y se podrá desalojar a los usuarios que incumplan las normas de la vivienda de uso turístico en las que se alojen sin derecho a reembolso.
Además, este decreto prevé mejorar los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevarán a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro.
También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.
Asimismo, Nuria Montes ha indicado que se establecen tres escenarios entre los diferentes regímenes transitorios. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos en que las obtenían.
El segundo régimen transitorio sería para las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor de este decreto ley que mantendrán su inscripción pero tienen un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad de servicio y en 2030 tendrán que renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística.
El tercer régimen será el de las viviendas autorizadas a partir de la entrada de este nuevo decreto ley, "que será el día siguiente de su implementación en el DOGV, posiblemente la próxima semana", ha indicado la consellera.
Así, quedarán inmersas en el nuevo régimen de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada cinco años con la aprobación del informe de incompatibilidad urbanística, así como de certificado vigente de su comunidad de propietarios.
De este modo, Montes ha explicado que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecino quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el inmueble podría quedar excluido del tránsito turístico.
Por su parte, el jefe del Consell ha destacado "el dialogo y el consenso alcanzado con todos los actores para ordenar, aportar rigor y dar seguridad a la gestión adecuada del mercado de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana".
En este sentido, ha explicado que este acuerdo normativo al que ha dado el nombre de "'decreto Montes'" se ha elaborado con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos. "Con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie", ha aseverado.
Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que "nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social". Así, ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.
Para el 'president', este decreto "pone orden, sensatez, diálogo y verdad a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana frente a los últimos ocho años de desorden, ocurrencias e imposiciones".
En este sentido, ha recordado que "mientras una parte del anterior Consell fomentaba la turismofobia y ponía palos en las ruedas del sector, otra permitía que el número de viviendas turísticas aumentara, sin orden, en un 160%". Según los datos facilitados por la administración, el número de viviendas turísticas registradas ha pasado de las 38.319 en 2015 a 105.111 a fecha de 15 de julio.
A este respeto, ha señalado que "ese crecimiento desordenado genera efectos nocivos" y ha asegurado que con este decreto "llegamos a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves".
Y ha reclamado al Gobierno central que convoque la Conferencia Sectorial. "Hay que buscar una respuesta unitaria y una estrategia común", ha apuntado.
Ante esto, la diputada de Compromís y portavoz de Vivienda en las Corts, Maria Josep Calabuig, ha afirmado que el nuevo decreto de regulación de viviendas de uso turístico presentado este jueves "es solo una operación vacía de marketing político y una oportunidad perdida de aportar soluciones al impacto negativo que la proliferación de pisos turísticos está teniendo en el acceso a la vivienda de buena parte de la población".
Al respecto, señala que el decreto presentado "no tiene medidas reales y efectivas" para limitar nuevas licencias de pisos turísticos y actuar contra los alquileres turísticos ilegales que están "proliferando" en edificios residenciales de nuestras ciudades.
Además, critica que "tampoco establece ningún refuerzo y aumento de la inspección" para "revertir a mínimos "la existencia de estos pisos turísticos, "más allá de desentenderse de esa responsabilidad a nivel autonómico y pasarle la pelota a los ayuntamientos".
Para Calabuig "la respuesta ciudadana ante la expulsión masiva de vecinos y vecinas de nuestros barrios ha hecho mover ficha al gobierno de Mazón, pero para no hacer nada realmente cuando dacen falta medidas para frenar la especulación urbanística e inmobiliaria". "La presencia de grandes tenedores de vivienda y de los fondos buitre están generando un grave impacto en el mercado de alquiler, acelerando la crisis de vivienda en todo el territorio y ante esto el PP ha decidido mirar hacia otro lado", le repracha.
Por contra, mantiene que lo que "realmente hacen falta son medidas de regulación del alquiler que cambien completamente el modelo, como la declaración de zonas tensionadas que permite la legislación vigente para limitar los precios y que Mazón se niega a aplicar".
En ese sentido, constata que están comprándose edificios enteros para uso turístico "sin ningún orden, se están llenando las fincas residenciales de apartamentos turísticos sin tener en cuenta al vecindario y esto tiene consecuencias negativas para toda la sociedad". "El PP no quiere entender que la actividad turística no puede desarrollarse en competencia del derecho a la vivienda y mientras no se actúe en ese sentido el problema no hará más que aumentar", concluye.