Imagen de archivo en el que Puig y el alcalde de Guardamar visitan las instalaciones de Clarios. Foto: APALICANTE. La fábrica de baterías para automoción Clarios Iberia SL (antigua Johnson Control) ubicada en Guardamar del Segura está más cerca de alcanzar los requisitos que le permitan ampliar su producción hasta los 10 millones de unidades -hasta ahora estaba en 7,5. Para llegar a ese escenario tiene que pasar por dos pasos imprescindibles para obtener la autorización definitiva y completa: audiencia previa y la firma del director de calidad y educación Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer.
El pasado lunes, la comisión permanente aprobó la Autorización Ambiental Integrada (AAI). De ahí partirá la propuesta de resolución y el siguiente paso significa trasladarlo a las partes implicadas, la empresa y Ecologistas en Acción y convocar una audiencia previa. En ella, los ecologistas tienen la opción de presentar alegaciones. Una vez resueltas éstas, o aclaradas, es entonces cuando se podrá certificar que la empresa dispone de los requisitos definitivos para avanzar en su propósito. Carlos Arribas, representante de Ecologistas en Acción, insiste en que hasta que no se produzca la audiencia previa no se puede afirmar que disponen de la Autorización Ambiental Integrada definitiva.
Hasta el momento, desde el colectivo señalan que no se les ha convocado todavía ni se les ha trasladado la propuesta de resolución. En función de cómo sea, explican, presentarán alegaciones o no. Ya lo hicieron en octubre de 2018 y en agosto de 2020 adjuntaron alegaciones adicionales ante la dirección general de calidad y educación ambiental donde de antemano solicitaban que éstas se incorporaran al expediente de referencia y sean tenidas en cuenta en la redacción de la resolución final. En ese momento presentaron nueve. En una de ellas señalaban que los valores límite de emisión del vertido de aguas residuales en el informe propuesta sobrepasan los valores límite de la ordenanza municpal de vertidos del Ayuntamiento. En otra de ellas esgrimían la "ausencia de cualquier información de Salud Pública sobre los impactos en la salud de las actividades proyectadas". Una de las mayores preocupaciones del colectivo se centraba en las emisiones de plomo que puede provocar este material empleado en la fabricación de las baterias en el entorno agrícola y en los trabajadores.
Durante unos meses el procedimiento quedó paralizado tras la presentación de las alegaciones. No es hasta el 6 de octubre cuando el Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación remite al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el documento de alegaciones presentadas durante el trámite de información pública adjuntando las alegaciones presentadas por la Federación “Ecologistes en Acció del País Valencià”. El 28 de enero ya de este año, se remite otro informe dirigido al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad en cuanto al cumplimiento de normativa europea de productos químicos. En ese informe se concluye que las sustancias y mezclas evaluadas cumplen con la normativa general de productos químicos en los aspectos referentes a la salud.
La Conselleria de Agricultura también ha dado el visto bueno para que la multinacional amplíe su producción. Cuando la empresa solicitó en octubre de 2018 dicho incremento, desde el organismo autonómico se le exigió que revisara la evaluación de impacto ambiental vigente desde 2006.
El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, se mostró muy satisfecho tras conocer que la comisión permanente había aprobado el pasado lunes la autorización ambiental integrada. "Va a consolidar empleo y traer nuevas inversiones" señalaba. Los últimos pasos para conseguirlo pasan por la apertura del plazo de diez días hábiles para que Ecologistas en Acción presenten alegaciones y se desarrolle la audiencia previa.
