La concejala de Personal Lorena Zamorano, el alcalde Toni Francés, y el concejal de Seguridad, Jordi Martínez.ALCOY. La Audiencia Provincial de Alicante juzgará a los concejales de Alcoy Jordi Martínez y Lorena Zamorano, que además figuran en la lista electoral del PSPV-PSOE en los puestos dos y tres respectivamente, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Así lo ha estimado el juzgado de instrucción número dos de Alcoy, en un auto del 29 de abril, que ya decretó la apertura de juicio oral a Martínez y Zamorano y a otros tres acusados, pero que ahora indica que los cinco imputados deben ser juzgados por un jurado popular, y no por un tribunal convencional.
Los hechos sobre los que se basa la denuncia corresponden a los años 2012 y 2013. El sindicato Sipol denunció el pago de unas horas extraordinarias, por valor de 4.700 euros, a un agente de la Policía Local, entre julio de 2012 y noviembre de 2013. Además del concejal de Policía, Jordi Martínez, y de Personal, Lorena Zamorano, el sindicato denunció a un funcionario del ayuntamiento, al jefe de la Policía Local, José Luis Guerrero, que ejercía las funciones en comisión de servicio, y a un agente.
Según los hechos que figuran en la denuncia, "al agente en cuestión se le pagaron las horas extraordinarias sin estar ésta registradas en el sistema del control de horarios ni figurar como voluntario para su realización, como establece el protocolo de la Policía". Por ello, el juez llega a la conclusión que no han podido ser acreditadas las horas realizadas y cobradas por el investigado. Además, el pago de los 4.700 euros fue autorizado tanto por el jefe de la Policía Local del momento, José Luis Guerrero, como del jefe del departamento de Recursos Humanos. Y se extiende esa responsabilidad a los concejales de Seguridad y de Personal, Jordi Martínez y Lorena Zamorano, respectivamente, porque "debieron estar al corriente en la realización y cobro de las horas extraordinarias al no existir ningún tipo de garantía en el cómputo de la realización de esas horas".
Por todo ello, el juez considera que existen indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal a los cinco investigados: el agente, el jefe de la Polícía Local, el jefe del departamento de Recursos Humanos, y a los dos regidores.
Los cinco acusados presentaron alegaciones a la decisión de la apertura de juicio oral alegando que la realización o no de las horas extraordinarias era una cuestión administrativa, y no penal. Pero el fiscal les respondió que lo que debe dilucidar el juicio oral es el pago con cargo a las arcas públicas por horas no realizadas y, por lo tanto, sí que debe juzgarse, razón por la cual se posicionó contra el sobreseímiento. No obstante, contra la decisión judicial caber recurso de apelación.
El alcalde de Alcoy y candidato del PSPV a la reelección, Toni Francés, ha mostrado total respaldo a los regidores y demás investigados. Ha asegurado que las horas extraordinarias corresponden a dos años, que esas horas están acreditadas y que todos los informes técnicos para su pago fueron favorables.
