Inicios de los trabajos en la parcela de la futura gasolinera. Foto: APORIHUELA. Los promotores de la construcción de la polémica gasolinera en el Camino Viejo de Callosa, en el término municipal de Orihuela, han solicitado que se modifique el canon que han de pagar como condición para obtener la licencia urbanística. Solicitan que de los 72.055 euros fijados desde un primer momento se rebaje hasta los 5.056 euros. Para ello se amparan en la modificación de la Ley 9/2019, en el artículo 204, punto 2.
Este proyecto viene de años atrás y ha precisado de una Declaración de Interés Comunitario. La parcela, de 7.933 m2 de los cuales 3.966 m2 son destinados a la actividad, está ubicada en suelo calificado como no urbanizable de regadíos tradicionales, comprendidos en el Paisaje de Relevancia Regional, Huerta de la Vega Baja del Segura y sometidos a riesgo de inundación, según el Plan sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat (PATRICOVA). Cuenta con el malestar de los vecinos de la zona dado que por la vía colindante circulan vehículos pesados. Este proyecto de estación de suministro de carburantes con área de servicios y restauración inició hace unos meses las obras de derribo de una pequeña vivienda de aperos y movimiento de tierras.
A principios de septiembre, el grupo municipal Cambiemos, denunciaba públicamente y trasladaba un escrito al área de Urbanismo, que los promotores habían solicitado el 1 de julio el fraccionamiento a 15 años del pago del canon de 72.065 euros. Carlos Bernabé, coportavoz del grupo, señalaba que "si el Gobierno de PP-C’s otorga ese fraccionamiento estará demostrando que apoya firmemente esta aberración urbanística y medioambiental". El ayuntamiento tiene la potestad, a petición de los promotores, de acceder a dicha solicitud o incluso aplazarlo.
En el mismo mes de julio los promotores remitieron otra petición al área de Urbanismo. Se amparan en la modificación del apartado segundo del artículo 204 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de la Comunitat Valenciana. Este apartado legisla sobre el canon de uso y aprovechamiento en las declaraciones de interés comunitario. El canon fijado se estableció años antes de que se modificara la legislación. Por esto solicitan que se les debe aplicar la normativa hoy vigente "al no haberse devengado el canon" y por tanto tampoco haberse liquidado.
Con esta argumentación solicitan que se aplique y calcule el canon atendiendo a la normativa vigente. Ésta indicaría que el importe sería de 5.056 euros, correspondiente al 2%, como indica la legislación, del coste de las obras de edificación y de implantación de los servicios, fijado para el proyecto de ejecución. Éste está valorado en 252.815 euros.
Señala también que si este escenario, es decir, la aplicación del vigente artículo en el que se amparan sugiere dudas, solicita que se suspenda la liquidación y sea trasladada por parte del Ayuntamiento al Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de la Dirección General de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana para que tramite una consulta sobre la aplicación de dicha legislación.
Cambiemos ha registrado una instancia dirigida al área de Urbanismo en la que solicitan que se les traslade una copia del justificante del pago del canon, o si se ha alcanzado un acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento. Añade que dicho trámite de atender al canon forma parte de las condiciones, entre otras, para el otorgamiento de la autorización de licencia ambiental.
