El abogado Manolo Mata. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Los problemas de medios en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, han derivado en un enfrentamiento a través de los escritos judiciales. El abogado y exportavoz del PSPV en Les Corts Manolo Mata ha respondido a la Fiscalía en su último recurso presentado que tiene una "animadversión hacia la actividad política".
Este cruce de acusaciones proviene de la lentitud a la hora de trasladar a las partes el volcado de la documentación que ya no se encuentra secreta. Como informó Valencia Plaza, pese a la petición del juzgado, la Conselleria de Justicia no ha facilitado todavía recursos tecnológicos con los que agilizarlo –como una nube–, de manera que algunas defensas mostraron su descontento.
Tal fue el caso de Mata, que ejerce la defensa de uno de los principales investigados del caso y considerado cabecilla de la trama: el empresario Jaime Febrer. Anticorrupción le contestó en un escrito –en el que evidenciaba su enfado– que quien tiene competencias para facilitar el traslado de los documentos es la Conselleria, lugar al que debería dirigirse: "Bajo la supuesta vulneración de la existencia de actuaciones secretas, quiere achacar a la instructora la carencia de medios tecnológicos en los juzgados de instrucción de Valencia, los cuales carecen efectivamente de servidor y de nube para poder realizar el traslado de una voluminosa documentación que ha sido digitalizada con el exiguo personal que cuenta. Los problemas y la carencia de medios en la justicia valenciana deberían ser de sobra conocidos por el recurrente, dada su condición de político, y dirigir los reproches a las entidades encargadas de suministrar los medios, puesto que como bien sabe no existe ninguna partida presupuestaria asignada a Juzgados o a Fiscalía. Indicarle igualmente que la Fiscalía no ha dispuesto de esa ingente documentación al carecer de almacenamiento para ello con las debidas garantías de impedir acceso al mismo".
Ahora, Mata ha respondido a Anticorrupción en un nuevo recurso: "Desde mi colegiación en febrero de 1984 jamás había leído un escrito de un representante del Ministerio Público que aludiera a una condición personal, en este caso la militancia política y el ejercicio de cargos públicos, de manera esporádica, no ya del recurrente, sino del letrado del recurrente. Esta cuestión carece de importancia y tampoco es cuestión de polemizar sobre la proverbial carencia de medios de la administración de justicia, muy atemperada en estos últimos años con importantísimas inversiones, pero que es trasladable a cualquier ámbito de gestión pública, educación, sanidad o atención social. Sabido es que las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas lo son. Tal vez lo que se debería cuestionar es el ingente gasto público en instruir “macrocausas” que finalmente no llegan al buen término en el que confían los instructores. Carece de explicación la adopción de medidas de la envergadura de las emprendidas cuando la Fiscalía y la instructora reiteran que no se investiga al señor Febrer por malversación. No hay perjuicio económico para ninguna administración en sus actuaciones, pero ha estado cinco meses en prisión mientras se le localiza un supuesto dinero en el extranjero que no existe, que en cualquier caso sería suyo pues no es fruto de un quebranto económico de la administración".
"La mención a la política refleja una animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción"
La cosa no queda ahí y el letrado prosigue: "La cuestión es que tal mención, la mención a la política, desde quien la hace, refleja una animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción. Esa consideración no es meramente retórica. Son ya muchos los asuntos investigados en los juzgados en los que la actividad jurídico administrativa, no siempre absolutamente comprensible para juristas no especializados en la materia, se analiza desde el prisma de la presunción de ilegalidad si intervienen políticos. Si además, esa intervención del político, o en ocasiones funcionario, mantiene una vinculación con otros políticos, compañeros de formación política, ex políticos, allegados a políticos o familiares de políticos basta con tirar de ese hilo, a efectos de investigación, para poder llegar a una inquisitorial criminalización de conductas, desdeñando otras posibles líneas de investigación seguramente menos atractivas pero más cercanas a la realidad. No se analiza igual las relaciones entre amigos de la infancia, compañeros de instituto o Universidad, creyentes de la misma confesión religiosa o seguidores del mismo club deportivo. 'La política es corrupta y sus familiares son presuntos delincuentes' parece ser el origen de algunas de estas carísimas 'macrocausas', no sólo en coste económico sino en vulneración de derechos constitucionalmente protegidos".
Al margen de este evidente enfrentamiento, el recurso presentado por el exportavoz del PSPV pide que se alce el secreto de todas las actuaciones, que se garantice su entrega completa a las partes y que se otorgue un plazo razonable, nunca inferior a seis meses desde el alzamiento, "para poder ejercer el derecho de defensa con todas las garantías, sin que se genere indefensión como ha sucedido en estos cinco años" por tratarse "de una investigación prospectiva".
Además de defender a su cliente, también hace mención a lo que considera "injusticias" vividas por el resto de acusados principales del caso. Desde José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá –de hecho se adhiere a su recurso– hasta el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafa Rubio.
Sobre Febrer, remarca que "jamás adquirió ninguna sociedad fiduciara radicada en Luxemburgo ni en 2011 ni ningún otro año", como así apunta la investigación. Y critica la prisión preventiva que dictó la jueza. "La no libertad, con absoluto desconocimiento de qué se investiga y la convicción de que se investiga hechos que nunca sucedieron, como la compra de una sociedad radicada en Luxemburgo, están llevando a una muy preocupante situación anímica, emocional y de deterioro psíquico de Jaime Febrer. Que no sólo no puede conocer las razones por las que se le acusa de tan graves delitos, sino que ni siquiera es capaz de poder ejercer su defensa respecto de hechos que desconoce u otros de los que sabe falsos", afirma.
"El transcurso de dos meses en prisión (de ellos tres días en un calabozo), con una investigación de más de cuatro años, es tiempo más que suficiente para llevar a cabo cuantas acciones se haya estimado pertinentes para garantizar la integridad de las fuentes de prueba, debiendo cesar la prisión provisional acordada respecto de mi representado. Resulta intelectualmente imposible imaginar cómo podría evitar comprobaciones, condicionar declaraciones o pervertir de algún modo diligencias pendientes", añade.
Mata asegura que "lo único cierto" es que Febrer "estuvo cinco meses en prisión mientras llegaban las comisiones rogatorias de Luxemburgo que fueron negativas, a la búsqueda de un dinero que, de existir, habría obtenido legítimamente porque, como recalca la instructora, no hay hechos relatados que describan la conducta típica del delito de malversación".
"El éxito de la investigación es el de haber determinado que como el señor Corbín es cuñado de Rita Barberá, todos sus actos son corruptos y, como el señor Vera es cercano a los socialistas, también es corrupto"
"Resulta irrelevante para los investigadores que sus propios informes determinen que ninguna de las empresas vinculadas a Febrer nunca contrató con el Ayuntamiento de Valencia; que muchos contratos con Corbín se rescindieron; que se anularan muchas de las facturas giradas y nunca se hicieran efectivas; o que incluso contando la UCO con la factura de honorarios de Corbín por el procedimiento indemnizatorio en el que el hijo de Febrer percibió 450.000 euros por un accidente de tráfico, necesitaba vincularlo con una trama política", censura en el recurso.
En su opinión, se criminaliza varias actividades del empresario en diversos campos, "todas ellas ruinosas hay que advertir", en las que se dice que no hay malversación pero se indica que puede haber cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales. "Lo que se hace es analizar documentos y sobre todo supuestas anotaciones suyas y citas de su agenda vinculadas a un centenar de posibles negocios, contratos con decenas de profesionales (muchos de ellos muy prestigiosos, alguno que trabaja a resultado pero al ser ex jefe de la AEAT no se le investiga, u otros que informan de reuniones con altos cargos, funcionarios, que prometen cambios en pliegos, etc.) y contactos con varios centenares de personas. De las decenas de profesionales, las pesquisas se limitan al señor Corbín y al señor José Luis Vera –ex responsable de riesgos penales de la empresa pública Divalterra– y no se investiga a quienes, ejerciendo como profesionales liberales, no son políticos", comenta.
De Vera, indica, resulta irrelevante su amplia trayectoria como magistrado sustituto ni sus años de ejercicio como abogado. "Sólo interesa, a efectos de la investigación, su condición de que formaría parte, de alguna manera, de los socialistas valencianos", dice. Y prosigue: "El éxito de la investigación es el de haber determinado que como el señor Corbín es cuñado de Rita Barberá, todos sus actos son corruptos y, como el señor Vera es cercano a los socialistas, también es corrupto. La investigación sólo es posible si se determina que dos abogados, Vera y Corbín, al estar vinculados a la política indirectamente (uno vinculado de alguna manera y otro familiarmente) son unos absolutos inútiles y sólo se les puede contratar si es para corromper".
