ALICANTE. Los once municipios de la Vega Baja que se han adherido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) son Albatera, Algorfa, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal y San Miguel de Salinas. Son menos de la mitad de todos los pueblos de la comarca y su peso urbanístico de inicio de nueva vivienda en los últimos cuatro años ronda el 20% de toda la Vega Baja. Estas cifras corresponden a aquellas viviendas que han obtenido su licencia y visado correspondiente para iniciar nueva vivienda en la Vega Baja. La AVPT viene a supervisar la legalidad urbanística de todos aquellos municipios adheridos y tramitar la comisión de infracciones graves y muy graves en suelo no urbanizable.
En la Vega Baja, tanto en la franja litoral como en el interior se dan numerosas infracciones urbanísticas. De hecho, Orihuela cerró 2020 con la tramitación de 238 infracciones urbanísticas, más que la suma de todas las nuevas construcciones en ese año de los once municipios adheridos a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. En ese 2020, los últimos datos disponibles, el área de Urbanismo de Orihuela hizo efectiva la legalización de 42 obras. Orihuela durante muchos años ha sido el municipio de la provincia con mayor número de viviendas iniciadas por año. Con ello y pese a contar con un notable problema de atasco en la tramitación de las licencias dado el volumen de registro, finalmente ha declinado adherirse a la agencia.
Según los datos del Colegios Oficial de Aparejadores de Alicante, en 2021 en estos once municipios adheridos a la AVPT se iniciaron 364 nuevas viviendas, con su visado correspondiente. La cifra exacta es algo menor ya que los datos de Algorfa, Daya Nueva y Dolores se muestran de forma conjunta con Benejúzar, San Fulgencio y Almoradí, respectivamente. De este modo, tomando las cifras tal y como lo refleja el Colegio de Aparejadores, tienen un peso en la comarca del 23%, respecto a las 1.547 nuevas viviendas que se iniciaron en toda la Vega Baja en 2021. Esto desvela que más de las tres cuartas partes del peso urbanístico de la Vega Baja queda fuera de esta agencia cuyo fin es el de supervisar el respeto por la ordenación del territorio.
Es la cifra más alta de los últimos cuatro años. El año anterior, 2020, tuvo el efecto de la pandemia y además de tener la cifra absoluta mucho menor, el umbral creció exponencialmente entre quienes se han adherido a la agencia respecto a los que no. En ese año, de las 1.455 viviendas que se iniciaron en toda la Vega Baja, 186 fueron en suelo de estos once municipios adheridos, lo que significa un 12%. En 2019 las cifras no eran mucho mejores abarcando un 14% del total de la Vega Baja.
Para encontrar un peso urbanístico similar al de 2021 de estos once municipios hay que remontarse a 2018, cuando estos dieron visados para la construcción de 794 viviendas, más del doble. Atendiendo a las cifras de los últimos cuatros años, en la Vega Baja se han iniciado 9.403 nuevas viviendas, de ellas 1.766 en los municipios adheridos a la AVPT, lo que supone un 18,8%.
El acuerdo que fija la adhesión a la agencia tendrá una vigencia de 15 años con la opción de prórroga máxima de cuatro años. El Consell justificaba la creación de esta agencia como mecanismo para “protección del suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable […] con la inspección territorial, lo que evitará la irreversibilidad o consolidación de lo que pueda construir ilegalmente”. De este modo, asume la competencia en materia de protección de la legalidad urbanística sobre suelo no urbanizable.
Esta semana, la AVPT asumía oficialmente su competencia a nivel autonómico habiéndose adherido 217 municipios en toda la Comunitat. La sede se ha fijado en Elche, de forma provisional al menos durante tres años. Se espera contar con una plantilla a final de 2022 de 35 funcionarios distribuidos por las tres provincias con sus respectivos equipos de inspección.
