ELCHE. Finalmente la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) se ubicará, al menos de forma provisional, en la que ha sido la última sede de la ONCE, en el barrio del Salvador. Una opción que en la primera remesa de propuestas del Ayuntamiento no figuraba, aunque sí distintas propuestas de pequeñas oficinas en alquiler para que decidiera la conselleria de Política Territorial para el emplazamiento de la sede. Eso sí, por el momento desde la conselleria no apuntan si se acabará adquiriendo en propiedad el edificio; por ahora será un alquiler temporal.
El contrato ya está formalizado, aunque quedan algunos trámites pendientes para la puesta a punto. Eso sí, aunque se había barajado antes de final de año como límite para que empezara a operar, la previsión es que una parte del personal se instale el 3 de enero. Allí empezarán inicialmente el staff de dirección: gerente, secretaría general, 3 jefaturas de servicio y 4 jefaturas de sección.
Sobre el inmueble, había venido siendo hasta hace poco tiempo la sede de la ONCE. Justo enfrente se encuentra la principal propuesta de adquisición que había hecho el Consistorio a Política Territorial, aunque aún no hay nada decidido por la conselleria con respecto a la posible compra de algún inmueble. Sobre este caso (a la izquierda), en la misma calle Solars y enfrente de esta primera oficina, el inmueble estaba tasado en 1.555.000 euros, aunque se necesitaba intervención en los pilares para reforzarlos. Lo que a su vez podía suponer la rebaja el precio de venta a 1.075.000 euros.
En cuanto a los primeros objetivos fijados para 2022 sobre su actividad, uno de ellos es la redacción del Plan de Inspección, ya que la tarea fundamental de la agencia es la disciplina urbanística, lo que supone desde la prevención de ilegalidades en suelo no urbanizable, hasta las sanciones o planes de minimización, la alternativa de la Lotup para legalizar construcciones en este tipo de suelo. Derivado de ese Plan de Inspección, y de acuerdo al fomento de la minimización del impacto territorial, ambiental y paisajístico de las viviendas surgidas ilegalmente, se van a geolocalizar las actuaciones urbanísticas de los 183 municipios adheridos hasta la fecha que puedan ser objeto de minimización de su impacto, tanto en suelo rural de la Comunitat, como de las que son posteriores al 20 de agosto de 2014. En este sentido, según el estudio previo realizado previamente por Política Territorial, son en torno a 350.000 las viviendas en esta situación en todo el territorio valenciano.
De cara al inicio de procedimientos de protección de la legalidad urbanística con respecto a las infracciones realizadas, en 2022, se prevé la ejecución de forma voluntaria de una decena de viviendas y de seis de forma forzosa. También se revisarán 25 licencias urbanísticas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos expedientes ya están instruidos, por lo que son previos a la formalización de la Agencia.
