La consellera de Hacienda, Ruth Merino, con el presidente Carlos Mazón. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALENCIA (VP/EP). El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha decidido finalmente dar un poco de oxígeno a las Comunidades Autónomas, a las que no exigirá el equilibrio presupuestario en 2024, como era su intención inicial, sino en 2025. El Ejecutivo remitió este lunes el Plan Presupuestario de 2024 a la Comisión Europea, donde contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril.
Está décima de margen supondrá, para el Gobierno de Carlos Mazón, que presentará el proyecto de Presupuestos a finales de este mes de octubre, unos 135 millones de euros de gasto adicional al que habría tenido si el objetivo hubiera sido el 0% como se contempló en Programa de Estabilidad, según el cálculo realizado por este periódico a partir de los últimos datos de déficit publicados.
La cifra de déficit permitido era una de las variables que necesitaba conocer la Conselleria de Hacienda para preparar el presupuesto. Una tarea complicada para el departamento que dirige Ruth Merino, ya que el Gobierno en funciones se ha negado a especificar el montante de las entregas a cuenta que repartirá a las CCAA ni el de la liquidación del ejercicio de 2022, que se recibe dos años después y que en el caso de la Comunitat Valenciana es siempre una cantidad importante.
Lo que sí se mantiene en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas es el objetivo inicial de déficit al 3% para el conjunto de las administraciones españolas, incluida la Seguridad Social, tal como se contemplaba en el Programa enviado en abril. Esa décima de más margen para las CCAA será asumida por la Administración Central, que en lugar del 3% inicial podrá incurrir en un déficit del 2,9%.
Por su parte, la Seguridad Social mantiene el déficit previsto en el 0,2% para 2024, tal y como figuraba en el Programa de Estabilidad. Para las entidades locales se mantiene también la proyección de un superávit del 0,2% para el próximo año.
El plan remitido a Bruselas apunta a que la buena marcha de la economía permitirá reducir la ratio deuda/PIB hasta el 108,1% ya en 2023, adelantando en un año el objetivo de situarla por debajo del 110%. El próximo año continuará reduciéndose hasta el 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.
En el Plan Presupuestario, el Gobierno en funciones ha elevado su previsión de crecimiento de este año para el Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,4%, tres décimas por encima de la proyección anterior, mientras que ha recortado cuatro décimas su estimación para el avance de la economía en 2024, hasta el 2%.
Como cada octubre, el Gobierno ha enviado a la Comisión este informe en cumplimiento con las normas comunitarias. El texto con destino a Bruselas cuenta tanto con las previsiones del cuadro macroeconómico, como con la evolución de las finanzas públicas del país y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Desde el Ejecutivo explican que en 2023 el efecto de una política monetaria más contractiva de lo esperado se compensará con la sorpresa positiva de las exportaciones de servicios no turísticos.
Las estimaciones apuntan a que el PIB en el segundo semestre perderá fuelle por la contracción monetaria, principalmente a través de la desaceleración del consumo privado por el impacto directo del endurecimiento de las condiciones monetarias. Por otro lado, la economía española sufriría el impacto directo de la política monetaria contractiva a través de la demanda exterior.
De su lado, el menor crecimiento proyectado para la zona euro explica la revisión a la baja en el crecimiento del PIB para 2024, mientras el consumo y la inversión acelerarán su crecimiento.
A pesar del endurecimiento más persistente de lo esperado de las condiciones monetarias, el Gobierno defiende que la economía española mantendrá su dinamismo. En 2024, el crecimiento del PIB pasará a descansar en la demanda nacional, así como en la moderación de la demanda externa.
El Ejecutivo señala que la aceleración prevista del consumo y la inversión en 2024 se sustentará en el despliegue del Plan de Recuperación, el dinamismo del mercado laboral y la solvencia financiera de hogares y empresas.
Para el conjunto de 2023 y 2024, el Gobierno prevé la creación de 700.000 empleos a tiempo completo y la reducción de la tasa media de paro hasta situarse por debajo del 11% el año próximo, con un volumen de activos que rondará por entonces los 24 millones de personas.
El Gobierno destaca además que seguirá mejorando la calidad de empleo y que la remuneración por asalariado crecerá a tasas superiores a las del IPC.
Asimismo, estima que la capacidad de financiación de España se elevará hasta el 3,5% del PIB y seguirá bajando la posición deudora neta del país frente al resto del mundo, que en el segundo trimestre de 2023 se situó en el 56,6% del PIB, "el menor registro desde 2004".
Los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda han explicado en un comunicado que la elaboración del Plan Presupuestario está condicionada por la situación del Gobierno en funciones. Al tener limitada su capacidad normativa, éste no puede aprobar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar otras iniciativas legislativas salvo casos de urgente necesidad debidamente justificados.
Esta circunstancia, explican, conlleva que el Plan Presupuestario se haya realizado en un escenario fiscal inercial, es decir, en ausencia de cambios o nuevas medidas.
"En cualquier caso, esto no presupone que en el futuro no se puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año", apuntan ambos ministerios.
Por el lado de los gastos, sí se incluyen algunas medidas por considerar que se adoptarán en cualquier escenario, como la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos para 2024.
El Plan Presupuestario de 2024 contempla una previsión de ingresos en un escenario inercial debido a la situación de un Gobierno en funciones. En ese contexto, la estimación del Gobierno es que los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas representen el 42% del PIB, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional, ligeramente por encima del 41,9% del PIB de 2023.
De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, la recaudación por impuestos alcanzará los 382.755 millones de euros, lo que implica un incremento del 7,5% en comparación con 2023. Este incremento es similar al previsto para este año (+7,6%) y, según el Gobierno, "se debe al buen comportamiento del IRPF por la mejora del empleo o por el aumento de las pensiones".
También contribuirán a los mayores ingresos impositivos en 2024 la subida de tipos a las rentas más altas superiores a 300.000 euros o el impacto de la limitación de la compensación de pérdidas en grupos en el Impuesto sobre Sociedades.
Para el próximo año, el Gobierno estima un incremento de las cotizaciones sociales del 6,4% por el dinamismo del mercado laboral y el despliegue de la reforma de las pensiones.
Por el lado de los gastos, el Plan Presupuestario contempla alcanzar un gasto de 694.268 millones en 2024, lo que supone el 45% del PIB, frente al 45,8% de 2023.
El Ejecutivo sostiene que esta evolución del gasto es compatible con la revalorización de las pensiones conforme al IPC e incluye el incremento del 2% para las retribuciones de todos los empleados públicos en 2024, porcentaje que podría aumentar un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado, según lo pactado con los sindicatos.
