Alrededor de 26.000 empresas tienen desde esta semana la obligación de implementar un sistema interno de gestión y protección de denuncias. Con la entrada en vigor de la ley que regula la protección de las personas que informen de infracciones, las compañías de más de 50 trabajadores se ven obligadas a contar con un canal para que sus empleados puedan poner en conocimiento desde situaciones de acoso laboral a prácticas relacionadas con delitos de corrupción, blanqueo de capitales hasta conductas que contravengan las políticas y el código ético de la organización.
Las denuncias podrán realizarse de forma confidencial y las empresas tendrán la obligación de proteger a los denunciantes para que no sufran ningún tipo de represalias. De lo contrario, se expondrán a sanciones que pueden alcanzar un millón de euros.
El objetivo es proteger a aquellos que se exponen para denunciar prácticas oscuras, pero ¿convierte de facto esta ley en un policía a cada trabajador?, ¿puede generar disfunciones su aplicación?, ¿están preparadas las pymes para afrontar la nueva situación?
Para abordar esta cuestión contamos con Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Francisco Vidal, director de economía y políticas sectoriales en Cepyme.
