ALICANTE. Liberalizada la autopista AP-7, la provincia de Alicante mantendrá todavía dos autopistas con pago de peaje: la segunda circunvalación que rodea la comarca de L'Alacantí, aunque como anunció el Ministerio de Fomento, con descuentos y tramos gratis, mientras se construye la nueva caseta de cobro en El Campello, y la autopista Crevillent-Cartagena, que es gestionada por Ausur y cuya concesión vence el 2048.
Sin embargo, ambas tienen un escenario de futuro muy diferente. La autopista Alicante-Cartagena será la única de concesión privada y se prolongará hasta 2048, tal y como recordó este jueves la senadora socialista Ana Martínez. La adjudicación de la concesión tuvo lugar el 1 de diciembre de 1998 por parte del gobierno del PP, bajo la presidencia de José María Aznar, y con un periodo de concesión de 50 años; es decir, que todavía quedan 28 años de explotación.
Más difuso es el futuro de la gestión de la segunda circunvalación de Alicante. Construida y gestionada por Ciralsa (participada por ACS, Abertis y Globalvía), se trata de unas de las nueves autopistas rescatadas por el Gobierno de Mariano Rajoy después de entrar en quiebra en marzo de 2018. Desde entonces, están gestionadas por la empresa pública Seittsa, dependiente del Ministerio de Fomento.
En el caso de Alicante, Fomento rebajó con los peajes con el fin de aumentar su tráfico, algo que se ha conseguido en los últimos meses. El objetivo del Gobierno en funciones era que con los peajes sea viable su mantenimiento, pero ese plan expira 2022. Para esa fecha debe saberse, además, qué hace el Ejecutivo de turno con la infraestructura, pues en un principio, los planes pasan porque se vuelva a sacar a licitación su explotación, una vez saldada la deuda con la empresa Ciralsa. Esa deuda, según el juzgado de lo mercantil número seis de Madrid, que asumió el concurso de acreedores, es de 251 millones de euros.
Además del mantenimiento, con el establecimiento de los peajes blandos, también se deberían asumir unas mejoras en el firme de la vía en un tramo de libre acceso, entre el peaje Monforte y Elche, y que correspondían a Ciralsa, pero que ahora debe hacer frente el Gobierno. A partir de 2022, en función de lo que decida el Gobierno de turno, se despejará el futuro de la segunda circunvalación de Alicante: o reversión, o explotación por un operador privado.
La situación de la segunda circunvalación de Alicante es similar a la de autopista Cartagena-Vera (Almería), que estaba gestionada por Aucosta, concesionaria participada por Globalvía, Ploder y varias de las extintas cajas de ahorro, que también quebró con un pasivo de 510 millones. Se trata de las dos únicas autopistas en las que la fecha de su rescate por Fomento fue fijada por el juez que aprobó el plan de liquidación de sus concesionarias.