Los vecinos replican que el juzgado ya midió el ruido y exigen límites al bipartito de Alicante

ALICANTE. El auto del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante que vuelve a conminar al equipo de gobierno (PP y Cs) a acordar la declaración como Zona Acústica Saturada (ZAS) en el perímetro de vías que rodean la calle Castaños, al tiempo que avala el retraso en su puesta en marcha como consecuencia de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria del coronavirus, no ha dejado indiferente a la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional: el colectivo que inició el procedimiento para reclamar esa ZAS a mediados de 2018. Portavoces del colectivo incidieron este jueves en que el ayuntamiento no puede escudarse en la necesidad de realizar nuevas mediciones acústicas sobre los negocios hosteleros situados en ese conjunto de calles, en la medida en que fue el propio juzgado el que encargó a un period independiente la evaluación de los registros captados por la red de sonómetros de titularidad municipal. 

Es decir, que, a su juicio, esas mediciones ya existen y están validadas por el propio juzgado. "El informe pericial se aportó al juzgado y en él se concluía que se superaban con creces los límites de emisiones acústicas por lo que cabía aplicar una ZAS", apuntaron.

Así, incidieron en que "no resulta necesario que se pierda el tiempo para realizar nuevas mediciones en el momento en el que se pueda retomar la normalidad en la actividad de la hostelería, porque las mediciones ya están y los resultados van a ser los mismos". En esta línea, recalcaron que el ayuntamiento "no puede tratar de seguir demorando la aplicación de la ZAS; lo que tiene que hacer es completar el expediente y aplicar los límites de horario y de concesión de licencias que implica esa declaración para proteger el derecho al descanso y a la salud de los residentes". 

Es más, señalaron que "de igual modo que sucede con las restricciones que se están aplicando con motivo de la pandemia, aquí también se trata de garantizar la protección de la salud, porque el ruido que genera la concentración de locales y de público provoca problemas de insomnio y estrés, que también son enfermedades", insistieron. 

"Lo que no puede ser es que en un procedimiento que gira en torno a la protección de derechos fundamentales, y que debería resolverse en cuestión de días, estemos ya más de dos años sin que se haya conseguido que se cumpla lo que se concluye en la sentencia", abundaron. "Y no entendemos por qué no se ha hecho nada desde que se dictó, en noviembre de 2019, y el inicio de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria, en marzo de 2020", concluyeron.

De ahí que justificasen la petición cursada ante el juzgado -ya desestimada- para que se impongan multas coercitivas a los responsables de que "no se haya ejecutado la sentencia". Como ha informado este diario, el juzgado sí da por válida el escrito de alegaciones facilitado por el ayuntamiento respecto a los trámites de recopilación de información que se han realizado hasta ahora y considera fundado que no se haya elaborado mediciones acústicas en un contexto marcado por las restricciones para el funcionamiento de los negocios hosteleros.