Residencial en obras en el PAU-1 de Alicante, a principios de mayo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La provincia de Málaga y su marca turística de la Costa del Sol suelen ser el espejo en el que se mira la provincia de Alicante, especialmente en lo que se refiere al sector turístico y al inmobiliario. 1,6 millones de habitantes, 36.000 millones de PIB o 19,8 millones de pasajeros en su aeropuerto en 2019 son cifras que convierten a Málaga en la 'Alicante andaluza' (1,8 millones de habitantes, 35.000 millones de PIB y 15 millones de pasajeros en El Altet). Pero una vez más, como sucedió con la apuesta cultural (con el Museo Picasso) o la tecnológica (Accenture abrió años antes en Málaga), la Costa del Sol vuelve a tomar la delantera a la Costa Blanca, en este caso en las medidas de impulso al sector inmobiliario tras la pandemia.
Así, esta misma semana el Ayuntamiento malagueño de Marbella ha aprobado la aplicación del procedimiento de urgencia en todos los expedientes y licencias urbanísticas (lo que incluye estudios de detalle, planes parciales o de sectorización, aunque no se aplicará a los relativos al PGOU), y además ha reducido a la mitad los trámites administrativos. El objetivo, tal como recoge el portal especializado Idealista, es reactivar la economía de la ciudad tras la pandemia de la covid-19. Este procedimiento de urgencia supondrá una reducción a la mitad de los plazos administrativos, tanto en lo que se refiere a la elaboración de informes como a periodos de exposición pública.
La decisión del Ayuntamiento de Marbella, conocido hace quince años por las corruptelas urbanísticas destapadas en el Caso Malaya, llega después de años de contención en la tramitación de licencias urbanísticas, según explican fuentes del sector. Una estrategia que ha provocado que su vecina Estepona haya desarrollado mucho más el sector en este tiempo. "Estepona ha sido muy ágil y en Marbella, por su problema urbanístico, han tardado muchísimo", explican, "es importante analizar la expansión que ha tenido en promociones Estepona en contraposición a Marbella por ese tema". Ahora, con la decisión del Consistorio marbellí, el foco de competencia para Alicante (para captar tanto inversores como compradores) se multiplica.
Mientras, en los principales destinos del turismo residencial de la Costa Blanca los plazos son muy diferentes. "En Alicante, Dénia, Xàbia, Orihuela, Torrevieja... tardan un año o más en conceder la licencia de obra", critican las citadas fuentes, a pesar de que por ley este plazo no debería superar un par de meses o tres, según ayuntamientos. Precisamente, el Consell aprobó en su último pleno un decreto que busca aligerar los plazos de tramitación, al permitir la colaboración de entidades externas (arquitectos, aparejadores, ingenieros...) que asuman parte de la carga de trabajo de la Administración. Sin embargo, su aplicación depende al final de cada consistorio, y el sector no las tiene todas consigo.
La Asociación de Promotores de Alicante (Provia) espera que se produzca la citada agilización a medio plazo, una vez aprobado el decreto del Consell para dar respuesta a una reivindicación histórica tanto de los promotores como de los colegios profesionales relacionados con el sector. Según confirman fuentes de la asociación, Provia tiene previsto llevar a cabo una ronda de reuniones telemáticas con los alcaldes de las principales ciudades de la provincia para abordar con ellos la implementación del decreto y dar salida así a licencias que en ocasiones pasan más de un año en los departamentos de urbanismo. En este sentido, según las mismas fuentes, el consistorio con el que están más adelantados estos contactos es el de la capital.
De hecho, fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante consultadas por Alicante Plaza precisaron que ya se están tramitando las primeras solicitudes de licencias por parte de empresas que han decidido acogerse al procedimiento previsto para proyectos prioritarios que se estableció para aquellas iniciativas que acreditasen la generación de puestos de trabajo en la ciudad. Se trata del mecanismo arbitrado a propuesta de la Concejalía de Urbanismo que dirige Adrián Santos Pérez (Cs), través de un acuerdo de Junta de Gobierno, aprobado el pasado 7 de abril, con el que se anticipaba parcialmente la entrada en vigor de la actualización de la ordenanza de concesión de licencias (en la que se prevé ese supuesto), con el fin de acelerar la reactivación de la economía frente al impacto ocasionado por la crisis sanitaria.
Entre esas propuestas figurarían las presentadas por algunas cadenas de supermercados que tratan de impulsar determinadas reformas en sus establecimientos o la registrada por el Grupo Marjal para convertir el antiguo edificio de Axa seguros en un coliving. Según las mismas fuentes, en estos momentos, los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local que coordina la edil Mari Carmen de España (PP) estaría analizando las peticiones para elevar el informe de evaluación en el que se debe determinar si, en efecto, cumplen los requisitos de generación de empleo delimitados como condición para que puedan considerarse proyectos prioritarios. Así, las primeras licencias concedidas a partir de ese nuevo instrumento de tramitación podrían aprobarse en cuestión de unas semanas.
Además, esa actualización de la ordenanza de concesión de licencias quedó aprobada de forma inicial en el pleno ordinario de abril, para agilizar la concesión de permisos a aquellos proyectos que aporten un valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, la conservación del patrimonio histórico; que supongan la generación de diez o más puestos de trabajo con contrato indefinido; que impliquen una inversión en activos fijos, excluyendo los inmobiliarios, de 600.000 euros; o que conlleven un presupuesto de ejecución material superior a un millón de euros. Es decir, supuestos a los que se daba cabida a través de la nueva legislación autonómica, la Ley 19/2018 de Aceleración a Proyectos Prioritarios, LAIP.
El acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza debe exponerse al público para la presentación de alegaciones en el momento en el que se levante la suspensión de plazos administrativos. Con todo, ya hubo un primer paso de recogida de aportaciones entre los sectores implicados, con lo que, según las mismas fuentes, no se prevé que vaya a registrarse un número significativo de peticiones de modificación.
