Llevan a Transparencia al Ayuntamiento de Benidorm tras negar información sobre los comercios

BENIDORM. Un vecino de Benidorm, vinculado a Podemos, ha llevado al Ayuntamiento de Benidorm al Consell de Transparencia después de que el Consistorio le haya denegado la solicitud de información pedida mediante el registro general. En él solicitaba que se le diera una relación de nombres de comercios junto a las posibles irregularidades que existieran en las licencias de apertura de los mismos.

Esta petición se registró el 22 de marzo, pero mes y medio después, el 7 de mayo, el Consistorio resolvió la solicitud denegando el acceso a dicha información. 

Según explica en el escrito remitido al Consell, no está de acuerdo con los motivos dados por parte de la administración pública: "que algunos expedientes están en trámite, que se trata de una información incluida en un fichero de la Agencia Española de Protección de Datos, e incluso creo llegar a entender que uno de los razonamientos es que la divulgación de esa información puede afectar al derecho al honor de los propietarios de los establecimientos".

El vecino de Benidorm alega en su favor que en 2015 ya hizo la misma petición pero sobre los hoteles con el mismo resultado. No obstante, el Consell de Transparencia ya le dio la razón y terminaron remitiéndole dicha información.

En el decreto por el cual se le deniega dicha información incluso corrigen la percepción de irregular que tiene el demandante, ya que indican que si está la licencia en trámite, no significa que sea irregular dicha apertura. Estos expedientes por tanto están en continuos cambios, según señalan.

Por ello concluyen que no existe interés que justifique la publicidad de estos datos. Hay que tener en cuenta que cuando le entregaron la información sobre los hoteles, muchos de ellos aparecían como licencias en trámite que un año después el Ayuntamiento confirman que todo está legal.

Éste mismo vecino es el que denunció en el mismo lugar que no conseguía el expediente de la estación de autobuses adjudicada a una empresa de Enrique Ortiz, algo que finalmente se derivó en la primera sanción a un ayuntamiento por parte de este organismo de la Generalitat Valenciana.