VALÈNCIA. (EFE) La recientemente elegida presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Ángela Coquillat, cree que la Administración debe fomentar la creación de una cultura de la prevención del delito similar al proceso que se inició en su momento con la Ley de Prevención de Delitos Laborales.
En una entrevista con la Agencia EFE, esta experimentada penalista lamenta el incesante goteo de casos de corrupción que siguen afectando a cargos públicos en activo, aunque considera que "cada vez hay menos casos" e insiste en que muchos de los que ahora salen a la luz "son temas ya antiguos".
"Actualmente está funcionando la Agencia Antifraude y cada vez existen más cortapisas para la comisión de delitos en la Administración, pero he de admitir que siempre me ha llamado la atención la falta de una cultura de la prevención del delito en este marco -señala-. Al igual que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contribuyó a reducir la siniestralidad, creo que debería hacerse un esfuerzo en material de cumplimiento normativo".
En este sentido, insiste en que existen firmas y procesos de 'Compliance' -cumplimiento normativo- expertos en la detección de fisuras y la creación de protocolos para limitar al máximo la posibilidad de la comisión de un delito. "Al menos, la Administración debería poner todos los medios para prevenirlo", remarca.
Preguntada por la percepción que tienen sus compañeros penalistas del reto de España sobre la corrupción en la Comunitat Valenciana, admite: "En los últimos tiempos nos han dicho que debemos estar haciéndonos de oro... Son bromas, pero realmente creo que la Administración está cada vez más limpia. Eso creo y espero, porque la corrupción nos cuesta mucho dinero a todos".
Coquillat (Elche, 1964), sustituirá al decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, como presidenta de los ocho colegios de abogados de la Comunitat Valenciana (Castellón, Valencia, Alicante, Elche, Orihuela, Alcoy, Sueca y Alzira), cargo que compaginará con el de vicedecana del Colegio de Abogados de Valencia y con la labor propia de su despacho, en el que tramita sin colaboradores todo tipo de asuntos penales.
"Duermo poco -reconoce-; tengo bastante con cuatro o cinco horas, no necesito más, me encuentro bien con esas horas, y eso me permite madrugar mucho y adelantar trabajo".
Esa particularidad en sus hábitos le permite disponer de más tiempo para leer y para formarse, dos de sus aficiones -junto al pasar tiempo en Jávea (Alicante)-, y recientemente ha finalizado un curso de perito judicial en cumplimiento normativo.
"Durante estos últimos meses de pandemia he representado a los abogados valencianos en el comité de seguimiento, junto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Justicia. Uno de los principales problemas al que nos hemos enfrentado es al expediente en papel, a la escasa digitalización", lamenta.
"Hemos de exigirle a la Administración de Justicia que se ponga las pilas. Sin un expediente digital plenamente implantado los fiscales no han podido presentar sus escritos, los abogados no han podido consultar causas... los cambios van muy lentos. Si la Tesorería General o Hacienda ya son plenamente digitales y la Justicia no, el problema es el dinero", insiste Coquillat.
En este sentido, advierte sobre algunos trámites anacrónicos todavía vigentes, como el hecho de que los abogados del turno de oficio hayan de acudir al juzgado para obtener un sello y poder cobrar al final de cada procedimiento.
"El centro penitenciario de Picassent se comunica con los juzgados por fax; y en Vigilancia Penitenciaria o Menores no tienen Lexnet (el sistema de notificación digital). Eso no tiene ningún sentido. Como tampoco lo tiene el encontrar habitaciones continuamente llenas de papel en los juzgados, obstruyendo puertas incluso; se debe dar un impulso a la digitalización", lamenta.
Sobre este mismo asunto, la presidenta del CVCA señala que "la Conselleria de Justicia conoce todas estas deficiencias, sabe cómo funcionan los juzgados", y cree que "está alineada" con sus reivindicaciones. "Es un buen momento para impulsar una modernización por la disponibilidad de fondos europeos", apunta.
Actualmente el CVCA trabaja en la elaboración de un protocolo en el que se establezcan recomendaciones para la suspensión de vistas por maternidad o paternidad de los abogados y en la implantación, a partir del próximo 1 de julio, del nuevo servicio Justiprop, creado por la Conselleria de Justicia para la atención judicial de los ciudadanos residentes en ayuntamientos de más de 7.000 habitantes que no sean cabeza de partido judicial.
"Empezaremos en La Pobla de Farnals y Foios en Valencia, y en Monforte del Cid y Cox (Alicante). Es un turno y los abogados cobrarán como una guardia. Recibiremos a los ciudadanos que tengan alguna consulta y les remitiremos a las oficinas más adecuadas, e incluso les ayudaremos en sus trámites", concluye Coquillat.
