ALICANTE. Los 400 afectados por las cuotas participativas de la CAM que están representados en el juicio contra la antigua cúpula de la caja no se resignan. A pesar de que el tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Ángela Murillo ha ceñido las cuotas que se encuentran concernidas por la sentencia (sea ésta en el sentido que sea) a las que se comercializaron entre marzo y julio de 2011, los cuotapartícipes asociados a la Plataforma CAM insisten en incluir todo el periodo de comercialización, desde que se emitieron en 2008.
El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, ha explicado a Alicante Plaza que su colectivo, representado en el proceso por el abogado murciano Diego de Ramón, ya ha presentado una protesta contra la decisión del tribunal, que se resolverá en la fase de sentencia (es decir, hasta el final del proceso no se sabrá el sentido de la decisión del tribunal), y prepara un recurso ante el Tribunal Supremo. La clave está en que la Audiencia Nacional dicte una sentencia condenatoria, según los abogados del colectivo: si es así, se abre la vía a que el Alto Tribunal ordene indemnizar a todos los cuotapartícipes, y no solo a los que compraron los títulos justo antes de la intervención de la caja.
Como ha contado este diario, la Audiencia ha asumido el criterio del fiscal, Luis Rodríguez, según el cual los acusados (ocho exdirectivos de la caja alicantina) deberían indemnizar a los afectados por las cuotas "en la cantidad que estime la Sala" al final de la vista, pero solo a aquellos que las compraron entre marzo y julio de 2011. El motivo que esgrime el fiscal es que fue en marzo cuando la CAM falseó las cuentas para declarar 65 millones de beneficios en lugar de 1.136 millones de pérdidas, de forma que solo debería indemnizarse a quienes compraron cuotas participativas con información falsa sobre el estado de la entidad.
Los letrados de los afectados lo ven de otro modo. A juicio de la estrategia legal de la Plataforma CAM, tan perjudicados son quienes compraron las cuotas en julio con información falsa, como quienes lo hicieron en 2008: el resultado es que todas las cuotas valen "cero" y no pueden recuperar su dinero por el desenlace que provocaron en la caja los gestores a los que se está juzgando. El colectivo acusa a los directivos de un delito societario del que son "tercero perjudicado". Es decir, las dos condiciones que necesitan para reclamar indemnización como acusación particular: que exista un contrato que los vincule a los acusados (en este caso, las compras de títulos) y que éstos sean hallados culpables de un delito societario.
De esta forma, los afectados están personados en el procedimiento como acción popular (es decir, un particular no afectado directamente por el presunto delito y que por tanto solo puede pedir penas de cárcel pero no dinero) y como acusación particular (un tercero perjudicado por el delito que se juzga, que tiene derecho a reclamación económica). Según los cálculos de Pena, los 400 afectados que forman parte de su colectivo reclaman unos 7,4 millones de euros, por lo que se retirarían del proceso si alcanzasen un acuerdo previo a la sentencia, o bien si en la pieza separada relativa a las cuotas participativas (que ya se ha archivado tres veces en otro juzgado de la Audiencia Nacional, el de la magistrada Carmen Lamela) se dictase una sentencia indemnizatoria.
Al margen de la Plataforma CAM, hay otros muchos afectados asociados a Adicae o a otros colectivos, aunque no forman parte de este proceso. Se calcula que en total hubo 55.000 afectados que invirtieron en la caja alicantina unos 285 millones de euros. La eventual sentencia condenatoria en el jucio contra la cúpula por la falsedad contable, no obstante, solo tendrá efectos para los personados. Por eso era crucial mantener en la causa a los cuotapartícipes, aún con la limitación temporal de la comercialización.
Falsedad contable
Como ha venido contando Alicante Plaza, la Audiencia Nacional juzga a ocho exdirectivos de la CAM por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011. La Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez, en calidad de autores. Para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, y para el ex director general de Recursos Vicente Soriano la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros. El fiscal no acusa al expresidente Modesto Crespo, para quien sí piden penas de cárcel varias acusaciones, como la Plataforma CAM (16 años) o el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que pide 9.
En la sesión de este martes, el auditor de KPMG encargado de revisar las cuentas de la CAM, Javier Muñoz, aseguró que los directivos de la caja le ocultaron información relativa a unos contratos de opciones sobre titulizaciones que, a juicio del fiscal, fue un mecanismo del que se valieron los ocho exdirectivos acusados para "incrementar ficticiamente" los beneficios de la CAM. Al aparentar que se transferían los riesgos a los inversores se dieron de baja en el balance los activos y se liberaron las provisiones constituidas, lo que permitió generar resultados positivos. La auditora supo de la existencia de los contratos de opciones cuando el Banco de España intervino la caja en julio de 2011, momento en que los inspectores llamaron a Muñoz y le enseñaron estos contratos que había entregado la cúpula de la CAM y que tanto el supervisor como el auditor desconocían hasta ese momento.
María Dolores Amorós, Roberto López Abad y Modesto Crespo, en el banquillo de los acusados. Foto: EFE
