El acceso al clúster alimentario de Mercalicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El clúster alimentario de Mercalicante afronta 2023 con expectativas de mejora en su volumen de negocio pese a la incidencia que sigue teniendo la invasión de Ucrania en el sector agroalimentario y pese al alza de precios de la energía que también afectan al funcionamiento de sus naves. Esa prospectiva en positivo permite que la empresa mixta, participada por el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Agricultura a través de Mercasa, haya incrementado su previsión de ejecución de inversiones respecto a los años precedentes hasta el punto de planificar un primer paquete de actuaciones por valor de 992.375 euros durante el próximo ejercicio. Se trata de una planificación que se considera viable una vez garantizada su continuidad más allá de 2025, después de que se haya completado su transformación en una empresa 100% de titularidad pública de duración indefinida.
De hecho, esa reconversión -a la que el pleno del Ayuntamiento le dio luz verde en marzo de este año- es la que permite afrontar esas actuaciones de mejora y modernización de las instalaciones del clúster, con el fin de renovarlas y ganar capacidad operativa, puesto que se permite recurrir a la contratación de un nuevo préstamo para poder financiarlas, al margen del suscrito con su socio Mercasa en el año 2000 frente al que se sigue respondiendo tras el acuerdo de refinanciación que se alcanzó en 2018.
¿En qué va a consistir ese primer paquete de inversiones? Tres son las que revisten mayor relevancia: en primer término, una batería de obras de modernización de instalaciones generales y de clientes, valoradas en 320.000 euros; en segundo lugar, otro conjunto de actuaciones de mejora de las instalaciones que afectan a los suministros de agua, de electricidad, de eficiencia energética y adquisición de equipos, por otros 100.000 euros; y, en tercer lugar, la primera fase de la renovación de la cubierta del edificio de la Nave II, con un coste estimado de más de 487.000 euros.
En concreto, se baraja que esta última intervención tenga continuidad en 2024 para completar la instalación de la nueva cubierta en su totalidad. Así, se ha previsto un mecanismo de financiación aplazada, de modo que el 20% de su coste quede asumido con fondos propios, mientras que el 80% restante se sufragará mediante la contratación de un crédito a siete años, según se concreta en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación del que se dio cuenta en la última reunión del consejo de administración de la sociedad.
En esa planificación -sujeta a revisiones posteriores- se anticipa, además, que las inversiones se prolongarán, en realidad, durante los próximos cinco años (el periodo 2023-2027) hasta sumar un volumen global de más de 4 millones. A las mejoras por 992.000 euros previstas para 2023, se pretende añadir otros 663.875 euros destinados a la segunda fase de la cubierta de la Nave II, a la modernización de las puertas de muelles en las Naves I, II y III y al desarrollo de trámites administrativos de regularización urbanística de distintas parcelas.
Las inversiones previstas para 2025 ascienden a otros 1.267.941 euros que se concentran, esencialmente, en la propuesta de adquisición del almacén del mayorista de juguetes Jupesa, situado en el recinto empresarial. En 2026 se plantean actuaciones valoradas en otros 800.000 euros para completar esa operación de compra y continuar con las obras de sustitución de cubiertas de las naves. Y en 2027 se incluyen otros 300.000 para ese mismo fin.
Al margen de las previsiones de inversión para el próximo lustro, el avance de la liquidación del ejercicio de 2022 también refleja cifras positivas en la medida en que se estima que pueda alcanzarse un beneficio de 201.761 euros. La cifra deriva, fundamentalmente, del efecto provocado por el arrendamiento de parte de la Nave ZAC4 al Grupo Dia para la instalación de un centro logístico, que se materializó en junio de este año, como informó este diario.
Eso sí, el resultado económico es un 48% inferior al esperado hace un año, calculado en más de 386.000 euros y que se habría reducido en 184.821 euros como consecuencia del incumplimiento de las previsiones delimitadas para el servicio de aduana (LAME) para la exportación de mercancías. En concreto, se habría producido un descenso del 44% respecto a 2021.
Pero, además, en la reducción del beneficio esperado también habría incidido la imposibilidad de arrendar una de las parcelas ubicadas junto al acceso para instalar una estación de servicio, ante el rechazo a su autorización conferido por el departamento de Carreteras, así como el impago del alquiler de una de las empresas que arriendan una de las naves principales del clúster, con la que existe una negociación en curso para rescindir los contratos afectados que ponga fin a las reclamaciones judiciales en curso.
