Los veladores de los locales de hostelería situados en el entorno de Castaños.ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en el conflicto del ruido. Cerca de dos años después de que el Juzgado de lo Contencioso número 4 fallase a favor de los vecinos del Centro Tradicional y conminase al Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) para el cuadrante situado en torno a la calle Castaños, la propia asociación de residentes ha decidido acudir a la Fiscalía para denunciar el incumplimiento de esa sentencia por parte del equipo de gobierno.
No solo eso. En su escrito de denuncia, registrado este miércoles, los residentes van un paso más allá al asegurar que, lejos de aplicar limitaciones a la proliferación del ruido, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha promovido que se amplifiquen las molestias al conceder más autorizaciones para situar veladores en la vía pública. En concreto, en el escrito subrayan que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, "el Ayuntamiento ha dado permiso para la ampliación de las terrazas de los bares y restaurantes del centro tradicional de Alicante, permitiendo invadir ya no solo los laterales de las calles, sino prácticamente la totalidad de las calles peatonales, y las que no son peatonales se han llenado de terrazas incluso en sus calzadas (zonas de aparcamiento)".
La denuncia añade que "la mayoría" de esas terrazas "sobrepasan las fachadas de los propios bares", lo que iría en contra de la ordenanza de ocupación de vía pública, "dejando un espacio muy reducido para el tránsito de peatones". Por si fuera poco, el escrito incide en que "de manera inexplicable, durante la pandemia se han incrementado el número de concesiones de licencias de locales de copas y de restauración, aunque en realidad, respecto de estos últimos, la venta de bebidas es su actividad principal". Así, los residentes subrayan que "la gran concentración de personas que generan todas estas nuevas terrazas, añadidas a las que ya existían, están ocasionando una contaminación acústica insoportable para los vecinos, la cual les impide el descanso y una adecuada convivencia familiar en sus viviendas, ya que se crea un alto grado de ansiedad y malestar en los convivientes".
La denuncia abunda en que los hechos objeto de su queja "han sido denunciados reiteradamente al Ayuntamiento de Alicante tanto en la persona de su alcalde Luis Barcala Sierra, como al concejal de Ocupación de la Vía Pública, Manolo Jiménez Ortiz, y al concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar Sola, sin que hasta la fecha se haya realizado ni una sola medida correctora".
A esa relación de circunstancias, agregan también que "con estas grandes concentraciones de personas en terrazas y en los laterales de las mismas, se produce una alta inseguridad". Y a todo ello, añaden "la gran cantidad de residuos que se genera, que originan olor y atraen animales a las puerta de los vecinos, sin poder olvidar a las personas que no tienen ningún civismo y miccionan en los portales".
Acto seguido, la asociación expone a la Fiscalía el recorrido que ha hasta el momento ha tenido sus reclamaciones, desde la sentencia a su favor por vulneración de derechos fundamentales, con fecha de 14 de noviembre de 2019, hasta el auto de ejecución de esa sentencia, acordado el 20 de noviembre de 2020, por el que se apremia al equipo de gobierno a declarar la ZAS y a aplicar restricciones, al margen de que la sentencia de primera instancia permaneciese pendiente de la resolución del recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y por hosteleros del entorno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Sin embargo, en la denuncia, los vecinos inciden en que, a su juicio, el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a ese fallo. Y rechazan que la respuesta facilitada por los Servicios Jurídicos municipales, como contestación al requerimiento formulado por el juzgado, suponga la aplicación real de esa sentencia. Como informó este diario, en esa respuesta, el Ayuntamiento aseguraba que, pese a las restricciones acordadas para la actividad hostelera como medidas preventivas frente a los contagios de la covid, se había avanzado en la ejecución de la sentencia con la elaboración de un censo de actividades. Además, también se adelantaba que se pretendía llevar a cabo una nueva campaña de mediciones acústicas en el momento en el que la hostelería recuperase su actividad habitual, sin limitaciones horarias. Se trata de unos controles que el Ayuntamiento habría activado a partir del mes de septiembre, como también informó este diario.
Sin embargo, los vecinos señalan en la denuncia que la sentencia no habla de elaborar nuevas mediciones. "El Juzgado ya ha expresado que se debe declarar la Zona Acústicamente Saturada en base a las miles de mediciones existentes y que constan en autos", en alusión a los informes periciales elaborados a partir de los registros captados por la red de sonómetros municipales instalados en el entorno del Centro, a instancias del acuerdo adoptado por la Junta de Distrito, a través de las inversiones promovidas por los residentes en el proceso de presupuestos participativos que se activó en el año 2016.
"No se puede entender como el Ayuntamiento de Alicante, consciente semana tras semana de lo que acontece en la zona, donde los medidores sonométricos instalados en la zona marcan una contaminación acústica de más de 75 Db, superando en algunos momentos el 100% los límites sonoros permitidos por su propia ordenanza, no tema medida alguna. Estos medidores se pueden visualizar por cualquier ciudadano, introduciéndose en la página web del Ayuntamiento, por lo que no cabe alegar desconocimiento, más teniendo en cuenta que las mediciones acústicas de la zona centro que visualizan los vecinos todos los fines de semana, se le han mandado por esta asociación a las concejalías responsables, alertándoles del grave problema que seguimos sufriendo los vecinos, y poniendo de manifiesto la inactividad y dejadez municipal", relata la denuncia.
Así, el escrito concluye que la respuesta facilitada por el Ayuntamiento al juzgado respecto a las medidas adoptadas tendentes a aplicar la ZAS constituyen, en realidad, un intento de justificar el incumplimiento de la sentencia. De hecho, la denuncia apunta "que el Ayuntamiento insiste en las campañas de medición y se escuda en la crisis sanitaria que sufrimos, ignorando que el mandato judicial es claro: establecer limitaciones y medidas en materia de sonido ambiental". Por todo ello, señala que "el Ayuntamiento de Alicante, a juicio de esta parte, de manera dolosa, ha ignorado el mandato judicial de establecer limitaciones y medidas en materia de sonido ambiental para respetar los derechos fundamentales vulnerados durante casi un año".
