Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Gobierno Local lleva al próximo pleno de este lunes la propuesta para declarar nulo el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Necso Entrecanales Cubiertas SA, ahora bajo el nombre de Acciona Inmobiliaria SLU. Tal y como recoge la moción firmada el 19 de abril por el alcalde, Toni Pérez, la mercantil posee el 50% de una de las parcelas ubicadas en la zona protegida por el Parque Natural de Serra Gelada. De este modo, se dejaría sin efecto tanto el convenio entre las dos partes de 2003 como el acuerdo plenario posterior y las prórrogas aprobadas en 2010 y 2013.
Como ha ido explicando este diario, el alcalde por aquel entonces, Vicente Pérez Devesa, firmó un acuerdo con los propietarios de estos terrenos que iban a ser protegidos por la Generalitat, y se fue prorrogando años después. Así, el convenio recogía compensarles con edificabilidad en otros sitios de la ciudad por esas parcelas que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. La firma se hizo cuando la Generalitat Valenciana ya había iniciado los trámites para revisar este espacio natural. En el caso de que a los cinco años no se hubiera compensado con los terrenos en otros planes urbanísticos, se les tendría que haber resarcido de manera económica. Pero, 19 años después, ni una cosa ni la otra.
Paralelamente al convenio con Acciona, el Consistorio también firmó el mismo acuerdo con los otros propietarios de la zona, como Antonio Manuel Puchades, Edificaciones Calpe SA, MP Urbanizaciones SL y FPO SA. Es más, el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en el pleno habilitar un importe de 636.000 euros para los terrenos de los Puchades para dar respuesta a una sentencia que así lo pide.
El acuerdo para declarar nulo el convenio con Acciona viene avalado por una resolución del Consell Jurídic Consultiu, que tal y como avanzara este diario, apostaba por la invalidación del mismo. En este caso, afirmaban que "reconocer –en todo caso-, a efectos indemnizatorios y a falta de la compensación, un 'aprovechamiento urbanístico' que no se ha patrimonializado supone 'atribuir unos derechos urbanísticos o aprovechamientos que no habían adquirido, dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización'". De este modo, considera que el acuerdo no puede reconocer unos derechos de aprovechamiento urbanístico sin cumplir con los citados deberes.
Además, entre otros asuntos, asegura que la entidad local asumió simultáneamente la compensación económica de unos derechos urbanísticos inexistentes, el convenio podría devenir en un negocio jurídico con causa ilícita".
