Planta fotovoltaica, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las energías renovables, y especialmente en los últimos tiempos la fotovoltaica, siguen en auge. No solo porque su carácter 'verde' las haya impulsado en un contexto de apuesta por la descarbonización y sobre todo desde la derogación del 'impuesto al sol'. También porque, en unos momentos de escalada absurda e imparable del precio de la luz, las renovables se antojan la clave para abaratar la energía.
Sin embargo, el marco legal que se ha diseñado para favorecer su implantación en España y en la Comunitat Valenciana, y que viene ajustándose con retoques de un par de años a esta parte, parece en ocasiones dificultar su desarrollo, más que animarlo. La norma, así, incluye más de una piedra para los pequeños productores y los inversores que no son multinacionales o fondos de capital riesgo, tal como lamentan fuentes del sector. La última, la incertidumbre sobre qué pasará con el aval que hay que depositar para solicitar un punto de enganche a la red para una planta.
Primero fue el cambio urbanístico de la Generalitat: para agilizar los plazos, cambió en 2019 el 'modelo DIC' (la declaración para permitir placas en suelo rural podía tardar en llegar hasta dos años) por los informes favorables de tres consellerias. La medida, destinada a agilizar las plantas, provocó el efecto contrario hasta que en agosto de 2020 se aprobó el decreto que marcaba las pautas. Un año de retraso que penalizó a los pequeños inversores, pues las plantas de más de 50 MW de potencia se tramitan ante el Ministerio.
Un mes antes de que el decreto viera la luz, además, llegó la decisión del Gobierno de 'congelar' las nuevas conexiones para limpiar un sector donde comenzaba a formarse una preocupante burbuja. De nuevo, los pequeños productores, con mucho menos riñón para aguantar la incertidumbre que los grandes especuladores a los que se pretendía frenar, se llevaron la peor parte. Poco después, el Gobierno puso en tela de juicio el famoso decreto de renovables del Consell, menos proteccionista que la norma nacional.
Ahora, el problema para los pequeños viene de más arriba, pues emana de la nueva Ley de Transición Energética. Precisamente para evitar la práctica especulativa de solicitar 'al peso' una determinada cantidad de MW para volcar en una subestación sin tener aún un proyecto en marcha, la nueva ley establece que se ejecutará el 20% del aval depositado a aquellos promotores a los que se deniegue la solicitud de volcado. Paradójicamente, la norma vuelve a penalizar a los pequeños, que son los que no se pueden permitir perder ese aval.
¿Cómo? Un pequeño productor explica que "para que puedas asegurar que te van a dar el punto de conexión, la ley obliga a los operadores a publicar en su web la capacidad de las subestaciones, para que no pidas capacidad donde no hay". Sin embargo, "los operadores indican expresamente en sus webs que los datos que ofrecen son meramente informativos, y que para acceder a los reales hay que presentar la solicitud en forma, con el aval". La pescadilla que se muerde la cola: si se pide volcar donde no queda capacidad, se pierde el aval, pero para saber si queda capacidad, hay que depositarlo.
La primera consecuencia de esta nueva regla del juego es que los pequeños promotores fotovoltaicos han comenzado a pensarse mucho los nuevos proyectos que estaban impulsando. "Si presento la petición en base a la información de la web porque dice que sí hay, y luego no me lo conceden porque era meramente informativo, ¿me ejecuta Industria el aval?", critica otro de los empresarios consultados. "Eso al margen de que solo dicen las capacidades de los trafos, pero no hay manera de saber si una línea concreta va a ese trafo... al final, opacidad para que los que acceden a información privilegiada nos adelanten al resto".
