Agustín Ferrer, presidente del CVCAVALÈNCIA. El pasado 5 de enero, el pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados acordó remitir a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una petición de información sobre el calendario previsto por la campaña de vacunación contra la COVID-19. En concreto, se solicitaba: “si hay previsto algún protocolo o fase específica para estos profesionales – en referencia a los abogados en general y los letrados que prestan el servicio público del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, en particular-”. La respuesta remitida al Consejo desde la Conselleria de Sanitat es que “se tendrá en cuenta para trasladar al Ministerio de Sanidad… y que la Conselleria distribuirá la vacuna de la COVID-19 de acuerdo con el orden que se define en la Estrategia anteriormente citada…”, en la que denuncian que no figuran los profesionales del derecho.
Desde el órgano que representa a la Abogacía de la Comunitat Valenciana, se defiende que los letrados que se dedican a un servicio público esencial como es la Asistencia Jurídica Gratuita al ciudadano, deben entrar en un calendario de vacunación con un protocolo específico. Esto se debe a que “ya en los peores momentos del confinamiento que se vivieron con la primera ola de la pandemia, los compañeros tuvieron que pasar por momentos muy duros, sin las mínimas medidas de protección y teniendo que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana”, según explica el presidente del CVCA, Agustín Ferrer.
Ferrer afirma que el peligro al que se enfrentan los profesionales de la Abogacía, en particular los abogados del Turno de Oficio, es evidente por ser un servicio público esencial. A lo que se añade que “muchas infraestructuras en las que se presta el servicio de atención jurídica a detenidos y víctimas no disponen de las mínimas condiciones que se requieren de seguridad contra el coronavirus”. Desde el Consejo se hace especial referencia a determinados juzgados a lo largo de la Comunitat o dependencias policiales y de la guardia civil.
“Creemos que los profesionales del derecho que están llevando a cabo una labor tan importante como es garantizar el derecho de defensa del ciudadano, deben prestarlo sin que ello suponga un peligro para su integridad física. De no ser así, el propio ejercicio de este derecho fundamental se resentirá”, afirma el presidente del CVCA.
