ALICANTE. El conflicto laboral instalado desde antes del verano en la contrata de limpieza de colegios y edificios públicos de Alicante, ahora en manos de Clece (filial de ACS) y Fissa bajo la denominación de UTE Limpal, acaba estallando con la ruptura de las negociaciones entre la plantilla y la dirección de la empresa. El último intento para alcanzar un laudo que diese solución a parte de las reivindicaciones de los trabajadores se zanjó, este miércoles, sin posibilidad de acuerdo, por lo que el comité de empresa anunció su intención de emprender acciones legales para que sea un juez quien determine si procede o no que se apliquen sus peticiones.
Las circunstancias que llevaron al comité de empresa a plantear un conflicto colectivo ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Conselleria de Empleo -el paso previo a la reclamación en un juzgado de lo Social- ya son conocidas: según la versión de los empleados a cargo del servicio, concurre falta de maquinaria y material para llevar a cabo su trabajo; recorte de horas de prestación efectiva; existencia de bajas sin cubrir y obligación de trabajar todos los domingos, entre otros puntos.
Así, la ejecutiva del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) precisó, a través de un comunicado, que una vez alcanzado un acuerdo respecto a la programación de las vacaciones de los empleados, antes del verano, este miércoles se trataba de retomar la negociación para solucionar el resto de asuntos pendientes, con la prioridad de que se garantizase las libranzas de los domingos. Sin embargo, según el SEP, los responsables de la empresa plantearon una alternativa "mucho más perjudicial para todo el colectivo" que provocó la ruptura de las conversaciones.
En paralelo, otro de los puntos que ha provocado el estallido del conflicto es la aplicación de los primeros despidos "presuntamente irregulares" de empleados que venían encadenando varios contratos "en fraude de ley", según los representantes de los trabajadores. La situación concreta de uno de esos empleados despedido "después de haber estado trabajando pese a encontrarse en situación de baja médica" se planteó, precisamente, en el pleno ordinario de este jueves, a colación de una pregunta formulada por la edil no adscrita, Nerea Belmonte, sobre la mediación comprometida por el equipo de Gobierno, del PP, para tratar de conseguir su readmisión. El alcalde, Luis Barcala, precisó al respecto que, en efecto, él y el edil de Infraestructuras, Israel Cortés, habían tratado de mediar con la UTE para que se estudiase su reincorporación. Sin embargo, no precisaron ningún avance. Dicho trabajador inició, a principios de octubre, una acampada de protesta en la Plaza del Ayuntamiento.