NOVELDA. El Ayuntamiento de Novelda recuperará los más de 88.000 euros que tuvo que pagar hace apenas unas semanas a la mercantil Generala por una disparidad de criterios en cuanto a las liquidaciones por las obras efectuadas en el velódromo al haber prosperado el recurso presentado por el consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha dado la razón al ayuntamiento en su apelación contra la sentencia condenatoria en primera instancia.
El TSJ ha fallado a favor del Ayuntamiento en el recurso que este presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba al consistorio noveldense a hacer efectivo el pago de algo más de 88.000 euros como consecuencia de un procedimiento iniciado por el Grupo Generala, que, años atrás, se adjudicó las obras de restauración y ampliación del velódromo. Fue en 2015 cuando la adjudicataria comenzó el procedimiento judicial contra el ayuntamiento noveldense por considerar que las liquidaciones abonadas por la administración local no se ajustaban a las obras realizadas en las instalaciones del velódromo, un proceso que concluyó con una sentencia condenatoria en 2018 que se hizo efectiva en los primeros días de 2020 cuando, a pesar de estar recurrida ante el TSJ, pues la mercantil había solicitado la ejecución provisional de la misma.
Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia el concejal de Hacienda, Iván Ñíguez, ha mostrado su “satisfacción”por una decisión que considera está “haciendo justicia” con el consistorio noveldense y “enmienda el error” cometido por la Audiencia Provincial que dio la razón a la empresa que, en contra del criterio del entonces arquitecto municipal, reclamó el abono de una serie de actuaciones que, Ñíguez subrayaba, “fueron incluidas como mejoras” por parte de la mercantil de “forma voluntaria”para incrementar la valoración de su propuesta en el proceso de licitación del proyecto de restauración y ampliación del velódromo.
Hay que recordar que en el primer mes del año, el Ayuntamiento de Novelda también ha hecho frente al pago de 298.000€ a Limasa, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de instalaciones municipales y colegios, dando de esta forma cumplimiento al acuerdo transaccional alcanzado con la mercantil para ejecutar la sentencia que condenó al consistorio a abonar 326.000 euros de intereses de demora por el pago atrasado de 60 facturas correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2012 y febrero de 2017.
En este caso el responsable municipal de Hacienda ha querido poner de manifiesto la “voluntad manifiestamente inequívoca” del equipo de gobierno para afrontar a lo largo de 2020, “todos los asuntos judicializados y sentencias pendientes de la última década” para poder dedicar el resto de la legislatura a “realizar las inversiones que la ciudadanía demanda”. A pesar de que Ñíguez lamenta tener que dedicar importantes cantidades de dinero a afrontar sentencias judiciales subraya que es intención del gobierno municipal “dar carpetazo al pasado para, cuanto antes, centrarnos en lo realmente importante, que es el futuro de este municipio”.