El alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Ayuntamiento aún está estudiando quién es el culpable de que no se le facilitara la información pedida, y a la que tiene derecho, un ciudadano de Benidorm. El 21 de septiembre de 2017, el Consejo de Transparencia, ente independiente pero vinculado al Consell, fue tajante en su acuerdo: el Consistorio tenía que ser sancionado. Para ello, estaba obligado a abrir un expediente en el que a través de una investigación interna, sancionarían al responsable. De eso hace más de tres meses y aún no se sabe nada.
El problema está en que el Consejo de Transparencia no impone ningún plazo para resolverlo, tal y como reconocieron fuentes del Consell a Alicante Plaza. Asimismo, indicaron que el Ayuntamiento les había asegurado que ya estaban estudiando cómo será la sanción, algo que corroboraron fuentes municipales.
Es decir, tres meses después, el Consistorio no sabe quién es el responsable. El Consejo tiene poca experiencia en estos casos, sino nula, ya que tal y como indicaron, es la primera vez que se le impone una sanción a un ayuntamiento, tal y como apuntaba durante el pasado pleno el portavoz del PSOE en Benidorm, Rubén Martínez.
Hay que tener en cuenta que la decisión la toman "por la posible comisión de faltas graves o muy graves". Los hechos se remontan al 2015, tras la solicitud de un particular que de manera formal pidió el informe de valoración de los arquitectos técnicos municipales sobre el proyecto de legalización del exceso de obra presentado el 21 de febrero de 2008 por el empresario alicantino Enrique Ortiz, tal y como recoge el informe de Transparencia.
El Consejo tuvo nula respuesta en las dos ocasiones en las que requirió información al Ayuntamiento, según consta en el expediente. No fue hasta el 2 de marzo de 2017, "en muy tardía respuesta", según considera el Consejo, cuando el Consistorio contesta con alegaciones en las que remite además la información que pide el vecino de Benidorm.
Pero la respuesta por parte del ayuntamiento al denunciante fue entregarle un documento con una sola página. Algo que según dicen desde el Consejo, no se corresponde con lo facilitado a ellos mismos, y por lo tanto, no se estaba dando cumplimiento a esta resolución. El 1 de junio recibió el consistorio el escrito de Transparencia que les instaba a cumplir con la resolución, avisándoles que en caso de no hacerlo, se estarían enfrentando a una infracción "muy grave". A partir de ahí, tenían 15 días para cumplirla, pero a 29 de septiembre constataron que aún no se había efectuado.
Finalmente, consideran que no es un hecho "aislado", además de poner énfasis en que no se les respondió cuando se les requirió en abril de 2016, y no fue hasta el recordatorio cuando dieron solución. Y a continuación, resalta que tardaron seis meses en contestar y lo hicieron "de forma lacónica si no incompleta".
