Los altavoces instalados en uno de los 'racós' de Fogueres, en imagen de archivo.ALICANTE. El nuevo decreto municipal que establece un límite de 90 decibelios frente a la exención total a la música generada por barracas y racós durante les Fogueres no tranquiliza a la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional. El colectivo acaba de presentar un escrito de alegaciones frente a esa segunda resolución tras concluir que la nueva propuesta para el periodo comprendido entre el 20 y el 24 de junio también carece de respaldo legal.
En concreto, los residentes sostienen que la exención temporal a las emisiones de ruido que se ampara en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica solo es aplicable a "determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos". Así, recalcan que un "acto es una mascletà, un baile, una máquina abriendo una calle, pero no lo que se pretende amparar con el decreto".
En esta línea, argumentan que "un acto no son 5 días de actividad nocturna de las discotecas, instaladas en el espacio público del centro de la ciudad, cuya actividad lucrativa es favorecida por el Ayuntamiento, mediante la eliminación de los controles legales prefijados contra la contaminación acústica y poniendo en riesgo la salud de las personas".
Además, insisten en que el hecho de que se consienta la música de barracas y racós hasta alcanzar los 90 decibelios durante cinco noches consecutivas sí entraña "un riesgo grave contra la salud de las personas". También recalcan que la concesión de un horario excepcional para la emisión de ruidos debe realizarse mediante una "resolución motivada" y que esa es una circunstancia que no se cumpliría a través de la última resolución municipal conocida hasta ahora.
Y, por último, abundan en que el decreto "no ofrece ninguna garantía de que vaya a ser cumplido, al no especificar en ningún momento si los decibelios emitidos por las fuentes generadoras serán controlados por agentes de la autoridad especializados en hacer las mediciones acústicas o por algún otro medio municipal". Por si fuera poco, apostillan, ese límite de 90 decibelios que se marca en el segundo decreto, se justifica en la elaboración de la nueva ordenanza del ruido cuando todavía no está aprobada por el pleno del Ayuntamiento y, por lo tanto, carece de vigencia.
