ALICANTE. La Asociación de Locales de Restauración y Ocio Nocturno (ALROA) han registrado en el Ayuntamiento de Alicante un escrito en el que se solicita una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, para analizar la sentencia que establece la aplicación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) y establecer de manera consensuada soluciones a la cuestión del ruido, ante la certeza de que no toda la responsabilidad se le puede imputar a las actividades legales, reguladas, inspeccionadas y controladas.
En el escrito presentado por registro oficial se expresa el interés del sector por fijar una “reunión urgente en ese sentido, y en la que consideramos imprescindible la presencia del Sr Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Sr. Barcala”, además de los técnicos que puedan colaborar en la propuesta de soluciones moduladas que sean útiles para la convivencia entre la actividad turística de los locales de ocio y restauración y los residentes en la zona.
Al mismo tiempo, las entidades profesionales del sector turístico del ocio nocturno y la restauración han solicitado al Ayuntamiento disponer de los informes técnicos que motivan la intención de reducir horarios de apertura y de extensión de la superficie de las terrazas. En concreto, y según se expresa en el escrito “a los efectos de ilustrarnos respecto a las cuestiones técnicas relativas a la anunciada ZAS, les requiero formal y expresamente, (…) me remitan urgentemente el informe técnico de la empresa que habría realizado las mediciones del nivel de ruidos en la calle Castaños, así como la identidad de la misma y el contrato suscrito entre ella y este Excmo Ayuntamiento, habida cuenta que no lo hemos podido localizar en el portal de trasparencia de este Organismo”.
Las empresas del sector han expresado en el mismo escrito que “estamos convencidos que un diálogo constructivo puede conducir a soluciones efectivas y beneficiosas para todos”. ALROA y el resto de entidades vinculadas a la restauración y ocio nocturno han alertado del impacto negativo de las medidas anunciadas por el Ayuntamiento puede poner en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo y puede avocar al cierre muchos de los establecimientos que soportan el grueso de su actividad en sus terrazas.