La huelga indefinida que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha bloqueado los juzgados españoles. Según los convocantes, se han suspendido ya más 300.000 juicios y hay más de 10.000 millones de euros paralizados. Este dinero debería estar ya circulando en la sociedad, pero los antiguos Secretarios Judiciales no firman las ejecuciones.
Los letrados piden que se aumente su salario y esgrimen como argumento una antigua promesa del Ministerio de Justicia que data del momento en que se adecuaron sus funciones. Sin embargo, hay quien ve en algunas de esas funciones un anacronismo. Por ejemplo, dan fe de que la grabación de un juicio se ha producido efectivamente sin que necesariamente hayan estado presentes en la vista ni hayan visionado la grabación.
Para analizar esta situación, hablamos con la delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, Carmen Ramos; la decana del Consejo de Procuradores de la Comunitat Valenciana, Carmen Rubio; y el magistrado Luis Rodríguez Vega.
