GUARDAMAR. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha autorizado la solicitud de la multinacional Clarios Iberia SL (antigua Johnson Control) para ampliar la capacidad de producción de sus instalaciones para fabricar baterías para coches en Guardamar del Segura. Como ya publicara Alicante Plaza, la solicitud data del de 24 de octubre de 2018 y contempla la posibilidad de pasar de fabricar 7,5 millones de unidades de baterías a 10 millones y por eso se solicitó revisar la evaluación de impacto ambiental, vigente desde 2006.
Ese informe de autorización incluye algunas condiciones, como la necesidad de realizar una nueva auditoría acústica. Asimismo, cada cinco años, se deberá realizar una auditoría acústica, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación.
La instalación dispone de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para el vertido de aguas depuradas al Azarbe de la Rasga, próximo a la confluencia con el río. La empresa está obligada a facilitar muestras de esos vertidos la Confederación Hidrográfica, que deberán tener una periodicidad de al menos una muestra cada dos meses, hasta completar un total mínimo de seis muestras anuales. Otra de las condiciones que se le fija es que en el plazo máximo de 5 años, el promotor estudiará la posibilidad de evacuar las aguas residuales generadas en la industria a la EDAR de Guardamar del Segura, mediante conexión al colector que discurre a unos 300 metros al sureste del punto de vertido actual.
Clarios Iberia también está obligado a la permanente conservación y correcta explotación de las obras e instalaciones de depuración y evacuación de las aguas residuales depuradas. La CHS es la autoridad competente para emitir un informe vinculante que solicite la revocación esta autorización y/o modificar sus condiciones cuando se alteren las circunstancias que han motivado su otorgamiento.
En un principio, la solicitud cuenta con la autorización del área de Calidad Ambiental, pero los ecologistas discrepan de ella y reclaman que sus alegaciones, realizadas al inicio del trámite, sea incorporadas. Entre ellas, que se publique la Declaración de Impacto Ambienta favorable de 23 de enero de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, que dicen desconocer y que no se ha publicado en el DOGV, ni nos ha sido suministrada. Añade Ecologistas en Acción que no se dice nada de la alegación sobre la eficiencia de las baterías de plomo-ácido, pues la inspección no evalúa las repercusiones de las emisiones de plomo sobre la salud humana.
También cuestionan los ecologistas que se desconocen las medidas medidas correctoras y preventivas, después de una evaluación adecuada de la probabilidad y riesgo del suceso de un accidente grave. Y recuerdan que ls terrenos que ocupa la fábrica y aledaños están caracterizados como de Peligrosidad 2 por riesgo de inundación en el Patricova. "La Ley 9/2018 introdujo la necesidad de que el promotor incluyera un análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente", advierten los alegantes, quienes recuerdan que la sucesión de los episodios DANA (otoño 2019) y Gloria (enero 2020) en los meses pasados, pone en evidencia la vulnerabilidad de todo el espacio litoral e interior a los sucesos de grandes precipitaciones e inundaciones, especialmente en los aledaños del río Segura. La factoría de baterías en Guardamar del Segura ocupa una posición vulnerable por su proximidad a la desembocadura del cauce.
