ELCHE. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) ha asumido oficialmente su competencia a nivel autonómico en materia de legalidad y disciplina urbanística, tal y como recoge este miércoles una resolución de la secretaria autonómica de Política Territorial y presidenta del organismo autónomo, Inmaculada Orozco. Asimismo, la entidad sigue sumando municipios de la Comunitat que le transfieren sendas competencias, llegando ahora a los 217.
En este sentido, desde el pasado mes de enero la AVPT ya ha empezado a trabajar en su sede ilicitana, en la calle Solars, en la que estará provisionalmente al menos durante tres años, con vistas a la futura adquisición de un inmueble en el que desarrollar su labor de vigilancia urbanística. A corto plazo, el objetivo es que a final de este 2022 la agencia cuente con una plantilla de 35 funcionarios distribuidos en las tres provincias con sus equipos de inspección. A largo es que solo esa cantidad se concentre en la ciudad ilicitana, en la que ya se ha instalado todo el 'staff' de dirección: tres jefaturas de servicio y cuatro de sección, que será el personal que tiene que asentar el organismo autónomo.
A día de hoy y desde el anuncio de creación de la Agència en 2019 se han adherido 217 municipios. Los que se quieran sumarse podrán delegar sus competencias propias en materia de protección de la legalidad urbanística sobre suelo no urbanizable mediante la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del acuerdo de adhesión a la misma. Asimismo, y como estaba previsto, con la aprobación de esta asunción de competencias la AVPT ya se puede encargar de la potestad de protección de la legalidad urbanística, sancionadora y de restablecimiento de la legalidad vigente. Ahora que se ha publicado en el DOGV, ya es la encargada de estos trámites de los más de 200 ayuntamientos adheridos.
Por ahora, hasta que no se publique en el correspondiente boletín la adhesión de un municipio, este seguirá ostentando estas competencias urbanísticas aunque haya aprobado trasladar esa responsabilidad a la Agència. Si hubieran incoado un expediente antes del acuerdo, serán los encargados de ejecutarlo. Así pues, con esta entrada oficial en funcionamiento, la AVPT asume las potestades autonómicas de protección de la legalidad urbanística respecto a infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, también de los municipios que no se han adherido a la Agència, con el carácter de competencia propia en concurrencia con la municipal. Como ya contó este medio, entre los retos previstos inmediatos, se tiene que elaborar el Plan Estratégico de Inspección, que supondrá geolocalizar irregularidades de municipios adheridos y el estudio de la posibilidad de legalizar cerca de 350.000 viviendas asentadas en toda la región mediante planes de minimización.