Ximo Puig, durante su visita a la planta solar de X-Elio en Xixona, donde anunció el decreto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. En el siempre agitado sector de las energías renovables, parece que una vez más la Generalitat y el Gobierno central (ahora en manos de los mismos partidos) se han puesto a remar en direcciones opuestas al mismo tiempo. Mientras el Consell ultima la aprobación de un decreto para agilizar la construcción de plantas solares fotovoltaicas, con una apuesta clara por potenciar en los próximos años el recurso a las energías renovables, el Ejecutivo central acaba de publicar un Real Decreto que congela las nuevas conexiones hasta próximo aviso.
La intención del citado Real Decreto es, en realidad, 'poner orden' en un sector que en los últimos años ha sido dominado por grandes fondos de inversión y en el que no siempre las reservas de conexión a la red para volcar energía solar se acaban concretando. Unas prácticas especulativas que el Gobierno pretende ahora atajar con una reforma en profundidad de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, y con una serie de medidas adicionales como acortar los plazos para finalizar proyectos en marcha (en caso contrario se anularán) o, sobre todo, la suspensión de las nuevas autorizaciones de entronque para plantas fotovoltaicas.
Esta suspensión, establecida en la disposición transitoria primera del Real Decreto publicado este miércoles en el BOE, supone en la práctica que, hasta que el Gobierno no apruebe el Real Decreto y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia haga lo propio con la circular normativa para desarrollar la nueva ley, Red Eléctrica Española (REE) no admitirá nuevas solicitudes de permisos de acceso para plantas fotovoltaicas. Es decir, salvo contadas excepciones (como el autoconsumo), las conexiones de plantas y, por tanto, el interés para construirlas, se congela sine die.
La medida, a la larga, puede beneficiar a los pequeños productores que habitualmente se han visto expulsados del mercado en los últimos dos años por los grandes fondos, pero por el momento unos y otros se quedan en el limbo, una vez más. La decisión del Gobierno llega, además, escasos días antes de que la Generalitat alumbre su propio decreto para agilizar la construcción de plantas, y que ahora tendrá que adaptarse al nuevo escenario (tanto a la congelación actual como a la futura regulación, más restrictiva).
De hecho, la directora general de Industria, Empar Martínez, ya está analizando al detalle el Real Decreto del Gobierno con su equipo, para ver cómo adaptarse e introducir las modificaciones necesarias en su propio decreto. Este texto, como ha contado Alicante Plaza, unirá las consideraciones de la Conselleria de Economía, la de Transición Ecológica y la de Política Territorial para establecer la definición de "instalación de interés estratégico", de forma que aquellas instalaciones fotovoltaicas que merezcan esta consideración puedan tramitar la licencia municipal para las obras sin necesidad de obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC), como sucedía hasta ahora.
Precisamente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la inminente aprobación de este decreto, previsto en principio para julio, durante su reciente visita a la planta fotovoltaica de la multinacional X-Elio en la localidad alicantina de Xixona, que es en estos momentos la instalación más grande de la Comunitat Valenciana. El decreto ley completará el cambio en la Lotup que entró en vigor en enero y que eliminaba la necesidad de obtener la DIC para las plantas fotovoltaicas a partir de 5 MWp y hasta 50 MWp. Según destacó Puig, el Consell definirá los parques fotovoltaicos como inversión estratégica para facilitar al "máximo la inversión" y eliminar "engorrosos trámites" que no contribuyen a generar seguridad.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno ha considerado que la insuficiencia de la regulación actual impide diferenciar las solicitudes correspondientes a proyectos firmes y viables de las que "obedecen a comportamientos de carácter especulativo", tal como indica literalmente el Real Decreto. Los "fundados indicios" de dicha práctica, según el Ejecutivo, son la escasa madurez de los proyectos en el momento de realizar las peticiones, el aumento de peticiones en los últimos 16 meses a un ritmo medio de casi 30.000 MW mensuales, y que en el 60% de los casos, una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares no han solicitado los permisos de conexión.
