VALÈNCIA. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, daba a conocer la pasada semana durante su intervención en Les Corts que finalmente prorrogaría la concesión a Grupo Ribera del departamento de salud Elx-Crevillent. Lo hacía tras anunciar la remisión a la empresa concesionaria del documento que recoge las normas de verificación y coordinación en las que se especifican los criterios que condicionan la prórroga del contrato.
Según explicaba Sanidad, dichos criterios se centran en el cumplimiento con las liquidaciones y en la obligación de mantener niveles de calidad asistencial. Unos compromisos a los que Ribera añade, según explica en una carta a los trabajadores del departamento, la inversión en tecnología, además de control y seguimiento. En este sentido, desde la direccion apuntan a un plan estratégico 2025-2030 que incluye "una muy importante inversión" en infraestructuras, nuevo equipamiento, "una apuesta firme" por la robótica e innovadores sistemas de información.
En el caso del control y seguimiento público, señalan que se seguirá facilitando la información que se requiera a la administración, "como siempre hemos hecho", y agradecen a la conselleria la coordinación, supervisión y comunicación continua. En este sentido, explican el acuerdo con el departamento de Gómez de retomar la periodicidad de las reuniones de la comisión mixta y cerrar las liquidaciones pendientes, "algo que la concesionaria reclamó insistentemente en el pasado sin obtener respuesta por parte de gobiernos anteriores", señalan.
Cabe recordar que las comisiones mixtas de las concesiones sanitarias son un órgano que puede tomar decisiones vinculantes y en el que se reúnen miembros de la Conselleria de Sanidad y de la empresa gestora para llegar a puntos en común sobre las liquidaciones y otras cuestiones. Sin embargo, tras varios conflictos entre concesionarias y administración durante el anterior Gobierno del PP y el Botànic, éstas quedaron en desuso y dilataron el acuerdo y pago de las liquidaciones.
Mientras, desde Ribera se muestran en comunión con la decisión de Sanidad de prorrogar la concesión. "En definitiva, estamos satisfechos con esta decisión que contempla la prórroga hasta 2030 por haberse tomado atendiendo a indicadores de salud objetivos y no otras cuestiones, y porque confirma que hemos cumplido con las condiciones del contrato inicial y que el servicio continuará prestándose como hasta ahora, con criterios de máxima calidad y eficiencia, para tranquilidad de profesionales y pacientes", señala la compañía.
Cabe recordar que el Gobierno de Carlos Mazón sí decidió revertir a lo público las concesiones de Dénia -también gestionada por Ribera tras comprar el 65% a DKV- y la de Manises, gestionada por Bupa Sanitas. En esos casos, se apuntó al "clima social y laboral generado" en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica debido a que ya se había comunicado la no prórroga de la misma.
El contrato, según ya explicó la conselleria, se alargará por un período de 5 años desde junio de 2025, tal y como establecen los pliegos de condiciones, siempre que se mantengan los actuales indicadores de calidad. "Una decisión que entendemos objetiva y rigurosa, porque avala los excelentes resultados alcanzados durante estos años, que sitúan al Departamento de Salud del Vinalopó entre los más eficientes y con mejores indicadores de salud de la Comunidad Valenciana", apuntan a los trabajadores desde la compañía.
De hecho, finalmente no parece que vaya a plantearse la prórroga "año a año", como apuntaba el conseller en una entrevista a Valencia Plaza. "Si al final se tomase la decisión en base a criterios de eficiencia, de satisfacción del ciudadano, de indicadores de actividad y de calidad de prorrogarse, siempre lo haríamos exclusivamente por un año, y sería prorrogable tras un exhaustivo control. El contrato permite renovarlo por cinco años. Si lo requiere la situación, lo haremos con contratos anuales, porque no queremos precipitarnos en ningún tipo de decisión", señalaba.
No obstante, Gómez aseguraba en una de sus últimas intervenciones que “si se cumplen las normas se prorrogará y si no se cumplen no se prorrogará y habrá una base jurídica de utilidad pública para asumir la gestión". En este sentido, se recordaba que la aprobación de las normas de verificación y coordinación no condiciona la decisión final de la Administración respecto a la prórroga del contrato de concesión. Es decir, la Generalitat tiene que aprobar un año antes estas normas de verificación porque así lo contempla la ley de Contratos del Sector Publico para evitar una prórroga automática, "pero la aprobación de estas normas ni incluyen ni excluyen por si mismas la mencionada prórroga", puntualizaban.
